We condemn the attacks against Antonia Teodora Hernandez Cinto - San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.

Montana Company of Guatemala, a subsidiary of the Canadian company Goldcorp, started its mining operations in 2005 in the mountainous region of San Marcos in western Guatemala. The mine is located in a populated area. Only a few meters from the mining project lies the community of San Miguel Ixtahuacán. Since the beginning, mining operations have been conducted without the support of indigenous communities that inhabit the territory, violating their right to free, prior and informed consent, as protected by international laws in regard to projects in indigenous territories.

Direct activities of the mining company, such as detonations, as well as indirect activities such as the passage of about 40 trucks per day, have caused negative impacts on the environment and health of people.

When the project began, the inhabitants of the area were pressured to sell their land since the company came with the permission of the Ministry of Energy and Mines (MEM) to start operating. Since 2005, the affected communities have denounced the violations of their rights, impacts on health and pollution of water sources. In community consultations that have been done in different villages of Sipacapa, most people have shown their rejection of mining activities, and proposed sustainable development projects.

Social movements of resistance against human rights violations committed by the Montana Company have also emerged and it is a real concern that both community leaders and human rights defenders have been victims of threats and harassment.

Through this letter (model lettre below), you can denounce specifically the attacks received by Mrs. Teodora Antonia Hernandez Cinto because of her opposition to the mining project, request the authorities of Guatemala to take measures to protect the lives of members of affected communities and support the delivery of the Inter-American Court of Human Rights, who issued precautionary measures for the Guatemalan government on May 20 2010, asking for the suspension of operations at Marlin mine due to water pollution and negative health impacts.

In the PDF file posted on this page you can view the letter the CDHAL sent to the Guatemalan authorities on July 20th, 2010.
 

*** Model lettre to send ***
 

Estimados señores(as):

Por medio de la presente quiero expresar mi indignación por los hechos ocurridos en San Miguel Ixtahuacan, en donde fue agredida la señora Antonia Hernández Cinto a causa de su oposición al proyecto minero.

Hechos

De acuerdo a la información de la que dispongo hasta el momento, difundida por el CDHAL (Comité por los derechos humanos en América Latina) el pasado miércoles 7 de julio del presente año, alrededor de las 7:30 de la noche, en el caserío San José Nueva Esperanza, de la aldea Maquivil, en San Miguel Ixtahuacán, fue baleada la señora Teodora Antonia Hernández Cinto. Dos hombres desconocidos se presentaron en su casa pidiendo posada. Ante la negativa, quisieron comprarle una taza de café. Cuando doña Teodora les iba a entregar el café, le dispararon en la cabeza, más específicamente en el ojo derecho, herida que provocó una considerable pérdida de sangre. Luego de agredirla, los dos hombres se fueron corriendo en dirección de la aldea San José Ixcaniche. Doña Teodora fue trasladada al centro de salud de San Miguel Ixtahuacán, antes de ser trasladada al Hospital de San Marcos y luego al Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala, para una operación. Por ahora, no es posible conocer las consecuencias derivadas del disparo.
Otro hecho que vale la pena mencionar es que ese mismo día, aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando las personas que habían llegado en solidaridad con la señora Teodora regresaron a su comunidad de Ágel, escucharon dos disparos de arma automática a unos 50 metros de sus casas.

Antecedentes

La señora Teodora Antonia Hernández Cinto es parte del movimiento de resistencia contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp Inc., empresa canadiense, que explota el proyecto minero Marlin. Ha estado involucrada específicamente en su aldea de Sacmuj donde la empresa Goldcorp Inc. tiene fuertes intereses de exploración y los pobladores temen impactos en sus manantiales de agua, así como la violación a su derecho al consentimiento. Ha sido amenazada varias veces por su participación en este movimiento.
Desde el 2005, diferentes comunidades indígenas afectadas por la mina Marlin han denunciado las violaciones a sus derechos, impactos sobre su salud, la contaminación de las fuentes de agua y la disminución de sus libertades individuales. Un ejemplo de ello es la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, tal como está protegido por leyes internacionales con respeto a proyectos desarrollados en territorios indígenas.
Se suman a estos graves hechos, el aumento de las amenazas y hostigamientos que los miembros del Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) y otros defensores de derechos humanos han reportado desde la decisión del Estado de suspender las actividades de Marlin. Temen represalias de los trabajadores de la mina y de la empresa.

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El 20 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares para el gobierno guatemalteco, pidiéndole suspender las operaciones de la mina Marlin, por contaminación del agua y efectos sobre la salud. También pide tomar medidas para proteger las vidas de los miembros de las comunidades afectadas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Por su parte, el 23 de junio, el gobierno del presidente Colom anunció que acataría con las medidas y suspendería las operaciones mineras hasta que la CIDH falle sobre la denuncia hecha por las comunidades.

Demandas

Por lo anterior demando al Gobierno Nacional respuestas inmediatas frente a la reiterada violación a los derechos humanos y en particular sobre los lamentables hechos descritos en esta carta. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, les urgo:

• Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las agresiones recibidas por Teodora Antonia Hernández, conforme a la denuncia presentada ante el Ministerio Público de San Marcos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

• Dictar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de las diferentes aldeas de San Miguel Ixtahuacán, así como de los defensores y organizaciones aliados al movimiento en contra de la explotación minera;

• Cumplir de forma completa las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en los términos del artículo 25 de su Reglamento con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de las Comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos.

• Cumplir con lo estipulado en relación a la manera en la que debe hacerse la explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas, en donde el Estado debe proteger su integridad social, cultural y económica, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el país en diferentes tratados internacionales;

• Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2)

* * * * *
De igual manera, espero que las delegaciones de la Procuraduría de los derechos humanos (PDH) y de la Comisión Presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de Derechos humanos (COPREDEH) en el departamento de San Marcos, realicen y cumplan su función respectiva en base a los derechos del ciudadano, conforme a la ley vigente en el país, y de seguimiento a los casos que afectan a los defensores de derechos humanos.
Quedo pendiente de su respuesta escrita confirmando las medidas tomadas por el Estado de Guatemala frente a esta denuncia.

Atentamente,

WRITE YOUR NAME HERE

 *** Send to:

Lic. Álvaro Colom
Presidente de la República
cartapresidente@scspr.gob.gt

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos
gmasariegos@pdh.org.gt
opdhg@intelnet.net.gt

Lic. María Encarnación Mejía de Contreras
Fiscal General de la República
fiscalgeneral@mp.lex.gob.gt

MSc. Ruth del Valle
Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos - COPREDEH
copredeh@copredeh.gob.gt

Fiscalía Distrital de San Marcos
fdsanmarcos@mp.gob.gt

Lic. Rudy Castillo Ramírez
Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos
rudito4827@yahoo.es
ylooz1@yahoo.com
 

 *** Copie to:

Corte Interamericana de Derechos humanos
corteidh@corteidh.or.cr

Sr. Federico Urruela
Cónsul General de Guatemala en Montreal
consmontreal@minex.ob.gt

Sr. Georges de La Roche
Embajador de Guatemala En Canadá
embassy1@embaguate-canada.com

Rights Action
info@rightsaction.org

Comité pour les droits humains en Amérique Latine
solidared@cdhal.org
 

Fichier: 

Lettre envoyée par le CDHAL