Ataques en contra del Padre Alberto Franco de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – Colombia

 Señores(as):

Me dirijo a ustedes ya que me encuentro bastante preocupado(a) por la información que he recibido sobre los nuevos actos de hostigamiento e intimidación en contra del Padre Alberto Franco, (Secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – CIJP), luego de dar declaraciones a medios de información sobre los obstáculos y mecanismos inconfesables, no sancionados de funcionarios del gobierno de Uribe y de su círculo cercano que imposibilitan una actuación en derecho para la devolución de predios colectivos en Curvaradó y Jiguamiandó.

· Según la información recibida, el 13 de febrero de 2013, a las 7:50 a.m. el vidrio panorámico del vehículo con el que se desplaza el Padre Alberto Franco fue impactado con tres balines de pistola mientras el esquema de seguridad del Sacerdote realizaba actividades de inspección en el entorno de su domicilio.

· Según la misma información, el Padre Alberto Franco está siendo objeto de seguimiento e intimidaciones desde el pasado 4 de febrero de 2013 cuando realizó unas declaraciones en medios de comunicación sobre el papel fraudulento de varios funcionarios del Gobierno del ex-Presidente Álvaro Uribe que imposibilitaron una actuación en derecho respecto a la devolución de predios colectivos en Curbaradó y Jiguamiandó.

· De hecho, según varios testigos, el 11 de febrero de 2013 alrededor de las 7:30 a.m., dos hombres se encontraban vigilando al Padre Alberto Franco cuando salía de su domicilio desde un vehículo Mazda Cupe 323 gris oscuro de placas BAV 758 con el cual huyeron al ser descubiertos en sus actividades de seguimiento y vigilancia.

· A estos sucesos se une el hecho de que a principios del mes de febrero de 2013 se presentó una comunicación ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de parte de la Corporación Medio y Bajo Atrato, asociación de desplazads, acusando a la CIJP y a ls defensores de derechos humanos integrantes de la misma de estar vinculados y representar los intereses de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en diversos fraudes procesales.

· Es necesario mencionar que los hechos de hostigamiento e intimidación acontecidos contra el Padre Alberto Franco, al igual que la comunicación difamatoria presentada ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se enmarcan dentro de la incesante dinámica de difamaciones, intimidaciones, hostigamientos, seguimientos y agresiones que viene realizándose desde el 2009 contra la CIJP y lo(a)s defensore(a)s de derechos humanos que la integran, por su trabajo en defensa de los derechos humanos y particularmente por su acompañamiento en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó.

· Desde abril de 2012, después de haber denunciado la muerte de Manuel Ruiz y de su hijo y la falta de protección por parte de la Fuerza Pública, la CIJP ha enfrentado una situación de riesgo cada día más preocupante. En mayo fueron víctimas de seguimiento, de vigilancia de su oficina y recibieron una amenaza en uno de los teléfonos móviles otorgados por el Ministerio de Interior. Concretamente, la CIJP denunció cinco incidentes de presunta vigilancia a la sede de la organización en Bogotá y seguimientos a los Sres. Alberto Franco y Danilo Rueda, así como un registro filmográfico de la vivienda del Sr. Danilo Rueda el 19 de mayo de 2012.

· Por otro lado, no ha cesado la dinámica de difamaciones que viene presentándose desde el 2009 contra la CIJP. Durante este año se dieron varias intervenciones en medios de comunicación colombianos en los que acusaron a la CIJP de amenazar a la población negra y ser responsables de varios asesinatos, como los de Graciano Blandón y Manual Moya en 2009 y de tener la capacidad de ordenar asesinatos en la Cuenca.

· Más recientemente, el 10 de noviembre de 2012, dos hombres estuvieron vigilando la sede de la CIJP en Bogotá desde un vehículo estacionado frente a las instalaciones de la organización. Agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar y verificaron la identidad de los sujetos que se encontraban en el vehículo. Uno de ellos presentó identificación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

· El 9 de noviembre de 2012, a partir de las 6:10 am, un hombre joven estuvo observando la residencia del Sr. Abilio Peña durante aproximadamente 30 minutos manteniendo comunicación constante mediante un teléfono celular.

· El 27 de octubre de 2012, aproximadamente a las 9:30 am, el Sr. Danilo Rueda recibió una llamada a su teléfono fijo en la que se escuchaba una conversación sobre el conflicto armado y los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC así como sobre los eventuales acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Anteriormente ya se había señalado al Sr. Danilo Rueda como cómplice de las FARC y acusado por fraude procesal internacional por engaño al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

· El mismo día, la familia del Sr. Fabio Ariza, integrante de la CIJP, recibió ocho llamadas telefónicas a su residencia, en las que una persona que se negó a identificarse preguntó de manera insistente por la ubicación del Sr. Fabio Ariza para “tratar ciertos asuntos”.

· Durante el mes de octubre de 2012, la CIJP reportó la vigilancia de la residencia del Sr. Alberto Franco, así como el seguimiento del Sr. Danilo Rueda cuando se dirigía a la sede de la organización donde se realizaría una reunión sobre las estrategias de memoria.

· Asimismo, el 19 de octubre, el Sr. Edwin Mosquera, mientras esperaba la llegada de algunos testigos en el caso de Marino López y la Operación Génesis; caso que actualmente lleva la CIJP en contra del Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue abordado en el puerto de Turbo por un hombre, acompañado de dos personas, quien le expresó lo siguiente: “Yo sé qué andan haciendo, (…), yo soy para, de las Autodefensas Unidas de Colombia”, y agregó “ustedes andan tranquilos”.

Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Padre Alberto Franco y de lo(a) s demás integrantes de la CIJP.

Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos ocurridos y aqui mencionados, con el fin de identificar a lo(a)s responsables, llevarlo(a)s ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.

Velar por que se ponga fin a todo tipo de seguimiento, agresión, difamación e intimidación en contra del padre Alberto Franco, de los miembros de la CIJP y de manera más general en contra de todo(a) s lo(a)s defensore(a)s de derechos humanos en Colombia;

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

Adicionalmente, solicito respuesta por escrito a las siguientes preguntas que hace la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz:

1. ¿En relación al ataque del que fue víctima el sacerdote y defensor de derechos humanos de la Comisión, qué inspección de balística se ha adelantado para determinar el ángulo, distancia de los disparos, tipo de arma y de más pruebas pertinentes que permitan conducir al esclarecimiento del hecho?

2. ¿Qué inspección se ha realizado para analizar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que hay en el sector?

3. En la Constancia y Censura radicada en su despacho con numero E-COO 025-2013 en el numeral 8 del derecho de petición, la Comisión solicita se abriera investigación de manera expedita a cada uno y cada una de los integrantes de la CIJP, a fin de que esclarezca las imputaciones y afirmaciones expresadas por la organización ASODESMA sobre su relación con las FARC, su operación en concierto para delinquir y planear asesinatos, ¿la Fiscalía General de la Nación expidió ya la orden de apertura de investigación? ¿Qué adelantos existen? ¿Por qué razón no se les ha citado a declarar ante tan cúmulo de imputaciones, falsas, pero imputaciones de conductas contra el código penal?

4. ¿Respecto a los seguimientos e intimidaciones que continúan desarrollándose en contra de lo(a)s defensore(a)s de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, cuál es el estado de las investigaciones?

5. En relación con la investigación en contra del general RITO ALEJO DEL RÍO y de FERNANDO LONDOÑO HOYOS por motivar e inducir en falsedad procesal, en hechos conocidos por ustedes desde el 2008 ¿Cuál es el estado de la investigación?

Agradecería recibir por escrito una lista de las acciones que se emprenderán, así como respuesta a las preguntas anteriores.