Nous dénonçons la détention de Julián Andrés Gil Reyes le 6 juin dernier. Nous vous invitons à envoyer en ligne vos lettres aux autorités colombiennes.
La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), composée de différents collectifs de solidarité internationaliste d’Europe, du Canada et d’Amérique latine, travaille depuis plus de vingt ans avec des organisations sociales colombiennes dont le Congrès des Peuples. Nous connaissons Julián car il accomplit un important travail organisationnel au sein de la Commission internationale du Congrès. Il assume également le mandat de secrétaire technique du Congrès des Peuples. Puisque nous collaborons avec lui de manière étroite depuis plusieurs années, nous sommes en mesure de défendre, avec certitude, son honorabilité, son honnêteté et son intégrité. Il est pour nous un excellent compagnon tant sur le plan professionnel que personnel.
Le juge á décreté la détention preventive le 8 juin, l’assignant ainsi à la prison jusqu’à la tenue de son procès, lequel pourrait ne pas avoir lieu avant deux ans. Julian est accusé d’appartenir à la guérilla de l’ELN. Or, cette accusation se base uniquement sur le témoignage d’un démobilisé qui obtient des bénéfices juridiques et économiques en échange de cette déclaration. La pratique de détention préventive privera Julian de sa liberté pour plusieurs mois en attendant qu’il soit probablement innocenté pour faute de preuve.
Les organisations membres de la RedHer demadent que lui soient octroyées toutes les garanties prévues par le système juridique et constitutionnel colombien de manière à ce que ses droits soient pleinement respectés.
Nous souhaitons également exprimer toute notre solidarité et notre affection à Julián et à sa famille.
Loin d’être un cas isolée, cette détention injuste a lieu alors que le mouvement social de Colombie est victime de criminalisation et de persécution systématique . Malheureusement, aujourd’hui nous devons rajouter le nom de Julián à la liste des 13 leaders du Sud de Bolivar de l’année passée laquelle est allongée par les noms des 33 leaders du sud-ouest du pays, si l’on ne cite que les cas plus récents en taisant ceux des autres régions comme le Casanare ou le Cesar. De plus le 14 juin une menace publique signée par le groupe paramilitaries Autodefense Gaitainiste de Colombie circulait contre une vingtaine de membre actifs du mouvement social colombien incluant le porte parole du Congrés des peuples et membre du comité executif du syndicat de la CUT Edgar Mojica. Nous resterons vigilants concernant le cas de Julián et prêts à nous mobiliser pour sa libération prochaine.
MODELE DE LETTRE
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Teléfono : 5662071, Fax : (+57 1) 566.20.71
Correo : comunicacionesvp@presidencia.gov.co
Dirección : Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño — Bogotá
GILLERMO RIVERA
Ministerio del Interior
Teléfono : (571) 2427400 Ext. 1200 – 1203.
Correo: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscalia General de la Nación
Teléfono : 570 20 00 – 414 90 00
Correo : contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
Dirección : Diagonal 22 B No. 52-01. Bogotá, D.C.
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensoria del Pueblo
Telefono : (1) 314 40 00 Exts : 2315 – 2316
Correo : defensoria@defensoria.org.co
Dirrección : Carrera 9 No.16-21 Piso 11 Bogotá D.C
FERNANDO CARRILLO
Procurador General de la Nación
Teléfono : (1) 587850 – 018000910315
Correo : anticorrupcion@presidencia.gov.co,
quejas@procuraduria.gov.co
Dirrección : Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
ALBERTO BRUNORI
Representante en Colombia del el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Oficina de Bogotá, D.C. :
Telefono : (571) 658 3300, Fax (57-1) 658 3301
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Bogotá DC
Objeto: Sistematicidad de los ataques contra líderes sociales en Colombia
Por la presente manifestamos nuestra profunda preocupación por la persecución que sufren lideres sociales en especial pertenecientes al Congreso de los Pueblos, por medio de acciones y omisiones de la Fiscalía General de la Nación.
Observamos el carácter sistemático de los ataques contra líderes y lideresas sociales y el incremento de los asesinatos, judicializaciones, amenazas y otras violaciones en su contra. Resulta contradictorio que en el contexto de implementación de los acuerdos de paz y de la negociación con la insurgencia del ELN, el Estado colombiano no proteja la labor de las personas que dedican su vida a la construcción de paz desde los territorios e incentivan la participación de la sociedad.
Como lo han reportado la Defensoría del Pueblo y el Alto comisionado por los Derechos Humanos en sus recientes informes, las cifras de líderes asesinados siguen en aumento. Según informe suscrito por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, “en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 14 de mayo de 2018, a nivel nacional 385 líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos han sido asesinados. 2016 total 116: 2017 total 191. 2018 total 78.”
Así mismo, se agudiza la judicialización al movimiento social: en marzo del 2017 fueron detenidos 13 líderes sociales reconocidos en el Sur de Bolívar, y en abril del 2018 alrededor 33 líderes sociales de diferentes municipios del Suroccidente colombiano.
Del 20 al 23 de abril de 2018 fueron detenidas 30 personas en 5 departamentos diferentes, dentro de los cuales se encontraban reconocidos dirigentes territoriales, a quienes se les imputaba los delitos de Rebelión, concierto para delinquir, narcotráfico, entre otros, señalando la pertenencia de estas personas al ELN. Entre las personas privadas de la libertad, están dos lideresas del PCN, Sara Quiñonez y Tulia Valencia, víctimas de desplazamiento forzado de Tumaco; Alejandra Dizú, vicegobernadora indígena de un Cabildo del valle de Cauca y Luis Risueño, líder indígena de Nariño.
A este escenario se suma la detención realizada el día 6 de junio de 2018 en contra de Julián Andrés Gil Reyes, integrante de la Comisión internacional y Secretario técnico del Congreso de los Pueblos, lo que demuestra una vez más la sistematicidad de esta estrategia de criminalización y judicialización hacia los sectores sociales menos favorecidos. El juez de garantía dictó el viernes 8 de junio medidas de aseguramiento como lo requirió la Fiscalía, quien lo señala de pertenecer al Ejercito de Liberación Nacional presentando cargos de receptación, transporte y tráfico de explosivos y porte de armas, basándose exclusivamente en el testimonio de una persona quien recibe beneficios jurídicos por su declaración. Esa situación, priva de la libertad a Julián Andrés Gil Reyes hasta que se revoquen las medidas de aseguramiento intramural o su inocencia sea comprobada en juicio. Es decir que tendrá que soportar la privación de su libertad sin que ninguna prueba material sea aportada al caso.
En el informe presentado por el Congreso de los Pueblos en el marco del Examen Periódico Universal de mayo 20181 presentaba las siguientes preocupaciones por estas prácticas, que hoy, lejos de reducirse, se recrudecen.
Comunidades campesinas y líderes sociales siguen siendo judicializados y encarcelados, con base exclusiva en las declaraciones de supuestos desertores de las fuerzas rebeldes, que son usados como informantes de la fuerza publica y reciben beneficios del gobierno nacional. La idoneidad de dichos testigos es altamente cuestionable, pues además de responder al control y presión de las autoridades, reciben contraprestaciones económicas por sus testimonios y por lo tanto estos casos presentan debilidades e inconsistencias en la información probatoria.
Pese a ello las personas judicializadas bajo esta “modalidad” de testigos, suelen ser afectadas con medidas de aseguramiento intramural y los procesos judiciales se caracterizan por la dilación de los términos, prolongándose la privación de la libertad en centros de reclusión. Por la gravedad de los cargos imputados, sus casos son puestos en conocimiento de la justicia especializada, en la cual los tiempos procesales se amplían.
Vemos además, una tendencia a juicios paralelos, en violación del principio de presunción de inocencia e independencia judicial. Las últimas detenciones masivas en las ciudades y los consecuentes procesos judiciales por hechos de diversa naturaleza, han sido objeto de amplia difusión mediática, en la que se mezclan declaraciones de altos funcionarios de la policía, la fiscalía y el gobierno nacional, aplaudiendo los resultados y pidiendo públicamente medidas de aseguramiento intramural. Las y los detenidos son presentados como culpables ante los medios de comunicación, e incriminados a través de pruebas filtradas a la prensa por parte de la Fiscalía y la policía, incluso antes de que éstas sean conocidas y controvertidas por la defensa en los estrados judiciales. En algunos casos con supuestos elementos probatorios que nunca aparecieron en los procesos.
Es el caso de los líderes y lideresas del Sur de Bolívar, dentro del cual el 22 de marzo del 2017, la fiscal María Bernarda Puentes, que hoy en día se encuentra recluida por vínculos con el paramilitarismo, declaró en audiencia que “La Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida (entramural) porque la señora Milena mueve masas y está demostrado porque es líder comunitaria y social. Existen testimonios que dicen que ella forma marchas que tendrían como finalidad real los quereres de la organización ilegal del ELN2”, La Fiscal, como se señaló, ha sido detenida en un operativo anti-corrupción en Julio 2017 por presunto otorgamiento de beneficios judiciales a estructuras paramilitares y del crimen organizado.3
Compartimos las denuncias en contra las investigaciones contra los jueces que conceden la libertad en lugar de imponer medida de aseguramiento. Se viene ejerciendo presión mediática y persecución judicial a los jueces que en contra de las solicitudes del fiscal, no imponen medida de aseguramiento u optan por una medida no privativa de la libertad4.
El proceso de criminalización del liderazgo social se refuerza con las irresponsables y tendenciosas denuncias mediáticas – sin fundamento judicial- que muestran las prácticas indebidas de la Fiscalía y la complacencia por parte de los medios de comunicación, con los sectores interesados en eliminar, judicial y físicamente, a la oposición popular y a los movimientos sociales.5
Por estos motivos solicitamos su más pronta intervención:
- Por la libertad immediata de Julian Andres Gil Reyes y la pronta resolución de las otras personas detenidas
- Para que la justicia en Colombia investigue las agresiones y crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales
- Exijir al Estado Colombiano que cese la persecución y criminalización garantizando ante todo la libertad.
- Exigir a las autoridades ofrecer garantías procesales a las/los acusados, pero ante todo, respetar el derecho a la protesta, a la organización y a la movilización en el país.
Attentamente,
1 Varios países emitieron recomendaciones en ese sentido, por ejemplo: 6.55Ensure that human rights defenders are protected while carrying out their important work and the judicial authorities conduct full and impartial criminal investigations so that perpetrators are held accountable (Austria) 6.798 Advance in the recognition and protection of human rights defenders, avoiding their criminalization and fighting against the impunity (Spain);
2 Cit. http://www.rcnradio.com/locales/polemica-declaracion-de-fiscal-en-boliva…
3 http://www.semana.com/nacion/articulo/videos-y-audios-que-desmostrarian-…
4 http://www.elcolombiano.com/colombia/investigan-a-juez-que-dejo-libre-a-sospechoso-en-caso-andino-BH6797506 “El Consejo Superior de la Judicatura anunció una investigación en contra del juez que el pasado 16 de marzo dejó en libertad a uno de los detenidos por las autoridades, como supuesto sospechoso de atentados en Bogotá, y que habría tenido relación con la explosión en el Centro Andino de Bogotá” Noticia que se hizo pública un día antes de que la Juez 47 penal municipal con funciones de control de garantías adoptara la decisión por la captura de 9 personas imputadas por haber cometido el atentado del Centro Andino en Bogotá.
5Es el caso de una cooperativa de Bogotá con reconocimiento por su labor educativa, que resultó acusada por medio de un comunicado oficial de la Fiscalía de reclutamiento de menores por utilizar material pedagógico con contenido social, el cual fue calificado por la fiscalía como » textos que exaltan el resentimiento social, la vida de personajes subversivos (…) una supuesta práctica pedagógica en la que inculcarían ideologías y pensamientos no aptos para infantes de tan corta edad ».
Source: PASC
