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Comisión legislativa de medio ambiente Área de Semarnat ““obstruye”” investigación en mina de Oaxaca Angélica Enciso
El área de enlace legislativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha obstruido el trabajo de expertos en el caso de la contaminación ambiental provocada por la minera Natividad y Anexas, ubicada en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, donde comunidades indígenas han sido afectadas.
Esto lo señalaron los diputados Carlos Roberto Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Diego Cobo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quienes también han presentado denuncias de hechos ante las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y General de la República (PGR), en las cuales acreditan la contaminación de suelo y agua con metales pesados, así como la disposición inadecuada de bifénilos policlorados, químicos persistentes y bioacumulables. Todo esto, indicaron, sería ““razón suficiente para que la autoridad clausurara temporalmente la mina””. Informaron que la comisión autorizó la erogación de recursos para realizar un viaje a aquella empresa en compañía de especialistas, con el fin de realizar un muestreo en la zona por la contaminación, por lo que solicitaron el apoyo al Instituto Nacional de Ecología y al Centro Nacional de Investigaciones y Capacitación Ambiental, el cual está especializado en polución de suelo, agua y vegetación. Detallaron también que pese a que los titulares de los organismos desconcentrados de la Semarnat manifestaron disposición para realizar dicha actividad, la oficina de enlace legislativo obstaculizó el viaje de los peritos especializados y hasta el momento la comisión no ha recibido respuesta de manera oficial. La comisión legislativa considera que es necesario llevar a cabo muestreos en los sitios contaminados por las actividades mineras, por lo que se dio a la tarea de contactar a los especialistas de la Semarnat. El resultado del muestreo sería integrado a la denuncia radicada en la
PGR, dijeron.
Por ello, los legisladores expresaron preocupación por la actuación
obstructiva de la oficina de enlace legislativo.
Demandan a Gold Corp pago por extraer oro Ejidatarios de Mazapil liberan entrada a mina Alfredo Valadez Rodríguez Corresponsal
Zacatecas, Zac., 27 de mayo. Ejidatarios de Cedros y El Vergel, comunidades del municipio de Mazapil, inconformes con la empresa canadiense Gold Corp, levantaron este miércoles el bloqueo que mantenían desde el sábado anterior en la mina de oro Peñasquito, a 325 kilómetros al noroeste de esta capital.
Los labriegos lograron un acuerdo con representantes de la trasnacional para que cada año se les pague un porcentaje de las ganancias obtenidas con la actividad de Peñasquito, por ser los dueños de la tierra de la cual se extraen minerales preciosos. Si bien aún no se define el monto exacto de la renta anual que se pagará a los campesinos, se presume que sería de 32 mil 700 pesos anuales por cada hectárea que Gold Corp entrega a ejidatarios de El Carrizalillo, en Guerrero, donde también opera una mina. En conferencia de prensa, Felipe Pinedo Hernández, miembro de la directiva estatal del Frente Popular de Zacatecas (FPLZ), informó sobre los acuerdos y el final del plantón que se realizó ““como medida de presión””, para que se escucharan las demandas de los agricultores. Lucio López Martínez, asesor jurídico del FPLZ y de los ejidatarios afectados, mencionó por su parte que como resultado de la movilización, se estableció una mesa de trabajo con representantes legales de Peñasquito, para obligarlos a obtener un acuerdo directo con Gold Corp. Pinedo Hernández acotó que el corporativo canadiense se comprometió a entregar la indemnización que corresponda, ““la cual tiene como base el acuerdo similar firmado en El Carrizalillo, Guerrero””, donde la corporación minera pagó 32 mil 700 pesos por hectárea de manera anual, diferente del contrato leonino firmado con los zacatecanos, por el que se pagaron 5 mil pesos por hectárea por 30 años.
http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-09.png Se les acusa de haber invadido terrenos propiedad de un empresario; detienen a 15 Colonos desalojados chocan con la policía de Isla Mujeres http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-09.png Piden autoridades apoyo a la Armada de México para vigilar las inmediaciones de la alcaldía http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-09.png
Funcionario señala a profesora y a regidor como los presuntos
instigadores de la ocupación
Invasores que fueron desalojados de un predio propiedad del empresario hotelero Diego de la Peña se enfrentaron ayer con la policía frente a la alcaldía de Isla Mujeres, Quintana Roo. Los manifestantes causaron destrozos en el edificio y en zonas aledañas » http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-06.png Foto La Jornada
Mauricio Conde Olivares
Corresponsal
Isla Mujeres, QR, 27 de mayo. Con piedras y palos, unos 100 colonos destrozaron hoy los cristales de puertas y ventanas de la presidencia municipal y se enfrentaron a policías preventivos y fuerzas especiales que intentaron impedirles el paso. Los manifestantes protestaron porque durante la madrugada fueron desalojados de un predio que ocuparon el 16 de mayo.
Encabezados por quienes dijeron ser los hermanos Palma Burgos, los manifestantes llegaron por la mañana y corearon consignas como ““fuera Licha”” (en alusión a Alicia Ricalde Magaña, la presidenta municipal). Manuel García García, secretario general de la comuna, ordenó desalojar al personal del palacio por la puerta posterior.
Los manifestantes intentaron ingresar al edificio por la entrada principal y agredieron con palos y piedras a unos 100 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de las Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo (Fepa). Los agentes les lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a 15 presuntos instigadores. varios manifestantes se refugiaron en la iglesia ubicada frente al palacio municipal. El templo resultó dañado, así como las jardineras, cuyas rejas fueron utilizadas como proyectiles.
Después del zafarrancho, 24 elementos de la Armada de México acudieron para apoyar a los policías a vigilar el centro de la ciudad.
El 16 de mayo, un grupo de precaristas invadió el predio San Rafael, propiedad de Diego de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún.Manuel García, secretario general de la comuna, dijo que se trata de un delito del fuero común y que la resolución compete a la Procuraduría General de Justicia del estado y no al municipio. Asimismo, anunció que se interpondrán denuncias penales contra los manifestantes. Recordó que el martes los invasores intentaron apropiarse de parte del predio de Hacienda Mundaca, patrimonio municipal. Por orden del Ministerio Público que investiga la invasión del predio particular, la Fepa desalojó a los colonos la madrugada de este miércoles.
Los inconformes están en un error al pensar que el ayuntamiento tiene injerencia en el desalojo, aseguró el funcionario municipal. Además, sostuvo que este asunto tiene ““claros tintes partidistas”” y señaló como presuntos incitadores a la profesora Cristina Medina Figueroa y al regidor priísta Eduardo Peniche. Sin embargo, la presidenta municipal Alicia Ricalde afirmó que ““la ley es la ley”” y se desalojó a los invasores simplemente porque el despojo en Quintana Roo es un delito grave y la violencia ““no se justifica””.
Cora Amalia Castilla Madrid, secretaria de Gobierno del estado, canceló su agenda para trasladarse a Isla Mujeres, donde se reunió en privado con Manuel García. Luego aclaró que el ayuntamiento no tiene que ver ni con el desalojo ni con las acciones contra los invasores, ya que se trató de una orden ministerial que cumplieron la Fepa y la PEP. La
policía municipal, dijo, sólo prestó apoyo, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Concluyó que no se permitirán las invasiones en ninguna parte del
estado. ““Además, está por aprobarse la Ley de Desarrollo Urbano””.
Michoacán: ¿justicia o golpeteo?
Las detenciones de 28 funcionarios públicos –10 alcaldes, 17 funcionarios del gobierno estatal y un juez– efectuadas en Michoacán el pasado martes, en el contexto de una supuesta acción en contra del grupo delictivo conocido como La Familia, han puesto en evidencia una serie de irregularidades cometidas al amparo de la política de seguridad del gobierno federal y han contribuido a enrarecer aún más el ambiente político en vísperas de los comicios federales de julio próximo. Por principio de cuentas, y sin prejuzgar sobre la inocencia o la culpabilidad de los capturados, es claro que el operativo constituyó un flagrante atropello al pacto federal, a las leyes michoacanas y también, posiblemente, a disposiciones legales nacionales; la detención masiva estuvo plagada de deficiencias graves: a las denuncias en el sentido de que varios de los funcionarios fueron arrestados sin orden judicial de por medio –situación que, según el gobernador Leonel Godoy Rangel, sembró confusión sobre si habían sido capturados por las fuerzas públicas o levantados por alguna organización criminal– se suman las presumibles violaciones a las leyes estatales, cometidas por elementos del Ejército y la Policía Federal. Hasta el momento, no se ha esclarecido si los presidentes municipales aprehendidos debían ser sometidos previamente a un juicio de desafuero, como lo indica la Constitución de Michoacán.Aunque Godoy Rangel acusó al gobierno calderonista de no haberle informado sobre la movilización policiaco-militar del martes, y anunció que presentará una protesta formal ante la Procuraduría General de la República por la irrupción ““violenta e ilegal”” de fuerzas federales en el Palacio de Gobierno, la debilidad y la tardanza de su respuesta no contribuye a preservar la soberanía michoacana, y contrasta con un antecedente ineludible: la durísima protesta que en 1985 presentó uno de sus antecesores en el cargo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el allanamiento violento del rancho El mareño por fuerzas federales que buscaban a los secuestradores del policía antidrogas estadunidense Enrique Camarena Salazar, acción en la cual fueron asesinados varios pobladores. Adicionalmente, la opacidad con que el gobierno federal se condujo antes y durante el operativo es una clara muestra de desconfianza hacia el Ejecutivo estatal y da cuenta de una deplorable descoordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Desde otro punto de vista, las acciones del gobierno en la tierra natal del titular del Ejecutivo federal dejan ver, si son ciertas las imputaciones contra los empleados públicos detenidos, una descomposición gravísima, generalizada y de alto nivel en las instancias gubernamentales, y sería iluso suponer que la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras del poder público se circunscribiera únicamente a Michoacán; en esa medida, la opinión pública se pregunta ya por qué las fuerzas federales no han actuado de la misma manera en otras entidades en las que el control de segmentos enteros de la administración pública por parte de los cárteles es un secreto a voces. Surge la sospecha, entonces –ha sido expresada por diversos actors políticos, sociales y mediáticos– de que el operativo en tierras michoacanas careciera de los fundamentos jurídicos y de las certezas policiales necesarias y que tuviese la intención de posicionar electoralmente a Acción Nacional (PAN) en detrimento del partido que gobierna en Michoacán, presentando a la administración calderonista y al PAN como un adalid en el combate a la delincuencia y, a las fuerzas partidistas adversarias, como proclives a dejarse infiltrar por ella, así como enviar un mensaje de autoritarismo y criminalización de las
oposiciones.
Sea como fuere, el desaseo legal con que se llevaron a cabo las aprehensiones, la patente desconfianza y descoordinación entre los poderes los ejecutivos michoacano y federal, así como la sospechosa oportunidad política y electoral de una operación policial-militar de la magnitud de la que se realizó el martes pasado en diversas ciudades de aquella entidad, constituyen otros tantos puntos débiles de la estrategia en curso contra la delincuencia organizada y, en esa medida, pueden terminar por lograr un efecto contrario al deseado: erosionar aún más la autoridad del Estado y abrir nuevos espacios para el desarrollo y el avance de los grupos criminales.
Albricias-Hernández
Desaparecidos: dos del EPR… y muchos más
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y el Estado mexicano –es decir, el gobierno federal y el de Oaxaca, a los que compete averiguar su paradero o su destino–no ha sido capaz de localizarlos, y menos aún de presentarlos con vida. Si se tratara de dos personas que, como otras muchas, han sido capturadas por agentes gubernamentales o por delincuentes que no demandaron suma alguna por devolverles de la libertad, la omisión sería muy grave porque la autoridad faltaría a su deber de garantizar la seguridad de las personas. Pero lo es en mayor medida porque su presencia ha sido requerida de varios modos por el Ejército Popular Revolucionario, al que Reyes Amaya y Cruz Sánchez pertenecen, según afirma esa organización alzada en armas.Ese mes de mayo de 2007 fue lamentablemente pródigo en desapariciones, ninguna de las cuales ha sido resuelta hasta ahora. El Día de las Madres, Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de la sucursal de TV Azteca en Monterrey no llegaron a cumplir una orden de trabajo. Simplemente se esfumaron, no se supo de ellos. Y salvo una referencia escueta días después, a la empresa de comunicación a la que prestaban sus servicios pareció no importar la suerte de sus colaboradores. Tan presto su propietario a defender del peor modo sus intereses mercantiles sirviéndose de las concesiones que irregularmente ha obtenido, no utilizó su pantalla para favorecer la ubicación de López y Paredes.
El 14 de mayo desapareció Enrique Ruiz Arévalo, jefe de la unidad contra el secuestro de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Luego de comer en un restaurante en Torreón, el funcionario fue levantado o capturado por personas a las que no opuso resistencia. Su esposa, la señora Mercedes Cobo Celada, dirigió hace 10 días un llamado al presidente Calderón, a quien ya ha tenido ocasión de hacerlo cara a cara, en demanda de la aparición de su marido, de quien no se sabe nada dos años atrás. (Imposible no vincular ese hecho con el ocurrido año y medio más tarde, también en esa capital lagunera: el 10 de diciembre de 2008 desapareció en circunstancias semejantes Félix Batista, procedente de Miami, consultor en materia de secuestros, exmiembro de las fuerzas armadas norteamericanas. Tampoco se sabe qué fue de él.)
El 16 de mayo, en Cadereyta, al final de una asamblea de la sección 40 del sindicato petrolero, que agrupa al personal empleado en la refinería de esa ciudad neoleonesa, fue detenido David Vega Zamarripa, hermano de Hilario de los mismos apellidos, secretario general de ese agrupamiento sindical Éste fue requerido al día siguiente para que acudiera en busca de su hermano a un lugar que no comunicó a nadie, y también desapareció.
La misma suerte corrieron varios de sus compañeros, hasta sumar más de 30, entre los cuales se hallaba un exalcalde de la ciudad. A pesar de su pertenencia al grupo director del sindicato petrolero, el destino de Hilario Vega Zamarripa tiene sin cuidado al comité nacional de esa organización y a su secretario general, Carlos Romero Deschamps, que no han protestado por el infortunio deparado a su compañero. Se conocen varias versiones sobre la personalidad del dirigente desaparecido y su papel en el gremio, pero en ningún caso se justifica el que según testigos, individuos vestidos con uniformes negros sin insignias, dotados de armas largas, se lo hayan llevado y no demandaran después dinero a cambio de su libertad ni lo pusieran a disposición del Ministerio Público. En la televisión local se dijo días después que sus captores eran miembros del Ejército, pero la especie no pudo ser comprobada por sus familiares.
Luego de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sus familiars registraron la de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), ocurrido el 5 de julio en Oaxaca. El 25 de septiembre desapareció en Michoacán Francisco Paredes Ruiz, de la
fundación Diego Lucero, y el 30 de diciembre padeció esa suerte Lauro
Juárez, indígena chatino dirigente comunitario en Oaxaca.
Más recientemente se ha producido desapariciones cuyo desenlace fue mortal. En febrero de este año fueron detenidos, en apariencia por agentes policiacos, dos defensores de derechos humanos y gestores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Pérez Rosas, de la Organización para el futuro del pueblo mixteco. Se los llevaron en un acto público en Ayutla de los Libres, Guerrero, y sus cadáveres aparecieron una semana después. No se ha conseguido la identificación de quienes los sacrificaron cruelmente. En cambio, se está en camino de saber quienes ultimaron a tres jóvenes en Nuevo Laredo. El 17 de marzo fueron detenidos, sin que se conozca la causa, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente. A pesar de que testigos vieron que los capturaron miembros del Ejército, en la guarnición local se negó que así hubiera ocurrido.
El 29 de abril, a más de un mes de su desaparición, sus cuerpos fueron descubiertos en un paraje de vecino estado de Nuevo León. Tras la penosa identificación de los cadáveres, fueron entregados a sus familiares el 10 de mayo. Previamente, ante la fuerza de la evidencia, el Ejército anunció el inicio de una averiguación previa por la procuraduría militar y poco después la consignación de un jefe, tres oficiales y ocho soldados ante un juez del Fuero de Guerra, aunque se trata de delitos del orden común.
Como se aprecia en este panorama, las víctimas de este género deprivación ilegal de la libertad pertenecen a sectores muy diversos de la sociedad, unidos sólo por una doble circunstancia, la impunidad que impide siquiera el avance de las investigaciones respectivas, y el silencio, apenas tímidamente roto por sus familiares en torno a la desaparición.
Muy otro es el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El grupo guerrillero que reclama su presentación con vida hizo detonar poderosos explosivos contra instalaciones de Pemex en tres estados de la República en julio y septiembre de 2007, en represalia por la desaparición de sus compañeros y en demanda de que aparezcan. En abril siguiente, mudó su estrategia y.en vez de incurrir de nuevo en operaciones militares (para las que ostensiblemente estaba preparado, dada la precisión de sus ataques y sus descomunales efectos), ensayó una vía política: pidió a un grupo de personas en lo individual, y al Frente Nacional contra la Represión, que integraran una comisión mediadora ante el gobierno federal para lograr la presentación con vida de sus compañeros. A petición de los mediadores, aceptó una tregua que duraría al menos mientras se realizaban las conversaciones destinadas a aquel fin. Casi un año después de integrada la Comisión, sus miembros decidieron dar por concluidas sus tareas, puesto que llegaron a la convicción de que el gobierno federal (a quien representaba la Secretaría de Gobernación) carecía de voluntad ya no digamos para presentar a los desaparecidos, sino ni siquiera para indagar formalmente lo ocurrido el 24 de mayo de 2007, hace ya dos largos años, como tendría que hacerlo en cualquier caso.
La razón de su proceder es que acaso no quiera reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (no obstante que uno de los expedientes ministeriales, estériles formas de no dar cuenta de sus responsabilidades, está abierto por ese delito). Si reconoce que de eso se trata, el gobierno estaría incriminándose y no está dispuesto a hacerlo. Los testimonios conocidos desde poco después de la desaparición, y los resultados de indagaciones posteriores, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que fueron agentes de la autoridad los que detuvieron a los militantes cuya aparición se reclama y que son también autoridades las que probablemente los retengan hoy mismo.
El caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez parecería ser el que inspiró la redacción del artículo dos de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas, así de exactamente coincidentes son los términos del tipo penal y lo ocurrido a los militantes del EPR: « Desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas… cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes ».
El mundo, ““polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad a punto de estallar””, subraya
La crisis global no sólo es económica sino de derechos humanos, afirma AI
http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-09.png El G-20 carece de una visión unificada de esas garantías, señala la organización en su informe 2009
http://www.jornada.unam.mx/v7.0/imagenes/balas/sol-09.png Destaca avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay
Londres, jueves 28 de mayo. El mundo camina ““sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e inseguridad que está a punto de estallar””,advierte Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2009, y subraya que ““la crisis no sólo es económica sino de derechos humanos””.
Desde Haití a China, pasando por México, Colombia, Sri Lanka, Palestina, Congo y Sudán, el documento, publicado hoy en Londres, ofrece un oscuro panorama de los abusos de derechos humanos en el mundo, donde la crisis económica intensifica la ““inestabilidad política y la violencia””.
Aunque advierte que es demasiado pronto para predecir todos los efectos que ““el despilfarro de los últimos años”” tendrá en los derechos humanos, AI subraya el incremento en el mundo de la pobreza, el desempleo, la discriminación y la desigualdad, lo que nunca ha sido terreno propicio para el respeto de esos derechos.
El texto de AI, que analizó la situación en 157 países, destaca que, aunque nadie está a salvo de la crisis económica, ““las cuitas de los países ricos no son nada comparadas con las calamidades que se ciernen sobre los más pobres””.““La recesión ha agravado los abusos, ha hecho que se desvíe la atención y ha creado nuevos problemas. Los derechos humanos se pisotearon en nombre de la seguridad, y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica””, dijo la directora de AI, Irene Khan, al presentar el informe El estado de los derechos humanos en el mundo.
En Asia, África, América Latina, ““cada vez hay más hambre y enfermedades debido a la drástica subida de los precios de los alimentos, y más personas sin hogar y en la indigencia a causa de los desalojos forzosos y los embargos de bienes hipotecados””, indica el informe de la organización.
Esta ““falta de comida, empleo, agua, tierra y vivienda, el aumento de la desigualdad, la inseguridad, la violencia, la xenofobia y el racismo reflejan que el mundo hace frente no sólo a una crisis económica sino a una crisis de derechos humanos””, subrayó Khan.
AI señala que la situación de los derechos humanos en América Latina en 2008 mostró avances, como la condena a 25 años de cárcel al ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad, que caracteriza como ““crucial””, pero también retrocesos en inseguridad y exclusión.
Observa avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia,Chile, Colombia y Uruguay, pero lamenta que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ganó las elecciones presidenciales salvadoreñas en marzo pasado, no prometiera levantar la ley de amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.
El informe señala que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380 mil en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo AI, que cita informes de asesinato de hasta 27 de ellos por la guerrilla.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconocieron en abril haber asesinado a ocho indígenas awá. También se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos, y el informe señala que paramilitares colombianos continuaron matando civiles y sembrando el terror, a veces con el consentimiento de las fuerzas de seguridad.
El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad aawhoyamaxa por enfermedades evitables, afirma.
La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.
Destaca que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del ““feminicidio””, lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.
En entrevista, poco antes de la publicación del informe, Khan denunció que los gobiernos poderosos están ““más preocupados por atajar exclusivamente los problemas económicos y financieros en sus países, y hacen caso omiso de la crisis mundial”” que los rodea.
““Es patente que los gobiernos han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las personas””, estimó la responsable de AI, que llamó a un cambio de liderazgo político.
Khan hizo hincapié en los billonarios paquetes que han lanzado los gobiernos de los países más ricos para rescatar a los bancos y las instituciones financieras, mientras ““han olvidado a los sectores más vulnerables en sus propios países y en el resto del mundo””. Precisó por ello que el informe de AI, de 400 páginas, se dirige en particular al Grupo de los 20 (G-20), ““que se ha cubierto con un manto de liderazgo”” pero que no cumple con sus compromisos para reducir la pobreza en el mundo y respetar los derechos humanos.
““El G-20 carece de una visión unificada de los derechos humanos””, afirmó Khan, y señaló que en muchos de los países que componen ese grupo –entre los que citó a Arabia Saudita, México, China, Brasil y Estados Unidos– el récord del respeto de esos derechos deja mucho que desear. ““Por ejemplo, Estados Unidos no reconoce que los derechos económicos son parte de los derechos humanos y China no toma en cuenta los derechos civiles o políticos de sus ciudadanos””, afirmó. ““El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas y no sólo para unos pocos privilegiados””, resaltó. Entre los pocos ““progresos”” en los últimos meses, Khan se congratuló del compromiso del presidente estadunidense Barack Obama con cerrar la prisión en la base de Guantánamo en Cuba, pero advirtió que el jefe de la Casa Blanca ““no ha ido bastante lejos””. ““El anuncio del cierre fue una buena noticia, así como los pasos importantes que tomó en el inicio para rectificar algunos abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno de George W. Bush””, señala.““Pero luego, algunas de esas iniciativas fueron seguidas por acciones limitadas, y su gobierno ha enviado en estos primeros meses señales mixtas””. Khan concluyó enviando un mensaje a los países del G-20, a que suscriban ““un nuevo acuerdo global para el respeto de los derechos humanos”” y ““coloquen esos derechos en el centro de sus iniciativas internacionales para combatir la crisis económica””.
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