Plusieurs organisations et mouvements sociaux demandent une action urgente et une attention immédiate face à la crise humanitaire des personnes affectées par le projet hydroélectrique Hidroituango.
En espagnol
Nueva York, 30 de octubre de 2018
Carta abierta al Señor Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Iván Duque
Presidente de la República
Fernando Carrillo
Procurador General de la Nación
Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
Carlos Alfonso Negret Mosquera
Defensor del Pueblo
Asunto: demandamos acción urgente, atención inmediata por crisis humanitaria de damnificados del proyecto Hidroituango
Señor Presidente,
Nosotros (as), ciudadanos (as) colombianos(as) en el exterior, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales, movimientos religiosos, laicos, ciudadanos independientes, representantes de víctimas en el exterior
DENUNCIAMOS
Las comunidades víctimas, afectadas por el mega-proyecto Hidroituango, se encuentran atravesando una grave crisis humanitaria. Son sujetos de especial protección en condición de vulnerabilidad quienes contemplan inermes la total vulneración de sus derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos y culturales, conllevando esto a la imposibilidad de ejercer de manera efectiva e inmediata el goce pleno de sus derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política de Colombia, tales como las garantías de un orden político, económico y social justo.
Las comunidades víctimas del proyecto hidroeléctrico Ituango, articuladas en el movimiento Ríos Vivos, han sufrido acoso y hostigamiento por parte de los funcionarios del gobierno, sea el caso del Alcalde del municipio de Ituango, Antioquia, Hernán Álvarez, su Secretario de gobierno, Francisco Castro, e Inspector de policía Municipal de Ituango, Néstor Mario Escobar Arango, al citar e iniciar un proceso verbal abreviado de audiencia pública para efectuar procesos de desalojos forzados de albergues que ellos mismos otorgaron −en Sabanalarga e Ituango− comunidades que lo perdieron todo, sus medios de subsistencia, en algunos casos viviendas, pero sobre todo el quebrantamiento de su cultura y la pérdida de sus proyectos de vida, situación generada por el represamiento ilegal realizado por este proyecto.
De igual forma está ocurriendo con la administración del municipio de Sabanalarga, Antioquia que, a través de su Alcalde, César Alonso Cuadros, junto a otros funcionarios, en el momento en que las comunidades fueron rescatadas del río Cauca a raíz de la inundación de sus sitios de trabajo y viviendas, les impulsaron para ir a reclamar a Empresas Públicas de Medellín (EPM) dado que, según ellos, eran los únicos responsables de lo que estaba ocurriendo. Las comunidades se dirigieron a la reclamación de soluciones urgentes ante las oficinas de EPM y hasta el día de hoy no han sido atendidas. Estas comunidades, en paciente espera, se quedaron allí mientras la empresa EPM prefirió sacar sus enseres de las oficinas antes que atender a más de doscientas (200) familias damnificadas, las cuales están siendo perseguidas mediante querellas policivas por el Secretario de Gobierno de Sabanalarga, Edison Alonso Usuga Rueda, y la Inspectora de Policía, Luz Elena Toro Holguín, sin que ninguna autoridad haya resuelto y atendido de forma efectiva, inmediata y eficaz, la resolución definitiva del retorno a sus viviendas o a su reubicación en un albergue con condiciones dignas, que les otorgue las garantías de sus derechos fundamentales, políticos y culturales para así restablecer sus derechos y proyectos de vida.
Como si lo anterior fuera poco, los integrantes del movimiento Ríos Vivos, de Antioquia, han recibido ataques de diferente índole tales como:
I. Amenazas en muchas ocasiones de manera colectiva por grupos al margen de la ley, prohibiéndoles oponerse a este mega-proyecto.
II. Asesinatos de cuatro (4) líderes y algunos familiares
III. Discriminaciones y persecución a la libre asociación por parte de la empresa EPM, pues ésta se ha negado a dialogar con las comunidades, aduciendo que no tienen ningún derecho por ser del Movimiento. Por otra parte, no les convocan a las reuniones e incluso han llegado a sacarles de los espacios de debate por el hecho de pertenecer al Movimiento ambientalista y oponerse a la mega-obra. Otro de los ataques contra la colectividad fue en contra de las mujeres del Movimiento, quienes han sido irrespetadas y maltratadas con actos de misoginia y discriminación por parte del Secretario de Gobierno de Ituango, quien ha insultado a las lideresas y en repetidas ocasiones también las ha sacado de su oficina, específicamente por el hecho de ser mujeres.
IV. Negación de sus derechos a la libre circulación, al respeto por la vida, al debido proceso y acceso a la justicia. En los casos más graves se ha llegado al punto de prohibirles la entrada a la administración municipal de Valdivia, donde su Alcalde Jonás Henao, disparó en estado de embriaguez en contra de la vivienda de un integrante del Movimiento, a quien anteriormente le había expresado que Ríos Vivos era su enemigo por oponerse al desarrollo. Este acto no tiene ningún avance investigativo en la Fiscalía.
Uno de los actos más graves fue el del Gobernador de Antioquia, quien expresó por los medios de comunicación que había hablado con la Fiscalía y Procuraduría para judicializar al Movimiento Ríos Vivos por oponerse a la obra, lo que sucedió precisamente cuando se recibió la carta de parte de los Euro Parlamentarios en relación a las problemáticas sociales, ambientales y en especial en cuanto a la preocupación de la comunidad internacional con relación a la proximidad de la inundación de la zona sin antes haberse encontrado a todas las víctimas de desaparición forzada, y con la certeza de que existen cuerpos en fosas comunes que hoy están bajo el agua.
Con su accionar, el gobierno nacional no puede contrariar los principios propios de la administración pública. Sus actuaciones deben ser concordantes con los postulados de igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, contradicción. La administración, en cabeza de sus autoridades, tampoco puede conculcar derechos ni mucho menos causar perjuicio irremediable en sujetos de especial protección.
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana. Por ello, Señor Presidente, demandamos de usted atención inmediata y una solución definitiva a la crisis humanitaria por la que atraviesan las familias damnificadas.
Dado lo anteriormente expuesto, las siguientes son nuestras demandas:
1. Establecer una política pública como respuesta interinstitucional de su gobierno para la efectiva atención y protección de los líderes sociales en Colombia, dado que, durante su presentación en el taller Construyendo País, el día 23 de septiembre en Nueva York, usted se comprometió a hacerlo antes del 1 de octubre del presente año.
2. Trabajar en el núcleo de la agenda de paz, seguridad, desarrollo y Estado de derecho en las zonas afectadas por el conflicto, de manera que se despliegue una presencia proactiva e integrada del Estado, tal como se pide en el pacto firmado en Apartadó por usted, señor Presidente, por la Vicepresidencia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los Gobernadores, lo que se define como una movilización decidida de las instituciones en alianza con la comunidad.
3. Construir un sistema eficaz de verdad, justicia y reparación a las víctimas junto con la realización y cumplimiento de los protocolos de atención y protección integral a líderes y defensores amenazados que permita la investigación, documentación, sanción y judicialización de los autores materiales e intelectuales de estos hechos victimizantes, que conduzca a la superación de la impunidad en este aspecto de la violencia en Colombia.
4. Brindar una atención inmediata a los damnificados, desplazados forzados por el desastre de origen humano del mega-proyecto Hidroeléctrico Ituango, especialmente a las comunidades organizadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
5. Las siguientes son solicitudes puntuales de las organizaciones articuladas al movimiento Ríos Vivos Antioquia:
a) Tierras, vivienda y proyectos productivos en un sitio concertado con las asociaciones
b) Reparación integral para las víctimas y desplazados por el megaproyecto Hidroituango
c) Protección especial para ejercer el derecho a la libertad de asociación y de expresión
d) Justicia y sanciones para funcionarios que han perseguido, hostigado y estigmatizado a la comunidad de Ituango y demás comunidades articuladas en el movimiento Ríos Vivos
e) Que no se presione a las comunidades a retornar a sitios en donde no se pruebe que no hay riesgo
Organizaciones que apoyan:
Asociación Jorge Freytter Romero, País Vasco
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Centro Cultural Araucaria de Chile, Montreal
CH Boston
CH Carolina del Norte
CH Minnesota
CH washington
Colombian Grass Root Support, ONG, NJ. Estados Unidos
Colombian Progressives, Miami
Colombian Study Group, CUNY, Nueva York
Comité de Derechos Humanos para América Latina (CDHAL), Montreal
Convergencia Humana NYProgressives, Miami
Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC), Montreal
