L’entreprise Montana du Guatemala, une filiale de la compagnie canadienne Goldcorp, a commencé en 2005 ses activités minières dans la région montagneuse de San Marcos, à l’Ouest du Guatemala. La mine est située dans une zone densément peuplée. À quelques mètres de ce projet minier est installée la communauté de San Miguel Ixtahuacán. Depuis sa création, l’exploitation de la mine s’est faite sans l’appui des communautés autochtones qui vivent sur ce territoire, en violation de leur droit au libre consentement préalable et informé, tel que protégé par le droit international à l’égard des projets dans les territoires autochtones.
Les activités directes de l’entreprise minière, comme les explosions pour briser la roche de la montagne, ainsi que des activités indirectes tel que le passage d’environ 40 camions par jour, ont provoqué des effets négatifs sur l’environnement et la santé des personnes.
Au début du projet, les habitantEs de la région ont été contraintEs de vendre leurs terres car l’entreprise s’est installée avec la permission du ministère de l’Énergie et des Mines (MEM) pour commencer l’opération. Depuis 2005, les communautés touchées ont dénoncé les violations de leurs droits, les impacts sur la santé et la pollution des sources d’eau. Au cours des consultations communautaires qui ont été réalisés dans différents villages de Sipacapa, la plupart des gens ont montré leur rejet des activités minières, et ont proposé des projets de développement durable.
Aussi, des mouvements sociaux de résistance sont nés contre les violations des droits humains commises par l’entreprise Montana et ils expriment une réelle préoccupation par rapport au fait que les dirigeants communautaires et les défenseurs des droits humains aient été victimes de menaces et de harcèlement.
Avec cette lettre (modèle de lettre en espagnol ci-bas), vous pouvez dénoncer spécifiquement les attaques qu’a reçu Teodora Antonia Hernandez Cinto à cause de son opposition au projet minier, demander aux autorités du Guatemala de prendre des mesures pour protéger la vie des membres des communautés touchées et appuyer la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, le 20 mai 2010, qui a pris des mesures de précaution pour le gouvernement guatémaltèque, afin de lui demander de suspendre les opérations de la mine Marlin à cause de la pollution de l’eau et les effets sur la santé qu’engendrent les activités de la mine.
Dans le fichier PDF affiché sur cette page, vous pouvez consulter la lettre que nous avons envoyée aux autorités guatémaltèques, le 20 juillet 2010.
*** Version en espagnol pour envoyer ***
Estimados señores(as):
Por medio de la presente quiero expresar mi indignación por los hechos ocurridos en San Miguel Ixtahuacan, en donde fue agredida la señora Antonia Hernández Cinto a causa de su oposición al proyecto minero.
Hechos
De acuerdo a la información de la que dispongo hasta el momento, difundida por el CDHAL (Comité por los derechos humanos en América Latina) el pasado miércoles 7 de julio del presente año, alrededor de las 7:30 de la noche, en el caserío San José Nueva Esperanza, de la aldea Maquivil, en San Miguel Ixtahuacán, fue baleada la señora Teodora Antonia Hernández Cinto. Dos hombres desconocidos se presentaron en su casa pidiendo posada. Ante la negativa, quisieron comprarle una taza de café. Cuando doña Teodora les iba a entregar el café, le dispararon en la cabeza, más específicamente en el ojo derecho, herida que provocó una considerable pérdida de sangre. Luego de agredirla, los dos hombres se fueron corriendo en dirección de la aldea San José Ixcaniche. Doña Teodora fue trasladada al centro de salud de San Miguel Ixtahuacán, antes de ser trasladada al Hospital de San Marcos y luego al Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala, para una operación. Por ahora, no es posible conocer las consecuencias derivadas del disparo.
Otro hecho que vale la pena mencionar es que ese mismo día, aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando las personas que habían llegado en solidaridad con la señora Teodora regresaron a su comunidad de Ágel, escucharon dos disparos de arma automática a unos 50 metros de sus casas.
Antecedentes
La señora Teodora Antonia Hernández Cinto es parte del movimiento de resistencia contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp Inc., empresa canadiense, que explota el proyecto minero Marlin. Ha estado involucrada específicamente en su aldea de Sacmuj donde la empresa Goldcorp Inc. tiene fuertes intereses de exploración y los pobladores temen impactos en sus manantiales de agua, así como la violación a su derecho al consentimiento. Ha sido amenazada varias veces por su participación en este movimiento.
Desde el 2005, diferentes comunidades indígenas afectadas por la mina Marlin han denunciado las violaciones a sus derechos, impactos sobre su salud, la contaminación de las fuentes de agua y la disminución de sus libertades individuales. Un ejemplo de ello es la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, tal como está protegido por leyes internacionales con respeto a proyectos desarrollados en territorios indígenas.
Se suman a estos graves hechos, el aumento de las amenazas y hostigamientos que los miembros del Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) y otros defensores de derechos humanos han reportado desde la decisión del Estado de suspender las actividades de Marlin. Temen represalias de los trabajadores de la mina y de la empresa.
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El 20 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió medidas cautelares para el gobierno guatemalteco, pidiéndole suspender las operaciones de la mina Marlin, por contaminación del agua y efectos sobre la salud. También pide tomar medidas para proteger las vidas de los miembros de las comunidades afectadas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Por su parte, el 23 de junio, el gobierno del presidente Colom anunció que acataría con las medidas y suspendería las operaciones mineras hasta que la CIDH falle sobre la denuncia hecha por las comunidades.
Demandas
Por lo anterior demando al Gobierno Nacional respuestas inmediatas frente a la reiterada violación a los derechos humanos y en particular sobre los lamentables hechos descritos en esta carta. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, les urgo:
• Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las agresiones recibidas por Teodora Antonia Hernández, conforme a la denuncia presentada ante el Ministerio Público de San Marcos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
• Dictar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de las diferentes aldeas de San Miguel Ixtahuacán, así como de los defensores y organizaciones aliados al movimiento en contra de la explotación minera;
• Cumplir de forma completa las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en los términos del artículo 25 de su Reglamento con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de las Comunidades del pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos.
• Cumplir con lo estipulado en relación a la manera en la que debe hacerse la explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas, en donde el Estado debe proteger su integridad social, cultural y económica, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el país en diferentes tratados internacionales;
• Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2)
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De igual manera, espero que las delegaciones de la Procuraduría de los derechos humanos (PDH) y de la Comisión Presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de Derechos humanos (COPREDEH) en el departamento de San Marcos, realicen y cumplan su función respectiva en base a los derechos del ciudadano, conforme a la ley vigente en el país, y de seguimiento a los casos que afectan a los defensores de derechos humanos.
Quedo pendiente de su respuesta escrita confirmando las medidas tomadas por el Estado de Guatemala frente a esta denuncia.
Atentamente,
INSEREZ ICI VOTRE NOM
*** Envoyer à:
Lic. Álvaro Colom
Presidente de la República
cartapresidente@scspr.gob.gt
Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de Derechos Humanos
gmasariegos@pdh.org.gt
opdhg@intelnet.net.gt
Lic. María Encarnación Mejía de Contreras
Fiscal General de la República
fiscalgeneral@mp.lex.gob.gt
MSc. Ruth del Valle
Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos – COPREDEH
copredeh@copredeh.gob.gt
Fiscalía Distrital de San Marcos
fdsanmarcos@mp.gob.gt
Lic. Rudy Castillo Ramírez
Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos
rudito4827@yahoo.es
ylooz1@yahoo.com
*** Avec copie à:
Corte Interamericana de Derechos humanos
corteidh@corteidh.or.cr
Sr. Federico Urruela
Cónsul General de Guatemala en Montreal
consmontreal@minex.ob.gt
Sr. Georges de La Roche
Embajador de Guatemala En Canadá
embassy1@embaguate-canada.com
Rights Action
info@rightsaction.org
Comité pour les droits humains en Amérique Latine
solidared@cdhal.org
