La municipalité de Suarez est située dans le Nord-Ouest du département de Cauca, en Colombie, et est très riche en ressources naturelles. Historiquement, les habitants se sont consacrés à l’agriculture et à l’exploitation minière artisanale, ces activités étant leurs principales sources de revenu. Cependant, depuis quelques décennies, la situation dans la région est complexe, car de grandes entreprises ont voulu avoir le contrôle de ces ressources naturelles pour les exploiter industriellement. Les métaux précieux sont exploités par les entreprises multinationales Anglo Gold Ashanti et Cosigo Resources, la région est un paradis pour les investissements de Smurfit Kappa – Carton de Colombia, et est une réserve énergétique pour l’Union Fenosa (actuellement Colinversiones), du GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), qui l’a acquise dans une offre publique d’achat pour une grosse somme d’argent.
En ce qui concèrne l’exploitation minière, les multinationales veulent avoir le contrôle du territoire et des ressources, et ils ont pris soin de qualifier d’illégales les activités des mineurs artisanaux, une situation qui a favorisé le déplacement de la population vers d’autres lieux. Les mineurs ont dénoncé ces situations parce que leurs moyens de subsistance sont en danger, mais le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour les protéger.
De plus, ces derniers mois a été enregistré la présence de groupes paramilitaires dans la région. La présence de ces groupes armés coïncide avec des menaces que les leaders communautaires ont reçues à cause de leurs activités de résistance contre les entreprises multinationales et avec la pression qu’ils ont reçus pour quitter leurs territoires. La situation est tellement grave que le 11 avril 2010 huit mineurs ont été tués.
A plusieurs reprises, des communautés noires, paysannes, autochtones et des organisations des droits humains se sont prononcées contre la violence dans la région et contre le déplacement des communautés qui habitent le territoire depuis longtemps. Pourtant, malgré les efforts constants des collectivités à créer des mécanismes de prévention et de protection, le risque pour les habitants de la zone est imminent et l’impunité est de 100%.
Par cette lettre (modèle de lettre en espagnol à envoyer ci- bas) vous pouvez dénoncer la mort des mineurs tués le 11 avril 2010, et demander que les autorités colombiennes garantissent la sécurité et la vie des habitants de la communauté et ouvrent une enquête pour clarifier les faits et punir les responsables.
Dans le fichier PDF affiché sur cette page, vous pouvez consulter la lettre que nous avons envoyée aux autorités colombiennes, le 14 mai 2010.
Pour plus d’informations sur les mesures prises au niveau national et international pour protéger le territoire, s’il vous plaît consultez les sources suivantes:
Audience sur l’état des communautés autochtones et paysannes afro-colombiennes du Nord du Cauca à la Commission interaméricaine des droits de l’Homme de l’OEA à Washington http: //www.oas.org/es
Audience publique pour la défense du territoire, de la culture et de la dignité des communautés autochtones d’ascendance africaine du Nord-Ouest de Cauca.
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article3544,
http://www.youtube.com/watch?v=TKhdh_-Lxzs
Mission de vérification de Acción Permanente por la Paz3.
http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/1283
Le rapport complet de la délégation de la Mission de vérification de l’État espagnol sur la situation des droits humains en Colombiehttp://www.pazcondignidad.org/spip.php?article346
Rapport sur la visite de l’expert des Nations unies
http://www2.ohchr.org/english/…/expert/…/Colombia_Statement_12022010...
***** modèle de lettre à envoyer *****
Señores
Por medio de la presente quiero expresar mi indignación por los hechos ocurridos en el sitio conocido como “Alto de Ovejas” zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente colombiano, en donde hombres armados que se transportaban en dos vehículos y una moto asesinaron a ocho mineros.
De acuerdo a la información de la que dispongo hasta el momento, difundida por el CDHAL Comité por los derechos humanos en América Latina el pasado 7 de abril, en horas de la tarde, luego de haber terminado el corte en una mina artesanal llamada “La balanta”, a orillas del río Ovejas, en el paraje conocido como Hato Santa Marta, fueron masacrados ocho mineros. EL grupo de mineros artesanales estaba integrado por José Yulbel Ocoro Balanta, Deiber, José Asnoldo y Wilber Fernando Mosquera, oriundos de la región, y Pablo César, Macedonio, Henry Ibarguen Mosquera y su sobrino Jeisón Antonio Ibarguen Ramírez, quienes junto con Peter Gómez Sánchez llegaron de Condoto, Chocó y las minas de Zaragoza en busca de una oportunidad de conseguir una veta de oro y obtener buenos dividendos. Todos fueron atacados con armas de fuego de alto poder y un puñal por un grupo de tres personas que vestían camuflados, y otros civiles. Según lo reportado por habitantes del sector, los asesinos se transportaban en camionetas blancas de doble cabina.
Deiber Mosquera aparentó estar muerto y logró escabullirse tan pronto los victimarios se retiraron del lugar e informó de lo sucedido a las autoridades en el casco urbano de Suárez. De acuerdo al relato de Deiber Mosquera, los victimarios antes de disparar afirmaron que “no deberían (los mineros) estar en ese sitio porque el predio era una propiedad privada”. Esto implica que, aparte de los autores materiales, se debe investigar a aquellos que tengan la presunta licencia de exploración y explotación de dichos predios, ya que seguramente dictaminaron las medidas para salvaguardar su inversión.
Es importante señalar que sobre el predio en particular, al parecer, existe una licencia de exploración y explotación de oro y otros minerales a nombre de la multinacional Anglogold Ashanti. También, en inmediaciones al sitio de la masacre se encuentra el diseño del túnel que permitiría el trasvase del río Ovejas hacía el embalse de La Salvajina, operado por EPSA SA ESP empresa subordinada de la española Unión Fenosa, recientemente adquirida, por la empresa colombiana Colinversiones, propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño – GEA.
En reiteradas ocasiones, las comunidades afrodescendientes, campesinas, indígenas y organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra de la barbarie impuesta en la zona y del despojo al que han sometido a las comunidades que ancestralmente habitan el territorio. En la actualidad se siguen procesos jurídicos en contra de los responsables por acción y por omisión de los crímenes cometidos, así mismo se investiga la responsabilidad de las multinacionales Unión Fenosa, Anglo Gold Ashanti, Smurfit kappa Cartón de Colombia y Cosigo Resources. Sin embargo pese a los ingentes esfuerzos de las comunidades para generar mecanismos de prevención y protección la situación de riesgo de los pobladores de la zona es inminente y la impunidad del 100%.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, les urgo a:
1. Revisar la manera en la que debe hacerse la explotación de recursos naturales en Suárez (Cauca), en donde el Estado debe proteger la integridad social, cultural y económica de la comunidad, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el país en diferentes tratados internacionales y nacionales (Aplicar los planes de manejo ambiental a los que se hace referencia en la ley 70).
2. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la comunidad del municipio de Suárez.
3. Velar por que las familias de cada uno de los mineros reciba una adecuada reparación por la trágica perdida de su familiar.
4. llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos ocurridos el pasado 7 de abril en donde resultaron muertos 8 mineros, con el fin de identificar a los responsables (materiales e intelectuales), llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.
5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Quedo pendiente de su respuesta escrita confirmando las medidas tomadas por el Estado colombiano y espero una respuesta escrita para informarme de las medidas que se estan tomando al respecto.
Atentamente,
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