Desde hace varios años, el Comité por los derechos humanos en América Latina -CDHAL-, se une a la jornada internacional en contra de las represas y a favor de los pueblos, el agua y la vida en homenaje a las comunidades en resistencia que luchan en contra de proyectos hidroeléctricos.
En Colombia, Desde el 2009, hemos sido testigxs de lo que ha pasado con la imposición del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el camino de lucha en favor de la dignidad y en contra del desplazamiento forzado y el despojo que ha adelantado ASOQUIMBO. Camino que no ha sido fácil ya que el Estado favorece constantemente los intereses de las transnacionales y no los de las comunidades. Se han tomado medidas represivas y abusivas que violan los derechos humanos.
Hoy, en éste 14 de marzo de 2014, queremos compartir este audio-reportaje sobre las principlaes problemáticas que enferntan lxs pescadorxs afectadxs por este megaproyecto. Las informaciones y los testimonios aquí presentados fueron recogidos durante el Encuentro Internacional sobre el Modelo Extractivista Minero Energético y por la defensa de los territorios realizado en el mes de octubre de 2013 en el municipio de La Jagua.
En el marco de esta fecha, apoyamos las actividades simbólicas y el Plantón frente al Palacio de Justicia de Neiva convocado por Asoquimbo exigiendo la suspensión de todas las obras y el cumplimiento de la Sentencia T-135/13 como garantía del restablecimiento de los Derechos Constitucionales de todos los afectados. Igualmente apoyamos las acciones del Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios “Ríos Vivos” en ésta fecha.
“Aguas arriba- Aguas abajo, nos quedamos sin trabajo”
Problemáticas de los pescadorxs afectadxs por el Quimbo
Desde sus inicios, la obra de construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo ha estado marcada por irregularidades y ha generado múltiples impactos negativos ambientales y sociales. Desde el momento en que se pusieron en marcha las obras de El Quimbo en el 2010, muchas personas han visto su vidas afectadas dramáticamente y a medida que avanza el proyecto los impactos y consecuencias negativas se van constatando en cada vez más sectores de las comunidades y municipios de la zona. Dependiendo del momento, del oficio o trabajo que desarrollen las personas, del lugar donde vivan, los efectos negativos han sido sentidos de forma más directa y evidente.
La realidad muestra que la cantidad de personas afectadas y la manera en la que están siendo afectadas supera con creces las cifras que maneja Emgesa, filial de la empresa española Endesa y la italiana Enel. En la actualidad, más de 20.000 personas han perdido el sustento diario. “Afectadxs” no son solamente las personas que van a ver sus tierras inundadas, sino todas las personas que dependen de las cadenas productivas. Sin embargo, los criterios sesgados que la empresa ultiliza para determinar quienes son afectados, responden principalmente a los calculos económicos que han hecho para que su proyecto siga resultando rentable. En esta lógica, también las formas de compensación que ha presentado para mitigar estos impactos son excesivamente restringidas e insuficientes para responder al real cambio que va a significar este proyecto para muchas comunidades y sectores.
Es así como el cronograma de obras de la empresa sigue avanzando y el cronograma de compensaciones e indemnizaciones está parado. La comunidad espera sin respuesta la entrega de 5.200 hectáreas prometidas; 200 casas prometidas para mayordomos, paleros y madres cabeza de familia; la reactivación de los proyectos productivos para el empleo y la siembra de 840 hectáreas de cacao que se tienen que reemplazar. Igualmente, las comunidades esperan los estudios y diseños para la habilitación de tierras de Hobo, Campoalegre, Rivera y Neiva.
En este momento, una de las situaciones más críticas es la que viven los pescadores y sus familias, quienes han tenido historicamente una estrecha relación con el río y debido a la construcción de represas como Betania y El Quimbo, vienen siendo despojados no solamente de su territorio sino también de su forma de vida. En el siguiente audio, Alfonso Ortiz, presidente de la Asociación de pescadores del municipio del Hobo, expresa cómo es la vida cotidiana de un pescador y su estrecha relación con el río. Otro ejemplo de esta relación con el río, es como lxs pescadorxs y sus familias han construido viviendas a orillas del Magdalena como lo menciona Camaleón, Vocero de los Pescadores Artesanales de Hobo. Nos explica que significa una “rancha” y cómo sus características móviles la hacen una vivienda que se adecúa perfectamente a las necesidades de los pescadores en sus territorios.
Como vemos, el río para lxs pescadorxs no solamente es su vida sino que la pesca es la principal fuente de trabajo digno. Las consecuencias de El Quimbo sobre la pesca son muy graves. En el 2012, la Contraloría General de la República, publica un informe en el que presenta la problemática y afirma que “según datos del INCODER sobre la productividad de los pescadores del Municipio de Hobo, se establece una disminución de 7.95 toneladas entre el año 2009 y diciembre del 2011, causado por diferentes motivos entre ellos por la puesta en marcha de las obras del Quimbo en el año 2010. La construcción de dicha obra generó una afectación ambiental representada en la muerte de 917 peces, tal como lo reporta la Empresa al MADS”.
Cada día que pasa la situación empeora como resultado del avance de las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo que ha dejado sin trabajo a lxs pescadorxs de la región, por ser los costos de la jornada de pesca, mayores de lo que pueden ganar. Se presenta la misma situación tanto para lxs pescadorxs que viven en los pueblos y para los que viven “enranchados”. Camaleón hace un balance de lo que tiene que invertir en una jornada de pesca un pescador que vive en el pueblo y de igual manera, Alfonso Ortiz explica cómo es la situación de los que viven en ranchas para evidenciar por qué hoy en día es más costoso ir a pescar que quedarse en la casa. Luisa Fernanda Hueje extraña aquellos tiempo en los que podían pescar a sus anchas ya que hoy en día lo que se pesca no alcanza ni para el sustento y alimento diario de los pescadores y sus familias ya que un pescador despues de un día entero en el río puede llegar tan solo con una mojarra.
Esta disminución de la capacidad de pesca, preocupante tanto en su dimensión social como ambiental, ha sido causada por diferentes factores relacionados con las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y los impactos que se derivan de la puesta en marcha hace varios años de la represa de Betania. Los testimonios de Camaleón, Ignacio Antonio Ramos, Edgar Rodríguez, y Benedicto Tovar, pescadorxs afectadxs señalan como causas principales de esta grave situación: la muerte de peces causada por los químicos usados en las obras; la merma del agua y la cantidad de lodo y sedimentos que tiene la represa de Betania en la actualidad; retroexcavación de sedimentos que contienen sustancias tóxicas; cambios drásticos en el nivel del agua, las actividades contaminantes de las empresas pesqueras y la irreversible extinción de varias especies de peces.
Por su parte, Gilberto Bernate expresa que extraña la libertad del río libre ya que considera que el agua represada del Magdalena no tiene vida y lo compara con tener agua en un tanque. Edgar Rodriguez, del municipio de Hobo relata como con la construcción del Quimbo, y sus impactos en el río, no solamente es la causa de la mortalidad de los peces sino también de un cambio climático general de la región que afecta las tierras aptas para la a gricultura y de todos los ecosistemas del bosque ripario con su flora y fauna:
Además de la disminución de la capacidad de pesca, de los altisimos costos que los pescadores tienen que asumir, la empresa Emgesa vigila y controla las aguas del río a través de personal de seguridad privada. Gilberto Bernate habla sobre estos “guardacostas” al servicio de la empresa:
Esta realidad no solamente impacta a lxs pescadorxs sino a todas las personas que dependen de esa cadena productiva. Alfonso Ortiz expone que esa cadena productiva que el Estado rompió afecta no solamente a los pescadores, sino que a los tenderos que comercializan el pescado, al transportador, y también más ampliamente, afecta a los campesinos ya que la gente no tiene dinero para pagar los alimentos cultivados.
Como si todo lo anteriormente descrito fuera poco, Emgesa ha establecido Amparos Policivos (decreto presidencial 1575 de 2011), argumentando que la ronda de la represa Betania y el río Magdalena son propiedad privada y pretende desalojar con el uso de la violencia a 1000 familias de la ronda de Betania. Estas medidas afectan en gran medida a las familias de pescadores y a los pescadores enranchadxs. Asoquimbo, argumenta que estas solicitudes son violatorias del debido proceso, del derecho al trabajo y a una vida digna e igualmente un atentado contra la Ley 13 de 1990 o Estatuto General del Pescador que en su artículo 3 declara la actividad pesquera como una actividad de utilidad pública e interés social. Ignacio Antonio Ramos informa “que los están desalojando a la fuerza, les quemandoles las ranchas y tachandolos de invasores y que por esa razón no les van a dar nada por esas tierras”. Aquí el testimonio del señor Rogelio Luna que lleva 22 años pescando y viviendo en la ribera del Magdalena, de otro pescador que señala como la fuerza pública cuida los intereses de las multinacionales y de Luisa Fernanda Hueje que también vive enranchada y quien considera que están siendo desplazados por Emgesa y el Estado colombiano:
Por todas estas razones, lxs pescadores se han organizado para denunciar la crisis humanitaria y alimentaria que padecen por la doble afectación derivada de la Central Hidroeléctrica de Betania y ahora por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y junto con otras organizaciones que los apoyan en la ruta jurídica, siguen luchando por la defensa de sus territorios y su forma de vida. Exigen que se incluyan sus casos en el censo en reconocimiento de su condicion de afectadxs, que se suspendan las solicitudes de amparos policivos para desalojos adelantados por parte de Emgesa y que se suspendan las obras para poder garantizar los derechos humanos de las comunidades.
“Seguimos luchando hasta el día que nos den las compensaciones, y tengamos el censo a ver que nos puede salir una cosa importante…y se vayan del territorio. Porque no vamos a descansar hasta que nos dejen libre el territorio, los ríos libres para nosotros trabajar y tener el sustento. Así estamos porque no vamos a quedarnos quietos. Vamos a seguir con las marchas, hasta donde el Señor bendito nos tenga una buena salud y vida, para completar con lo que tenemos nosotros en este momento de trabajo, que es el Magdalena.”
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-135 de marzo de 2013, notificada en febrero de 2014, ordenó a Emgesa la realización de un nuevo censo de afectados por el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, garantizando la participación efectiva de todas las poblaciones y el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y, en especial, a Una Vida Digna, El Mínimo Vital y el Trabajo.
La Empresa desacata la decisión del Alto Tribunal en connivencia con la ANLA, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y anunció nuevos desalojos de pescadores y la expropiación de pequeños campesinos a quienes se les ha negado el reasentamiento y la continuidad de sus proyectos de vida.
¡Ni un río más para la hidroeléctricas!
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
