54 organizaciones de Guatemala, América Latina, los Estados Unidos, Canadá y Europa entregaron una carta al embajador de los EEUU en Guatemala, Luis Arreaga. Las organizaciones expresaron su preocupación ante la intervención del gobierno de los EEUU acerca del caso en contra de la mina de plata de Tahoe Resources, un proyecto asociado con numerosos y bien documentado violaciones de derechos humanos. Actualmente, las operaciones mineras están suspendidas mientras la Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite una resolución definitiva que pueda resultar en el cierre permanente de la mina por discriminación contra el pueblo indígena Xinca y por la falta de consulta previa.
El 21 de mayo, la embajada de los EEUU publicó un comunicado de prensa que instó a la Corte a emitir una resolución final, haciendo referencia a la importancia del Organismo Judicial para crear un clima de inversión estable para explotar los abundantes recursos naturales de Guatemala. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo el país y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la embajada de los EEUU es reprensible.
Lea la cronología de los esfuerzos de cabildeo de Tahoe Resources y las intervenciones del gobierno de los EEUU en nombre de la empresa aquí.
NISGUA ha acompañado a las comunidades de Santa Rosa y Jalapa en resistencia pacifica de al mina desde 2011.
11 de junio de 2018
Embajador Luis Arreaga, Embajada de los EEUU en Guatemala
CC: Mike Pompeo, Secretario del Estado de los EEUU
CC: Embajadora Deborah Chatsis, Embajada de Canadá en Guatemala
CC: Jennifer Echeverría, Oficial de Programas de Grupo Filtro
RE: Interferencia en tribunales guatemaltecos a favor de los recursos de Tahoe
Estimado Embajador Arreaga,
Las organizaciones abajo firmantes están profundamente preocupadas por la continua interferencia del gobierno de los EEUU y las amenazas de demandas internacionales, ya que un tribunal guatemalteco suspendió provisionalmente la mina de plata, El Escobal, de Tahoe Resources en el sureste de Guatemala. La mina ha sido suspendida por orden del tribunal desde julio de 2017 en respuesta a una demanda presentada contra el Ministerio de Energía y Minas por discriminación y por no haber obtenido el consentimiento previo del pueblo indígena Xinka. Un mes antes, en una iniciativa independiente liderada por la comunidad, los residentes de cinco municipalidades comenzaron una protesta pacífica en el camino que conduce a la mina por preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. La protesta efectivamente detuvo la actividad minera y continúa hasta la fecha.
Desde entonces, congresistas estadounidenses, representantes del Departamento de Comercio de los EEUU y la Embajada de los EEUU en Guatemala han realizado esfuerzos extraordinarios para influir en el resultado de la demanda a favor de Tahoe Resources. En varias ocasiones, los funcionarios estadounidenses han reforzado y repetido el discurso problemático de la empresa a través de la comunicación directa con el presidente guatemalteco, en cartas internas escritas por el congresista estadounidenses Mark Amodei y senador estadounidense Dean Heller que la empresa hizo públicas, y en una carta del Congreso instando al gobierno a hacer más para mejorar el clima de inversión para las empresas de los EEUU.
El 21 de mayo de 2018, la Embajada de los EEUU en Guatemala emitió un comunicado de prensa destacando la importancia de la extracción de recursos naturales y pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que “dictamine sin demora” la resolución final en el caso de Tahoe. Dada la abrumadora oposición a la minería en todo Guatemala y el patrón de conflicto y violencia asociado con el proyecto de Tahoe en particular, la declaración de la Embajada de los Estados Unidos es reprensible. El esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos por interferir con la independencia del poder judicial guatemalteco está fuera de lugar y pone a los defensores y las defensoras del medio ambiente y los líderes y las lideresas indígenas que se oponen legítima y pacíficamente a los proyectos mineros en mayor riesgo de represión.
Si bien la intervención de los EEUU en los procesos judiciales independientes de Guatemala es fundamentalmente errónea, Tahoe Resources ha hecho cabildeo para y afirmó que la intervención de los EEUU inclinará la decisión del tribunal a su favor. El 25 de septiembre de 2017, el CEO de Tahoe Ron Clayton comentó que, a pedido de Tahoe, el gobierno de los Estados Unidos “tuvo una gran influencia incluso en esta última decisión judicial”, refiriéndose a la intervención estadounidense en el fallo del Corte Suprema de Justicia de Guatemala a principios de mes, que temporalmente restableció la licencia de explotación de la empresa.
Exacerbando el clima de conflicto y la presión sobre los tribunales es la amenaza del arbitraje internacional. El 8 de mayo de 2018, el International Law Institute, con sede en Washington, presentó un escrito a la Corte de Constitucionalidad indicando el riesgo de arbitraje internacional en caso de que la corte no le permita a Tahoe Resources continuar operando su mina plagada de conflictos. El escrito fue presentado por abogados guatemaltecos, cuya firma representa a la subsidiaria de total propiedad de Tahoe Resources en Guatemala, Minera San Rafael. Poco más de una semana después, el 16 de mayo, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Nevada, notificó su intención de demandar al gobierno guatemalteco en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) por lo menos $300 millones. KCA fundamenta su reclamo en la suspensión de la Corte de Constitucionalidad de su mina de oro, El Tambor, en 2016 por falta de consulta previa con las comunidades afectadas, por la suspensión de su licencia de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas y por una supuesta falta de protección estatal para la empresa contra las protestas comunitarias las cuales reclama que obstruyen trabajo de explotación a futuro.
Tal interferencia, a través del cabildeo hacia el gobierno de los EEUU y las amenazas de costosas demandas internacionales contra el gobierno guatemalteco, solo sirven para escalar las tensiones y arrojar dudas sobre la independencia judicial de Guatemala. Estas acciones aumentan la amenaza de violencia y represión contra las comunidades indígenas y no indígenas opuestas a la mina de Tahoe Resources, así como los riesgos de la resistencia pacífica en curso al proyecto Tambor de KCA.
Encontrar “una solución de beneficio para todos”, como dice el comunicado de la Embajada de los EEUU, no debe ser la prioridad de la Corte de Constitucionalidad. Más bien, se debe garantizar a las comunidades afectadas el debido proceso relacionado con la discriminación y la violación de su derecho a la autodeterminación.
A medida que la Corte de Constitucionalidad evalúe este caso, la Embajada de los EEUU, las empresas mineras y sus asociados, deben detener la interferencia dirigida a presionar a la Corte para que falle a favor de Tahoe. Instamos a la Embajada a que se retracte de su comunicado más reciente y tome medidas concretas para apoyar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que actualmente están en mayor riesgo por defender legítima y pacíficamente su tierra, su agua y sus medios de subsistencia.
Atentamente:
GUATEMALA
Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala
Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza – CODIDENA
Colectivo Vida Justicia
Consejo del Pueblo Maya (CPO)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Para La Promoción Y El Desarrollo De La Comunidad “Ceiba”
Asociación Q’anil, Guatemala
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
ESTADOS UNIDOS
Amnesty International
Casa Baltimore/Limay
Earthworks
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Guatemala Solidarity Project
Human Rights Defenders Project
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oberlin Students in Solidarity with Guatemala (OSSGUA)
Rights Action (U.S. & Canada)
Rochester Committee on Latin America (ROCLA)
Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA)
Students for Energy Justice (SEJ)
Swift Foundation
CANADÁ
Atlantic Regional Solidarity Network
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Education in Action Café Justicia Ottawa
Guatemala Research Group (GRG), at University of Northern British Columbia
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
Mining Justice Action Committee (MJAC)
Mining Justice Alliance
MiningWatch Canada
Projet accompagnement Québec-Guatemala
Socialist Project
Todos por Guatemala-Canada
Tzijolaj Guatemala-Canada
United for Mining Justice
University of British Columbia Social Justice Centre & Co-chair, Jacob Fischer-Schmidt
AMERICA LATINA
Procesos Integrales Para La Autogestión De Los Pueblos
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)
The Oscar Romero Christian Network in Solidarity with the Peoples of Latin America (SICSAL)
EUROPA & AUSTRALASIA
Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo
Asociación Ecologista Verdegaia
Asociación galega Cova Crea
ContraMINAcción, Rede contra a minaría destructiva na Galiza (20 organizaciones de Galicia)
Guatemala Solidarity Network (GSN)
Peace Watch Switzerland (Switzerland)
Protection International
Salva la Selva
Sí a la Vida No a la Minería/ Yes To Life No To Mining YLNM (64 organizaciones internacionales)
Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR)
Wellinngton Zapatista Support Group
