El pasado viernes 27 de marzo de 2015 fueron desalojadas de manera forzosa, por solicitud del grupo EPM, más de 81 habitantes de la playa La Arenera, que habían habitado ancestralmente, las riberas del cañón del rio Cauca, donde encontraban su sustento a través del barequeo, la pesca y la agricultura tradicional. Estas comunidades han desarrollado su vida en el rio de manera trashumante en razón de las necesidades de subsistencia y el ciclo vital de río. Dentro del grupo de personas desalojadas se encontraban menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
Varias de estas familias son, a su vez, víctimas de la violencia y de desplazamiento forzado, provocado en su mayoría por grupos paramilitares, fueron desalojadas en un operativo adelantado por la Inspección de Policía del Municipio de Toledo, en un proceso policivo promovido por Empresas Públicas de Medellín que, desde su inicio, ha vulnerado los derechos fundamentales de las familias, de las víctimas, la especial relación de comunidades barequeras con su territorio y la normatividad internacional establecida para desalojos por proyectos de desarrollo. Estos hechos constituyen este desalojo en un desplazamiento por el desarrollo, además de una clara revictimización de la población
El proceso policivo que culminó con el desalojo no se adelantó con un censo real e imparcial que diera cuenta de la ocupación de los poseedores ancestrales, su forma de habitación y su condición de víctimas de desplazamiento forzado y del conflicto armado. No existió un proceso efectivo de censo de ocupadores y tampoco planes preventivos para atender la situación de vulnerabilidad provocado por este procedimiento, no hubo alternativa alguna para las comunidades, no se garantizó la reubicación, medidas de compensación, reparación de daños y activación de nuevos proyectos de vida. No se informo la fecha y hora exactas lo que condujo a que la comunidad perdiera parte de sus enseres incluso oro producto de su trabajo artesanal.
En la diligencia del viernes, en la que no se hizo presencia la Procuraduría, la Inspectora acompañada de un amplio número de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, que rodearon el lugar intimidando a los habitantes, ordenó a las familias desocupar en “tres horas” la playa. Sin responder con claridad a las preguntas y solicitudes de los habitantes tradicionales del río Cauca, ni de los defensores de Derechos Humanos que se encontraban en el lugar y pretendiendo que estos se dirigieran hasta las instalaciones de EPM para realizar el acta de la diligencia.
Posteriormente, la inspectora abandonó el lugar luego de que las familias se negaran a desplazarse en grupos a diferentes municipios. Las familias y el Movimiento Rios Vivos han exigido la reubicación colectiva que tenga en cuenta la vida comunitaria desarrollada antes de este desalojo y la situación de riesgo y el contexto de la zona.
En consecuencia, las familias tuvieron que, como pudieron, sacar sus enceres a la carretera, en donde continuaron haciendo presencia efectivos del ESMAD, acompañados de hombres armados sin uniforme ni identificación, Policia Militar y hombres del Ejercito Nacional hasta avanzadas horas de la noche. En la madrugada de sábado llegaron al municipio de Ituango en donde se encuentran desde entonces sin ayuda humanitaria y sin alojamiento porque la Gobernación de Antioquia (Accionista mayoritaria de la obra) interpreta que esto no es un desplazamiento y por lo tanto no entrega las ayudas.
El Movimiento Ríos Vivos, las víctimas de desplazamiento por el desarrollo de Hidroituango y organizaciones acompañantes urgen a las autoridades nacionales a atender la situación humanitaria de las familias desplazadas y establecer, de manera urgente, un espacio de dialogo que reconozca y garantice los derechos de las victimas del desplazamiento por represas.
Es urgente resolver de fondo la grave situación de los medios de vida para cientos de familias que dependen del barequeo en el Cañón del Río Cauca y que con el desplazamiento se quedaron sin sustento.
Fuente :
