Canadá exportó armas a Perú por valor de 81,4 millones de dólares estadounidenses entre 2014 y 2021
Amnistía Internacional pide al gobierno canadiense que suspenda la venta de armas a Perú a la luz de la represión mortal del Estado peruano contra manifestantes pacíficos desde diciembre de 2022.
Según informes, la violenta represión por parte de las fuerzas policiales y militares peruanas de las numerosas protestas que han tenido lugar desde la detención y sustitución del ex presidente Pedro Castillo ha dejado al menos 49 muertos y más de mil heridos. Amnistía Internacional ha calificado la represión de «racista» porque se dirige de forma desproporcionada contra los pueblos indígenas, que históricamente han sufrido discriminación, desigualdad de acceso a la participación política y negación de sus derechos humanos.
En las reuniones que mantendrá con funcionarios canadienses en Ottawa a finales de esta semana, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, insistirá en la urgencia de poner fin a la venta de armas a su país. «El cruel desprecio del Estado por la vida y los derechos de su pueblo debería ser una llamada de atención para cualquier país que haya vendido o tenga previsto vender armas a Perú», ha declarado. «Si no pone fin de inmediato a la venta de armas a Perú, Canadá corre el riesgo de alentar nuevos ataques racistas mortales contra manifestantes y sus derechos a la libertad de expresión y reunión».
«La continua venta de armas de Canadá a Perú pone en tela de juicio sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos», añadió Navarro. Según el Tratado sobre el Comercio de Armas, del que Canadá es signatario, el gobierno no puede autorizar la exportación de armas si existe el riesgo de que éstas puedan utilizarse para cometer, o facilitar la comisión de, graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, y estos riesgos no pueden mitigarse.
Según datos publicados por el gobierno canadiense, entre 2014 y 2021 Canadá exportó a Perú bienes y tecnología militar por valor de 81,4 millones de dólares (se espera que los datos correspondientes a 2022 se publiquen a finales de mayo). El mayor componente, con diferencia, fue la venta de 32 vehículos blindados LAV II en 2016 por 67 millones de dólares.
Amnistía Internacional no ha confirmado de forma independiente si se han desplegado armas adquiridas en Canadá contra manifestantes en Perú. Sin embargo, observamos que en cinco de los ocho años de los que se dispone de datos, Canadá ha exportado armas o componentes de armas de fuego a Perú, incluidas 25 ametralladoras pesadas en 2016. Además, en 2018, 2019 y 2020, las ventas de armas a Perú incluyeron «agentes químicos», «agentes biológicos», «agentes antidisturbios», material radiactivo y equipo, componentes [o] material conexos.»
A principios de 2023, una investigación del equipo de crisis de Amnistía Internacional determinó que las fuerzas armadas y la policía nacional de Perú habían hecho uso ilegal y, en ocasiones, indiscriminado de fuerza letal y menos letal contra manifestantes, especialmente indígenas y campesinos (trabajadores agrícolas). Este primer informe de Amnistía Internacional documentó la muerte por disparos de 12 personas durante la represión. El equipo también encontró indicios que sugieren un uso intensivo de munición potencialmente letal, así como de gases lacrimógenos, que también pueden resultar letales si se utilizan indebidamente o si las granadas se lanzan directamente contra el cuerpo. El informe documentó la muerte de una persona, alcanzada en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno, e informó de decenas de lesiones causadas por armas menos letales.
El 30 de marzo de 2023, las secciones francesa e inglesa de Amnistía Internacional Canadá enviaron una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, para plantear las implicaciones de la exportación de armas a Perú para los derechos humanos.
«La gravedad de nuestras conclusiones iniciales y la realidad de la represión en curso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra la población civil en Perú, así como las obligaciones de Canadá en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, exigen que suspendamos cualquier nuevo permiso de exportación de material militar a Perú hasta que Canadá pueda garantizar que no se utilizará para cometer violaciones de derechos humanos». En la carta, escrita por France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Canadá Francófona, y Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá Anglófona, se afirma que «el gobierno aún no ha tomado ninguna medida para detener la exportación de artículos militares a Perú».
Hasta la fecha, el gobierno canadiense no ha respondido a la petición de Amnistía Internacional de detener las exportaciones de armas a Perú. «El silencio del gobierno canadiense sobre la venta de armas a Perú es ensordecedor, pero no es demasiado tarde para hacer lo correcto», ha declarado Navarro, que se reunirá el jueves con representantes de Global Affairs Canada. «Esto es lo más importante que Canadá puede hacer para proteger a los peruanos cuyas vidas y derechos están en peligro».
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