Reportaje publicado por Le Monde (Anne Vigna) el 1 de mayo de 2023
En los últimos años han aumentado los conflictos entre las poblaciones locales e industriales como Danone, Nestlé o Coca-Cola. La causa: la disminución de la disponibilidad de agua, o incluso el agotamiento de los recursos hídricos. El Presidente quiere reformar la legislación con vistas a modificar el régimen de concesiones.
Las paredes de la planta embotelladora de agua se han pintado de blanco, pero el revoque no disimula bien las letras negras, una de las cuales sigue siendo claramente visible y está escrita en grandes caracteres: «Danone criminal». En San Juan Crisóstomo Bonilla, en el estado de Puebla, a tres horas al este de Ciudad de México, policías armados con rostros enmascarados reciben a los visitantes cuando se acercan demasiado a la entrada de la fábrica. Su aspecto puede resultar amenazador, pero en realidad sólo custodian un «cascarón vacío»: una fábrica ya cerrada, tras haber sido ocupada durante once meses en 2021 por los habitantes de veinte pueblos de la región para cerrar el pozo.
Entre los edificios, todavía hay bidones de agua de plástico naranja: un color muy conocido en México, el de la marca Bonafont, propiedad del grupo alimentario francés Danone, mientras que los de sus competidores (Coca-Cola, Pepsi, Nestlé) son azules. En este país de 130 millones de habitantes, los envases de 20 litros de agua potable se encuentran en la gran mayoría de los hogares y, en particular, los de la marca Danone (450 millones producidos en 2022).
De hecho, Bonafont es la empresa líder del mercado de agua embotellada en México, con el 38% de las ventas, seguida de Ciel, filial de Coca-Cola (25%), y EPura, marca del grupo PepsiCo (19%), según el economista Raúl Pacheco-Vega. El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas estima que estas tres multinacionales controlan juntas el 82% del sector en el país. Sin embargo, conflictos como el de San Juan Crisóstomo Bonilla podrían poner en peligro los excelentes resultados que Danone está obteniendo aquí en el sector del agua -un 6% más de facturación en Latinoamérica para el primer trimestre de 2023.
Para explicar la batalla en esta localidad poblana, Fidel López, agricultor, se afana en mostrarnos las pilas de agua bajo la sombra de altos árboles, donde los niños se refrescan ruidosamente. «Como ven, ahora el nivel es de 1,70 metros, frente a los 30 centímetros que había cuando se construyó la fábrica de Danone. En menos de dos años, nuestras fuentes de agua han recuperado un nivel correcto, aunque no sea el original», explica el agricultor de 76 años, señalando un terraplén que correspondería a las orillas originales.
«Antes teníamos árboles frutales»
Un poco más allá, se detiene frente a los canales que serpentean entre los campos de maíz y judías. «Volvemos a tener berros creciendo en el fondo. Es una planta que había desaparecido totalmente con la escasez de agua y que usábamos mucho en nuestra dieta», añade este hombre de piel morena, con rasgos característicos de los nahuas.
Estos canales, herencia de las técnicas agrícolas tradicionales de la región, «sólo tenían un hilo de agua hasta [2022]», dicen Camilo y Adela Tecpatl, una joven pareja de agricultores que participó activamente con Fidel en la ocupación de la fábrica. En las 3 hectáreas que poseen, Camilo y Adela ganan un magro salario con la venta de animales y mantienen maíz y frijoles para su propia subsistencia: «Antes teníamos árboles frutales cuya cosecha complementaba nuestros ingresos, pero tuvimos que arrancarlos por falta de agua. Ahora estamos pensando en replantar, porque volvemos a tener agua», dice Adela, sonriendo ampliamente.
De casa en casa, la historia es la misma: desde que se cerró la fábrica de Bonafont, el agua ha vuelto, cuando había caído a un nivel crítico. «Aquí todos tenemos pozos y en los últimos años hemos tenido que cavar cada vez más hondo para conseguir agua. Ahora es al revés: el nivel del agua vuelve a subir y tenemos que subir la bomba de agua», explica Camilo, ahora portavoz del movimiento Pueblos Unidos por la Defensa del Agua y de la Tierra, que ocupó la fábrica.
Tras un año de ocupación del lugar, en febrero de 2022, Danone recuperó la fábrica durante una operación de mano dura de las fuerzas del orden. Sin embargo, el grupo optó por no reactivar su pozo y, con él, el conflicto social y ecológico vinculado al uso de los recursos del acuífero del Valle de Puebla. En una nota enviada a Le Monde, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo encargado de los recursos hídricos en México, garantiza que la fábrica no podrá reanudar su actividad en ningún caso, a pesar de que existe «un procedimiento administrativo contra Danone por incumplimiento de las condiciones de la concesión».
El grupo alimentario niega ser el causante de la escasez de agua en la región y asegura, en un comunicado, que «las extracciones de agua de Bonafont representaron sólo el 0,09% del volumen para uso industrial en el acuífero del Valle de Puebla». Bonafont no es el único industrial que bombea de este acuífero, pero es difícil saber cuánto extrae.
Falta de información y transparencia
El colectivo Geo Comunes, que realiza estudios cartográficos para ayudar a las comunidades implicadas en conflictos judiciales, considera incluso que «es imposible conocer el volumen de agua extraído por la fábrica Bonafont». La empresa tenía tres concesiones sobre este acuífero, inscritas en el registro público de derechos de agua, pero dos de ellas no indican ninguna cantidad. «Una concesión indica una cifra de 105.000 metros cúbicos al año, mientras que, según los trabajadores de la empresa, la central extraía cinco veces esa cantidad, unos 500.000 metros cúbicos al año», añade el colectivo, que reúne a investigadores y especialistas en temas de agua y energía.
A la ONG mexicana Cantaro Azul, experta en acceso al agua, no le sorprende encontrar información contradictoria sobre las concesiones de Danone: «Esta falta de información y transparencia sobre las concesiones es, por desgracia, habitual en México. La Conagua no sólo desconoce muchas veces la cantidad de agua que una empresa puede extraer, sino que realiza muy pocos controles y nunca limita el bombeo de un acuífero, aunque esté sobreexplotado», señala Mónica Olvera Molina, una de las directoras de esta ONG y autora, junto con otros investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un informe sobre el dominio de la industria sobre el agua, que se publicó en noviembre de 2020.
Según el informe, ese año se localizaron en acuíferos sobreexplotados 120 concesiones de agua para la industria (alimentaria, automotriz o minera) que son fuente de un conflicto de uso con la población local. «A medida que el estrés hídrico sea una realidad en México, con alrededor de 115 acuíferos [de 653] actualmente no disponibles, los conflictos por el agua serán cada vez más frecuentes», pronostica Mónica Olvera Molina.
En los últimos años, y sólo en el sector del agua embotellada, la población local se ha opuesto a la presencia de Danone y Nestlé en Puebla, de Coca-Cola en el estado de Chiapas y de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, capital del estado de Baja California. En cada caso, la disminución de la disponibilidad de agua, o incluso el agotamiento de los recursos hídricos, está en el origen de la disputa.
Fuerte presión de la sociedad civil
En México, el volumen total de agua concedido a la industria embotelladora -354 hectómetros cúbicos (hm3) al año- representa el consumo de 9,7 millones de personas, tomando como referencia la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 100 litros por persona y día. Según Geo Comunes, el agua embotellada consume anualmente menos que la industria minera (entre 387 y 482 hm3 al año) y la inmobiliaria (422 hm3), pero más que la alimentaria (245 hm3) o la petrolera Pemex (224 hm3).
Para distribuir mejor el agua y tener en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, los especialistas abogan por una reforma de la ley de aguas, instaurada en 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, de tendencia liberal. Esta ley otorga concesiones a las industrias -denominadas «grandes usuarios»- sin conocer siquiera de antemano la disponibilidad del acuífero. Según el movimiento social Agua para todos, esta legislación ha provocado el acaparamiento y la sobreexplotación por parte de estos «grandes usuarios» de casi la mitad de las cuencas y acuíferos de México en los últimos treinta años.
El 28 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (centro-izquierda) envió al Congreso un proyecto de reforma de esta legislación con el fin de modificar el régimen de concesiones, a pesar de que, desde 2020, la Constitución mexicana considera el agua y el saneamiento como derechos humanos inalienables en su artículo 4. «Por supuesto que nos preocupa el cabildeo de la industria sobre los diputados. Pero al mismo tiempo hay una fuerte presión de la sociedad civil para no aceptar una ley que no garantice un acceso más equitativo al recurso», dice María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea por el Agua en Puebla.
En este estado, los habitantes de San Juan Crisóstomo Bonilla aseguran que Bonafont ya no sacará ni una sola lata: «Ni siquiera queremos que conviertan la planta en un centro de distribución, porque eso nos haría cómplices del robo de agua a otros territorios», explica Camilo Tecpatl.
Ahora, los Pueblos Unidos por la Defensa del Agua y la Tierra organizan su tercera caravana a los estados vecinos para apoyar a las comunidades que también sufren escasez de agua. «Nos dimos cuenta de que no podíamos enfrentarnos solos a multinacionales como Danone», añade su mujer, Adela. Adela muestra fotos, entre ellas una de una manifestación frente a la Torre Eiffel y la sede de Danone en noviembre de 2022 en París. Con los puños en alto, los manifestantes llevaban una gran pancarta en la que se leía «No es sequía, es saqueo».
