Publicado por Gabriela Ruiz Agila, Pie de Página, el 13 de abril de 2024
La madrugada del 13 de abril la sede de una federación de pueblos indígenas fue atacada por grupos promineros. stos actos violentos son efecto de la imposición de las empresas mineras y el Gobierno Nacional quienes han generado división y conflicto al interior de las comunidades shuar.
MORONA SANTIAGO, ECUADOR.- La sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) fue atacada con piedras, dinamita y bombas molotov el pasado 12 de abril, denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La violencia generada por la minera Solaris Resource y el Gobierno Nacional en territorio shuar fue desencadenada tras la firma de contratos mineros durante la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC) llevada a cabo en marzo.
El presidente Daniel Noboa promocionó al Ecuador como destino minero para explotar oro y cobre pero sin ninguna consulta previa a la población como manda la Constitución del Ecuador en el artículo 57 para actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios y que puedan afectarles.
La FICSH representa a los pueblos shuar arutam, quienes han ratificado su postura de defensa a los territorios colectivos. Estos actos violentos son efecto de la imposición de las empresas mineras y el Gobierno Nacional quienes han generado división y conflicto al interior de las comunidades shuar, acusa en un comunicado la CONAIE. Responsabilizan a la minera Solaris Resources Inc. y al gobierno del presidente Daniel Noboa por la integridad y la vida de los miembros de la nacionalidad shuar.
Autoritarismo y criminalización
En entrevista para Pie de Página, Leonidas Iza, líder de CONAIE, se refirió al asalto en la embajada de México en Ecuador como un “acto facista” que pone de manifiesto el autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa. Las prácticas autoritarias y violentas se repiten de manera sistemática en territorios de los pueblos indígenas como Palo Quemado y Las Palmas en la provincia de Cotopaxi.
En marzo el gobierno envió fuerzas de seguridad para acorralar a los comuneros de Palo Quemado y obligarlos a autorizar la consulta previa. En Palo Quemado el gobierno proyecta la extracción de minerales como el cobre, oro y plata a cargo de la minera La Plata de la empresa canadiense Atico Mining.
Esa minera denunció a 72 comuneros, acusándolos de “terroristas” por su oposición al proyecto minero. Indigenous Peoples Rights International (IPRI) hizo un llamado a proteger los derechos de los pueblos indígenas que son “víctimas de criminalización e impunidad, afectadas por estos hechos de represión”.
Ataques del 12 y 13 de abril
Durante la madrugada del 13 de abril grupos promineros lanzaron bombas molotov contra la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) en Sucúa. Intentaron amedrentar a la nueva directiva de la FISCH encabezada por Domingo Ankuash, posesionada tras la destitución de David Tankamash quien apoyó a la minera Lowell en la feria minera de Canadá a la que fue invitado por Lowell Mineral Exploration, empresa que le costeó el viaje.
Pese a la violencia, la Policía Nacional no ha intervenido. En un video publicado por el Frente Antiminero se graba a un grupo de policías cruzados de brazos observando el ataque contra la sede de la FiCSH. ¿Hay órdenes de no intervenir?
Los graves enfrentamientos se producen entre hermanos, miembros del pueblo shuar y generan una “grave división” provocada por la minera Solaris Resource Inc., señaló el Frente Nacional Antiminero.
Una lucha larga contra las transnacionales mineras
El 29 de febrero de 2024, las comunidades que componen el pueblo shuar Arutam presentaron ante la Comisión del Mercado de Valores de Canadá una denuncia contra la minera Solaris Resources por el proyecto de cobre y oro en Warintza, en la provincia de Morona Santiago en la Amazonía ecuatoriana.
La minera Solaris solo cuenta con el apoyo de dos de las 47 comunidades de la zona de Warintza, territorio shuar artutam, lo que viola el derecho a la consulta previa. La comunidad denuncia la intención de venta del proyecto Warintza a la empresa china Zijin Mining Group.
Desde la década de los noventas, los shuar enfrentan a las empresas transnacionales: la minera BHP Billiton en 1999, la empresa Current Resources que administró el proyecto Cóndor Mirador en 2000; la minera Lowell Mineral Exploration adquirió Warintza en 2003.
En 2016, ocho familias que resistían a la instalación del campamento minero La Esperanza, perteneciente a la empresa china ExplorCobres o EXSA, fueron desalojadas de Nankintz con violencoa por policías y militares.
En noviembre de 2006, habitantes de la comunidad shuar de Warints, llegaron con lanzas y escopetas hasta el campamento de la empresa canadiense Lowell Mineral Exploration y exigieron que abandonen su territorio. La canadienses Corriente Resources fue dueña de EXSA y expulsada de este territorio.
Dignidad y fuerza
La PSCHA nació en 2006 en oposición a la actividad minera en territorios shuar, año en el que PSCHA exigió a la empresa Lowell a abandonar el territorio antes del de noviembre produciéndose un enfrentamiento con el ejército, con sobrevuelos en sus territorios.
En 2019, la empresa Solaris Resources adquiere el proyecto Warintza a través de Lowell Mineral Exploration. En 2021, PSHA denunció a Solaris Resources en otra carta al Pacto Mundial de la ONU después de que Solaris fuera parte de la iniciativa que reúne empresas que se comprometen a respetar los derechos humanos y el medio ambiente.
Otros líderes del pueblo Shuar Arutam han sido amenazados y criminalizados. Josefina Tunki, la primera presidenta de PSCHA, denunció en junio de 2021 el desalojo por parte de la empresa Solaris y la contaminación de los ríos Napo, Zamora y Santiago.
“Si siguen molestándome con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”, fueron las amenazas que presuntamente Federico Velásquez profirió a Josefina Tunki. En diciembre de 2020, Tunki presentó una denuncia en la Fiscalía de lo Penal de Sucúa contra la empresa Solaris y su Gerente Federico Velásquez por amenaza e intimidación.
En enero de 2021, PSHA y la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una federación sindical global que reúne a más de 700 sindicatos en 154 países, presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo en contra del Estado ecuatoriano, por haber incumplido con el Convenio 169.
Alerta a la comunidad internacional
Se han solidarizado con los Shuar otros pueblos como la nación siekopai, los waoranis de Pastaza, la Comisión Ecunémica de Derechos Humanos que hizo un llamado a las autoridades del Ministerio del Gobierno y del Ministerio del Interior a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de las comunidades shuar que durante años han sido afectadas por la injerencia minera que ha generado división y conflictividad social.
El 4 de marzo de 2024 organizaciones ambientales y sociales rechazaron la promoción del Ecuador como destino minero en una carta dirigida a Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador.
Citaron varios ejemplos de afectaciones al medio ambiente y prácticas que dividen a las comunidades para expandir los negocios de empresas canadienses en territorios indígenas. Estos son los casos de la empresa Natural Resources en Pacto en el Chocó Andino o la petrolera Grand Tierra Energy en la provincia de Sucumbíos.
Fuente : https://piedepagina.mx/pueblo-shuar-arutam-en-ecuador-amenazado-por-intereses-mineros/
