Publicado por Nathalie Quan, Prensa comunitaria, el 15 de agosto del 2024
Siete años después de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el caso sigue envuelto en un manto de impunidad. Con la reciente liberación de Lucinda Marroquín bajo medidas sustitutivas, la justicia para las 41 niñas fallecidas y las 15 sobrevivientes parece cada vez más lejana, dejando a las familias en un doloroso limbo y a la sociedad guatemalteca con un profundo sentimiento de indignación.
Siete años y cinco meses después, este miércoles 14 de agosto, la Sala Segunda de Apelaciones ordenó la libertad condicional como medida sustitutiva de Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), quien desde 2017 ha estado en prisión preventiva en relación con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por el crimen cometido contra 56 niñas el 8 de marzo de 2017.
Marroquín enfrentaba cargos por homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.
Durante el proceso penal, se reveló que Marroquín tenía en su poder la llave del candado que mantenía encerradas a las niñas durante los nueve minutos cruciales en que ocurrió la masacre. A pesar de las súplicas de algunas agentes bajo su mando, se negó a abrir la puerta, y fue citada diciendo: “Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir.”
Este acto, según la Fiscalía, contravenía su deber como miembro del aparato de seguridad del Estado, que consistía en prevenir el daño y prestar auxilio a las menores. Marroquín, quien tenía la responsabilidad de garantizar la protección y el bienestar de las niñas, se convirtió en una figura clave en el trágico desenlace.
“Yo no soy un monstruo, soy un héroe”
En su declaración, Marroquín defendió sus acciones, afirmando que no era un monstruo, sino una persona de buen corazón, madre y profesional. Alegó que las declaraciones de sus compañeras en su contra fueron resultado de presiones ejercidas por el Ministerio Público (MP) durante los interrogatorios, afirmando que ella misma había sido víctima de este acoso.
Marroquín se describió como una “héroe”, asegurando que fue gracias a ella que algunas niñas lograron sobrevivir. Según su relato, logró sacar a al menos 30 niñas del edificio en llamas, resultando ella misma herida en el proceso, y arriesgando su vida para salvarlas.
El Ministerio Público documentó las condiciones inhumanas a las que fueron sometidas las adolescentes desde el 7 de marzo de 2017, cuando pasaron más de ocho horas a la intemperie sin acceso a servicios básicos. Las evaluaciones médicas realizadas a las 15 sobrevivientes revelaron daños físicos y psicológicos significativos.
La Fiscalía en el 2017, sostuvo que hubo un abuso de autoridad al delegar el control del Hogar Seguro a la Policía, lo que culminó en la decisión imprudente y negligente de encerrar a 56 adolescentes en un aula con capacidad para 26 personas, bajo condiciones de hacinamiento que resultaron en una tragedia devastadora: 41 niñas fallecidas y 15 heridas.
La reciente decisión de la Sala Segunda de Apelaciones, que otorgó arresto domiciliario a Lucinda Marroquín, es solo una muestra más del debilitamiento del sistema de justicia. Esta misma Sala también liberó al ex subcomisario Luis Pérez Borja, otro de los principales acusados en el caso.
Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Jimmy Morales, expresidente de Guatemala entre 2016 y 2020. En el contexto de esta tragedia, se acusó a 12 personas, quienes actualmente están en libertad condicional bajo medidas sustitutivas:
- Carlos Rodas, exdirector de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, la Fiscalía de Femicidio sostiene que Rodas era responsable del cuidado integral de los menores, una obligación que presuntamente incumplió.
- Anahy Keller, ex subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia. Una de las máximas autoridades en el sistema de protección infantil, Keller tenía la responsabilidad de garantizar la vida y dignidad de las niñas bajo su resguardo. También se menciona una íntima amistad con Jimmy Morales.
- Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro. Se le acusó de no cumplir con su deber de velar por la seguridad de las niñas, niños y adolescentes bajo su tutela.
- Harold Flores, ex procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Se le señaló por omitir sus responsabilidades y funciones, lo que supuestamente contribuyó al maltrato de los menores y no garantizó su protección.
- Gloria Castro, exdefensora de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Se le imputó haber incumplido su función de proteger a los menores.
- Brenda Chamán, exjefa de Protección Especial contra el Maltrato. Fue quien aconsejó ubicar a las niñas en el aula donde ocurrió el incendio.
- Lucinda Marroquín, quien custodió a las niñas en el Hogar Seguro.
- Luis Armando Pérez Borja, ex inspector de la PNC. Estuvo a cargo de las decisiones fuera del Hogar Seguro, es acusado de llamar al cuerpo antimotines que habría ejercido violencia contra los adolescentes.
- Rocío Albany Murillo Martínez, jueza de Paz de San José Pinula. Que a pesar de haber sido informada del disturbio el 7 de marzo, llegó al Hogar Seguro hasta después del incendio, el 8 de marzo.
- Rolando Miranda, secretario del juzgado.
- Crucy Flor de María López, exmonitora, del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones. Se le acusó de utilizar gas pimienta contra las adolescentes, pese a no tener funciones en el Hogar Seguro.
- Ofelia Pérez Campos, exdirectora del área “Mi Hogar”. Se le imputó no haber atendido las necesidades de las niñas y delegar sus funciones a la Policía el 7 de marzo, en el área donde las adolescentes intentaron huir.
Siete años después, el caso sigue en la impunidad, con todos los implicados libres bajo medidas sustitutivas. Estos fallos representan un duro golpe a la búsqueda de justicia y son una afrenta directa a las víctimas, quienes siguen clamando por verdad y responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Guatemala. La liberación de todos los acusados bajo medidas sustitutivas simboliza, para muchos, un lamentable recordatorio de cómo la justicia se ha desvanecido, dejando el caso en un preocupante estado de impunidad.
