Publicado por Marcia Perdomo, Foreign Policy in Focus, 21 de marzo de 2025
Los extraordinarios privilegios corporativos en la política exterior y comercial de Estados Unidos están diseñados para ayudar a las empresas a ganar incluso cuando sus inversiones fracasan.
Se suponía que una asociación público-privada para mejorar la infraestructura de carreteras en Honduras iba a ser una bendición para el desarrollo económico. En cambio, rápidamente se convirtió en un acuerdo en el que todos salían perdiendo para una población ya empobrecida, y en una sombría advertencia sobre las normas de inversión que dan demasiado poder a las empresas.
Todo empezó en 2016, cuando el Gobierno propuso construir una autopista a lo largo de la costa norte de Honduras, con peajes que habrían aumentado los costes de transporte y otros precios para la población local.
La gente se levantó rápidamente para oponerse al proyecto, que amenazaba con elevar su coste de vida, además de agotar las arcas públicas. Aquellas primeras protestas se convirtieron en una acampada de 421 días contra las cabinas de peaje a lo largo de la autopista. En 2018, tras estas protestas, el Gobierno canceló el contrato del proyecto con una empresa llamada Autopistas del Atlántico (ADASA).
Pero tras cinco años de silencio, los inversores volvieron con ganas de venganza. Ahora, un grupo de inversores que incluye a ADASA, J.P. Morgan Chase Bank y un par de fondos de Goldman Sachs, presenta una demanda multimillonaria contra el país en un tribunal con sede en Washington D.C. por mucho más de lo que invirtió.
Han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco Mundial, para exigir a Honduras 179 millones de dólares, alegando un «incumplimiento de su contrato por la suspensión de la carretera de peaje ante las protestas de la comunidad y la cancelación del contrato en 2018», según The Corporate Assault on Honduras, un informe publicado en septiembre de 2024.
Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, explicó durante la presentación del informe que el sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) del que forma parte el CIADI permite a las empresas transnacionales presentar demandas que acallan las voces de las personas afectadas.
«Las 15 demandas activas contra Honduras son un ataque a las luchas por la dignidad, la justicia y la democracia. Estas demandas y el sistema que las permite son un ataque a la soberanía de Honduras y a la autodeterminación de las comunidades afectadas», afirmó Spring.
Indignación ciudadana
Como parte de la «Mesa de Indignación Ciudadana», Suyapa Majano e Idalia Carballo afirman que ni el clima ni las fuerzas armadas del Estado pudieron intimidar la lucha contra las casetas de peaje, que la gente consideró anticonstitucionales y violatorias de su derecho a la libre circulación.
Suyapa Majano recuerda que, para mantener el campamento de protesta, hacían turnos en los que participaban sobre todo mujeres. Celebraban cumpleaños a pie de carretera y, durante la Semana Santa, hacían el Vía Crucis, todo para demostrar su oposición a las cabinas de peaje.
«Nunca cejamos en la lucha», a pesar de que “varios hombres y mujeres fueron golpeados”, recibieron habitualmente gases lacrimógenos y fueron perseguidos por su protesta. «Hay estudiantes que también participaron, que recuerdo que tuvieron que huir». Los que permanecieron en el país fueron señalados por las fuerzas armadas represivas del Estado.
Idalia Carballo cuestiona la legalidad de utilizar peajes en carreteras que ya habían sido construidas y en las que no existen rutas alternativas que garanticen la libre circulación de los lugareños. «Pusieron las cabinas de peaje, pero no construyeron nada», afirma.
Carballo recuerda que el Gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández apoyó a Autopistas del Atlántico facilitando policías y militares para reprimir a la población que protestaba contra las cabinas de peaje.
Hernández -que desde entonces ha sido condenado en el estado de Nueva York por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos- promocionó el contrato del corredor turístico como un paso adelante para las infraestructuras del país, supuestamente para estimular el comercio, el turismo, la creación de empleo y reducir los costes de transporte.
Inicialmente, el contrato establecía que las cabinas de peaje solo podrían empezar a cobrar una vez finalizada la construcción. Sin embargo, en 2016 -cuando apenas se había completado el 10%- la empresa recibió la aprobación para empezar a cobrar a todos los vehículos que circulasen por la carretera. Esto activó los ingresos mínimos anuales garantizados -la diferencia entre los ingresos mínimos previstos y los ingresos obtenidos- previstos en el contrato. Como resultado, Honduras debe ahora a la empresa 110 millones de dólares, en lugar de los 42 millones anteriores, debido a la cancelación anticipada del proyecto, como explica The Corporate Assault on Honduras.
El fracaso de las asociaciones público-privadas
La demanda de Autopistas del Atlántico es sólo una de las 15 demandas de arbitraje actualmente en curso contra Honduras, promovidas en gran parte por inversores que se beneficiaron de decisiones tomadas tras el golpe de Estado de 2009, durante el periodo de la llamada narcodictadura. Muchas de estas demandas se han interpuesto al amparo de acuerdos de libre comercio y tratados de protección de inversiones que consagran extraordinarios privilegios corporativos. En este caso, la empresa puede recurrir a los Mecanismos de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) en virtud de su contrato de Asociación Público-Privada (APP).
«Vemos al menos tres demandas […] que corresponden a contratos de Asociación Público-Privada, que fueron negociados por [la antigua Comisión para la Promoción de la Asociación Público-Privada] en condiciones altamente perjudiciales para el erario [público]», explica Jen Moore, del Instituto de Estudios Políticos (IPS).
Las APP en Honduras fueron permitidas a través de la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas de 2010, que también creó la desaparecida Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (COALIANZA). La función de COALIANZA era promover, celebrar y supervisar contratos de APP entre el sector público y el privado, en los que participaran tanto empresas nacionales como transnacionales.
En 2019, COALIANZA fue desmantelada tras el allanamiento de sus oficinas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) bajo acusaciones generalizadas de corrupción. Anteriormente, en 2014, parte de las actividades de COALIANZA fueron declaradas secretas en virtud de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional o Ley del Secreto. Esto suscitó serias dudas sobre la escasa auditoría y supervisión de sus operaciones.
Otras dos demandas relacionadas con un contrato de Asociación Público Privada han sido presentadas contra Honduras por el Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) por 10 millones de dólares, muy recientemente desistido, y por Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. por 500 millones de dólares. Otro par de reclamaciones que probablemente correspondan a un contrato de APP fueron presentadas por International Container Terminal Services & Operadora Portuaria Centroamericana, pero la falta de transparencia en su caso hace que se desconozca la cuantía.
Moore señala que, aunque es difícil conocer los detalles de las demandas de arbitraje contra Honduras porque la documentación correspondiente sigue siendo confidencial, las empresas suelen actuar con uno de estos dos objetivos: en primer lugar, presionar a las autoridades para que cambien las normas o garanticen que las condiciones comerciales sigan siendo de su interés; y en segundo lugar, obligar a la población a indemnizar a los inversores por sus pérdidas, incluido el lucro cesante futuro.
Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, afirma que el sistema de solución de diferencias entre inversores y Estados ha sido muy criticado más allá de Honduras.
Señala que la decisión de Honduras de abandonar el CIADI en agosto de 2024 fue «un paso importante, pero no suficiente». Explica que «el CIADI es sólo uno de los varios centros de arbitraje mundiales disponibles, mientras que los tratados de protección de inversiones […] permiten a los inversores demandar al Estado en cualquier foro de arbitraje del mundo.»
El sistema ISDS se ha creado para mantener las reglas del juego a favor de las empresas a un gran coste para las personas y el interés público. El informe El asalto corporativo a Honduras insta a la abolición de estos privilegios corporativos exclusivos que se han concedido a través de tratados internacionales, así como en leyes y contratos nacionales, incluidas las Asociaciones Público-Privadas.
