(Montréal, 28 agosto 2013) – El 18 de agosto pasado, la petrolera canadiense Pacific Rubaiales Energy ha sido juzgada culpable de graves violaciones a varios derechos humanos por un tribunal popular colombiano. Representantes de organizaciones sociales canadienses y québécoises estuvieron presentes durante la presentacion de pruebas en Colombia y piden al gobierno canadiense tomar responsabilidades al respecto.
Canada ocupa el primer lugar
El objetivo de este Tribunal era juzgar el comportamiento de ciertas multinacionales extranjeras presentes en Colombia. Leila Celis, profesora en Sociología en la Universidad de Québec en Montréal (UQAM) y miembro del Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC) declara: «Cuando sabemos que Pacific Rubiales Energy es la más importante petrolera extranjera en Colombia y que la mayoría de crimenes y violaciones a los derechos humanos imputables al conflicto armado colombiano se concentran en las regiones de inversiones mineras y petroleras, no podemos más que cuestionar el rol de las empresas canadienses»
El acuerdo de libre comercio entre Canada y Colombia ha entrado en vigor en 2011. «Fuentes oficiales colombianas estipulan que 87% de refugiadxs internxs provienen de regiones de explotacion petrolera y minera, mientras que el 78% de los crímenes cometidos contra lxs sindicalistxs y el 89% de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas son allí perpretados también. Todo esto a pesar del hecho de que el gobierno candiense y las empresas canadienses afirman que el acuerdo de libre comercio contribuiría a hacer disminuir las violaciones de derechos humanos» a recordado Constance Vaudrin del Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL) y del Grupo de orientación política sobre las Américas del Consejo canadiense de la cooperación internacional. «Sobre el lugar, no es eso lo que hemos visto y escuchado».
Indígenxs desplazadxs, agua potable contaminada y hombre armados en cantidad
Uno de los casos más visibles de violación de derechos humanos de la parte de Pacific Rubiales es el del pueblo indígena Sikuani. “Sin consulta previa, aquella que está prevista en la legislación colombiana, lxs Sikuani han sido desplazadxs de sus territorios ancestrales. Además, una barrera de control está instalada sobre la carretera pública que lleva al campo petrolero de Pacific Rubiales, igualmente cerca de diferentes pueblos y reservas indígenas” menciona Amir Khadir, diputado de Québec Solidaire. La armada y las fuerzas policiales colombianas vigilan esta barrera. Con alrededor de 14000 trabajadorxs, Pacific Rubiales utiliza 6000 hombres armados (policía, armada y fuerzas de seguridad privada) para proteger sus instalaciones. “ No podemos imaginar la importante militarización de esta región tan poco poblada!” exclama el diputado.
Condiciones de trabajo deplorables y asesinato de un sindicalista.
Un acuerdo de cooperación en el ámbito laboral entre Canada y Colombia, entrado en vigor al mismo tiempo que el acuerdo de libre comercio, estipula que los dos Estados deben incorporar y proteger los principios y los derechos reconocidos por la Organizacion internacional del trabajo (OIT), como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. “Lxs trabajadorxs no pueden afiliarse al sindicato de su elección y continuar trabajando para la petrolera. Estas prácticas van claramente en contra del derecho laboral y sindical”, dice Guy Martin, de la Confederacion de sindicatos nacionales (CSN). “Lxs trabajadorxs afiliadxs al sindicato petrolero nacional no sólamente hacen frente a amenazas e intimidación, sino que uno de ellxs ha pagado con su vida”, continúa haciendo referencia al asesinato de Milton Parra, militante sindicalista, en diciembre de 2012. “Tres días después de la audiencia a Pacificic Rubiales Energy, otro líder sindical y su familia han recibido amenazas de muerte. Es muy preocupante”, ha señalado.
Responsabilidad del Estado canadiense.
No existe ningún marco legal para controlar las actividades de empresas canadienses en el extranjero. Estas están obligadas a respetar las leyes nacionales, pero nada se hace sobre el terreno para asegurar que lo hagan realmente o que respeten las convenciones internacionales. Alain Denault, autor de “Paraíso bajo la tierra” y “Negro Canada” -obra retirada de las librerías tras las presiones judiciales por parte de la minera canadiense Barrick Gold- insiste que “una legislación vinculante sea votada a fin de exigir a las empresas registradas aquí que respeten los acuerdos internacionales de Canada en materia de derechos humanos. El Estado debe investigar sobre numerosos casos de abusos y, el caso pertinente, imponer sanciones a las sociedades en cuestión”, concluyó.
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La delegación canadiense estuvo constituída por representantes de nueve organizaciones: el partido “Québec Solidaire”, la Confederación de sindicatos nacionales “CSN”, el Sindicato canadiense de comunicaciones, de la energia y del papel “SCEP”, la Alianza de la función pública de Canada (AFPC), el Grupo de orientación política sobre las Américas del Consejo canadiense de cooperación internacional “GOPA-CCCI”, el Sindicato de trabajadorxs de correos “STTP”, el Comité por los derechos humanos en América latina “CDHAL”, la Alianza de acción solidaridad Colombia “CASA-Toronto” y el Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia “PASC”.
(sólamente disponible en francés) Pueden leer en fichero adjunto el Informe elaborado por PASC sobre la delegacion canadiense en Colombia para participar en la audiencia pública contra la petrolera Pacific Rubiales Energy en el marco del Tribunal popular sobre las políticas extractivas en Colombia (Agosto 2013)
