El 10 de enero, la Oficina del Defensor Público de la Unión, a través de su defensor regional de derechos humanos en Mato Grosso do Sul, Brasil, solicitó al gobierno estatal que solicite a la policía de la Fuerza Nacional que seguridad pública para contener conflictos alrededor de la reserva indígena de Dourados – a 233 km de la capital, Campo Grande.
Tres indígenas y un agente de seguridad privado resultaron heridos después de dos días de violencia la semana anterior, según un informe de la oficina del defensor público. Un niño de 12 años perdió sus dedos de la mano izquierda después de manipular un explosivo dejado por la policía en una aldea después de los ataques. Lxs indígenas viven en áreas reclamadas como tierras de ocupación tradicional, pero que aún no tienen un estudio de identificación llevado a cabo por la Fundación Nacional des ìndio (Funai).
Según la Oficina del Defensor Público, «No hay duda de que el escenario es de conflicto intenso». Para la institución, «existen riesgos de nuevos actos de violencia que podrían victimizar a lxs niñxs y ancianxs indígenas». La carta del Defensor es el resultado de una misión que llevó a representantes de 18 entidades de la sociedad civil al campo de Nhu Verá, el epicentro de los conflictos. La solicitud de presencia de la Fuerza Nacional está vinculada a la observación, durante esta visita, de que lxs indígenas fueron blanco de armas de fuego.
El 6 de enero, el Secretario de Asuntos de Tierras del Ministerio de Agricultura, Luiz Antonio Nabhan García, y el presidente interino de la Funai, Alcir Amaral Teixeira, se encontraban en Dourados y se reunieron con los terratenientes y sus representantes.
Después de más de dos horas de reuniones con los propietarios, el Secretario Nacional de Asuntos de Tierras y el Presidente interino de FUNAI también se reunieron con delegados de la policía federal. Después de sobrevolar la zona de conflicto, se reunieron con representantes indígenas.
A pesar de los intentos de calmar el estado de ánimo, particularmente con la presencia de representantes del gobierno federal, hasta el momento no se han tomado medidas concretas. Lo que sí existe es la promesa de celebrar una audiencia pública que aún no se ha programado.
Por otro lado, Teixeira, quien es delegado de la policía federal y que ha estado a cargo de Funai durante cinco meses de manera provisional, subrayó que FUNAI defenderá los derechos de “quienes tienen derecho. Tanto los propietarios como los locales», dijo.
También dijo que «la gente debe entender que nadie tiene derecho a invadir la propiedad de otros».
La reserva de Dourados es una de las áreas más problemáticas del país en las últimas décadas. Con 3,500 hectáreas demarcadas en 1917, ahora alberga a casi 20,000 personas. Un barril de pólvora, con altos niveles de violencia, suicidio, pobreza y una gran revuelta de pueblos indígenas, rodeado de la riqueza que la agroindustria ha construido, con fondos públicos, en las tierras que el Estado tomó de lxs indígenas a lo largo del siglo XX.
Fuentes: Noticias.uol.com.br et Midiamax.com
Foto: Marcos Morandi, Midiamax
