Desalojan policías bloqueo en mina de Oaxaca; 18 detenidos
Por Octavio Vélez Ascencio, Corresponsal http://www.jornada.unam.mx/
Ochocientos agentes de la Policía Estatal Preventiva de Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva desalojaron ayer por la mañana a habitantes del poblado de San José del Progreso, municipio de Ocotlán de Morelos, quienes desde hace dos meses tenían en su poder una mina para exigir que fuera cerrada por causar contaminación de ríos y mantos freáticos. Los uniformados detuvieron a 18 personas.
Oaxaca, Oax., 6 de mayo. Elementos de las policías estatal y Federal Preventiva, con equipo antimotines y perros, desalojaron hoy a pobladores que desde marzo bloqueaban el acceso a la mina Cuzcatlán, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso Ocotlán, municipio situado a 46 kilómetros de la capital del estado.
Algunos inconformes se enfrentaron a los agentes con palos y piedras. Hubo 18 detenidos y varios lesionados, entre ellos Armando Jiménez Osorio, oficial de la Policía Estatal Preventiva, quien sufrió una fractura en el maxilar inferior por una pedrada y fue internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los manifestantes, miembros de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán y del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), asociada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ocuparon la mina en demanda de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancele la concesión del yacimiento porque su explotación contamina mantos freáticos y ríos, y no existe un estudio de impacto ambiental que avale su operación.
La acción policiaca comenzó a las siete de la mañana, cuando 740 policías salieron del municipio de Santa María Coyotepec, donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública. Los agentes encontraron resistencia de algunos pobladores que intentaron cerrar el paso al convoy.
Luego de varios minutos de tensión, los uniformados llegaron a la mina, donde los aguardaban un centenar de pobladores. Entre jaloneos, los agentes tomaron el control del yacimiento del palacio municipal.
En el operativo, encabezado por Jorge Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de la policía estatal, y Armando Cabrera Vásquez, comisario de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, los agentes detuvieron a 18 personas, entre ellas dos menores de edad, por ataques a las vías de comunicación y lesiones.
El operativo fue legal: secretario de Gobierno Jorge Toledo Luis, secretario general de Gobierno, dijo que el desalojo fue a petición de las autoridades municipales de San José del Progreso y de los concesionarios de la mina. Expuso que se actuó con "“estricto cumplimiento del estado de derecho”" y bajo la supervisión de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y agentes del Ministerio Público federales y estatales.
Pasado el mediodía, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la APPO pidieron apoyo a sus bases y alrededor de las 14 horas bloquearon la carretera internacional Cristóbal Colón, frente a la Ciudad Administrativa, para demandar la libertad de los detenidos. Autoridades de diversas dependencias ordenaron desalojar a todo su personal, que apenas hoy había reanudado labores luego de la contingencia sanitaria de la semana pasada.
Los inconformes retuvieron autobuses suburbanos para cerrar la carretera y por la tarde instalaron un plantón frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para que el gobierno estatal liberara a los encarcelados.
Cástulo López Pacheco, miembro de la Comisión Política del Codep y consejero estatal de la APPO, reprobó el uso de la fuerza. Aseguró que los manifestantes fueron "“tratados como delincuentes por defender los recursos naturales”", y anunció que se reagruparán para responder la represión. Dijo que la mina contamina los cuerpos de agua con cianuro, mercurio, sulfato de cobre y arsénico, por lo que exigen su cierre.
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*Liberan bajo fianza a 14 manifestantes en Oaxaca*
Octavio Vélez Ascencio, Corresponsal
http://www.jornada.unam.mx
Oaxaca, Oax., 7 de mayo. Catorce pobladores de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, detenidos el miércoles por agentes de las policías Federal y Estatal Preventiva que desalojaron un bloqueo en un yacimiento propiedad de la Compañía Minera Cuzcatlán –subsidiaria de la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines— fueron liberados bajo caución.
El gobernador Ulises Ruiz dijo que su administración respaldará a las empresas que cumplan la normatividad ambiental, "como la mina Cuzcatlán", ubicada en el municipio de San José del Progreso Ocotlán, "porque generan empleos".
La excarcelación se logró en una mesa de negociación en la cual participaron el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis, representantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de los inconformes con la explotación del yacimiento, quienes consideran que la actividad minera contamina mantos freáticos y ríos.
Otros nueve manifestantes permanecen en prisión, acusados de ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares, lesiones y despojo, informó el secretario general de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi.
El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gustavo García Bautista, explicó que los 14 activistas –afiliados a la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, y al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), que forma parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca– fueron liberados luego de pagar una caución de 4 mil pesos cada uno.
Azael Santiago expuso que Gustavo García se comprometió a liberar a cinco manifestantes más.
Los otros cuatro inconformes fueron consignados al juzgado mixto de primera instancia, con sede en Ocotlán de Morelos, acusados de lesiones, despojo y ataques a las vías de comunicación, y no alcanzan fianza.
Claudia Tapia, de la Comisión Política del Codep, dijo que Apolinar García Vásquez, quien fue reportado como desaparecido, y Agustín Ríos Cruz, quien se recupera en un lugar no precisado de los golpes que recibió de los policías, también tienen órdenes de arresto.
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*“Vamos a defender nuestras tierras hasta la muerte”* Integrantes del
Comité en Defensa de los Recursos Naturales y Madre
Tierra, mantienen un plantón desde hace más de 50 días en las
instalaciones de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso Por Luis
PARRA MEIXUEIRO 5 de mayo, 2009 http://www.imparcialenlinea.com
San José del Progreso, Ocotlán.- “No tenemos miedo de morir, sabemos
cuales son los mecanismos con los que el gobierno actúa y lo que están
dispuestos a hacer, pero nosotros vamos a defender nuestras tierras
hasta la muerte”. Son las palabras de Agustín Ríos Cruz, vocero de los
Siete Pueblos, que defienden sus tierras ante lo que consideran un
despojo injusto que obedece a intereses millonarios, y que incluye todos
los recursos en metales preciosos de su tierra a compañías extranjeras
de minería.
Y es que desde hace más de cincuenta días, habitantes del pueblo de San
José del Progreso tomaron las instalaciones de la compañía minera
canadiense Cuzcatlán, luego de haber removido al representante municipal
Óscar Venancio Martínez Rivera. A esta persona, la acusan de haber
mentido al pueblo, recibido dinero -200 mil pesos mensuales- de parte de
la compañía minera canadiense a cambio de autorizar que exploten las
tierras y los recursos del pueblo, así como aceptar la donación de dos
bicicletas y cuatro máquinas de cocer, con las que la empresa canadiense
dice haber beneficiado a San José.
Según sus habitantes, son sólo 60 personas que apoyan a esta autoridad
municipal a la que relacionan con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y la que dicen engañó al pueblo para autorizar las
excavaciones de la mina, donde la compañía pretende extraer oro y plata.
Desde entonces el pueblo desconoció a la autoridad, a la que acusan de
haber sacado una pistola 380 durante una asamblea realizada el 24 de
marzo, con el afán de intimidar a quienes diferían de su decisión, sólo
que en esta ocasión, es un pueblo de mil 800 habitantes, dispuestos a ir
hasta las últimas consecuencias para defender los recursos que
pertenecen desde sus antepasados a sus hijos. El presidente municipal,
aseguraron, no tiene más representación, fue destituido por una asamblea
del pueblo y no da la cara.
Sin embargo, los habitantes afirman que fueron engañados y que el
representante convocó a una falsa asamblea, donde se dio la autorización
de la mina en el 2006, en dicha reunión sólo asistieron las sesenta
personas que son afines al representante municipal al cual acusan de
corrupción.
Agustín Ríos Cruz, vocero también del Comité en Defensa de los Recursos
Naturales y Madre Tierra, la cual liga a pueblos donde las compañías
canadienses han intimidado a sus habitantes con la intención de extraer
el oro y la plata, asegura que la verdadera intención es ir más profundo
a extraer uranio.
Desde entonces, dice Ríos Cruz, han recibido intimidaciones de
funcionarios de gobierno como el subsecretario de gobierno, Joaquín
Rodríguez Palacios, el cual en el segundo día de la mesa de diálogo,
advirtió al vocero “no es por asustarte, pero ahora tienes una demanda
por robo y cada día va aumentando la cantidad”.
A parte del vocero, enfrentan orden de aprehensión ocho personas y ya
están girados dos autos de formal prisión, por los cargos de daños en
propiedad ajena, -aún cuando la propiedad es ejidal- y despojo por dos
millones de pesos así como 2 por robos y amenazas.
Según los pobladores, han recibido intimidaciones tanto de autoridades
como de representantes de la compañía, hasta llegar a un desalojo,
después de un bloqueo carretero el día 5 de abril, donde arribaron 300
elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) así como de la Policía
Estatal Preventiva a detener a Ríos Cruz, mas no lo lograron.
El motivo, cerca de mil habitantes divididos en dos grupos de 600 y 400
pobladores, salieron a la defensa de su vocero, razón por la cual no
pudieron intervenir los agentes ni aprehenderlo.
El comité al que representa, está integrado por representantes de
diversos pueblos del valle de Ocotlán, donde se encuentran agrupados San
Jacinto Ocotepec, Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Miguel Tilquiapan,
Praxedis de Guerrero, San Jerónimo y San Pedro Tabiche entre otros.
Denuncian complicidad de autoridades ambientales Las demandas de los habitantes de San Pedro Progreso son simples y contundentes: quieren que la compañía minera canadiense saque todas sus máquinas y que termine con la exploración de la mina. Sus razones: la contaminación que ésta produce en sus mantos acuíferos.
Según los habitantes, el agua extraída de la mina por bombeo y de la cual se extrae para continuar la exploración 4 pulgadas por segundo, está contaminada de manganeso y otros metales pesados.
Luego de ser bombeada, esta agua es extraída y enviada a un río que continúa su paso, pero debido a que se encuentra cerca de sus mantos acuíferos, temen que la minería extraiga todos los recursos de sus mantos y no tengan más agua para la principal actividad que han realizado por siglos, la agricultura.
Y es que cerca de la mina, a unos 300 metros, se encuentra una presa que ellos llaman Benito Juárez y de la cual extraen mojarra y carpa que han cultivado desde hace algunos años y la cual les da alimento.
Los habitantes del pueblo no quieren que la minería contamine sus tierras ni esas aguas, ya que han comprobado tanto en otras comunidades como Santa Lucía en la cual sí se procesan los minerales, que el daño ecológico es irreversible, las tierras ya no son tan fructíferas donde se han regado minerales o metales pesados.
Así también denunciaron que los pozos de los que se alimentan los pueblos, sufrieron una grave disminución en su nivel mientras operaba la minera, y además, aseveran que muchos animales murieron y les analizaron en sus órganos donde detectaron metales nocivos para la salud.
Según los habitantes representados por Ríos Cruz, quienes algunos temen dar su nombre por temor a represalias, las autoridades ecologistas tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa), están coludidas con los intereses de las mineras, porque no advierten en sus reportes ni en las mesas de diálogos ningún daño al ambiente.
“Son compañías trasnacionales, donde se manejan intereses millonarios; hace cuatro días salió un comunicado en el diario Noticias, donde el gobierno federal da el respaldo rotundo a la inversión de las mineras canadienses; no les interesamos, les interesa el dinero de nuestras tierras, lo que hay abajo”, dice el vocero.
Explotación y promesas incumplidas Según el representante de la empresa canadiense, Jaime Domingo Pedroza, la mina traería 800 empleos bien pagados a los pobladores de San José del Progreso, sin embargo, los inconformes aseguran que antes de que cerrase sólo trabajaban ocho personas del pueblo, por un sueldo de mil 050 pesos a la semana.
Para ellos, el dinero no es lo más importante, con la venta de algunos animales tales como una res o unos borregos pueden obtener una cantidad mayor sin la necesidad de trabajar las 12 por 24 horas por las que la compañía paga ese salario.
Hace menos de un año, un trabajador menor de edad, de 16 años, perdió un dedo de la mano por un alambre, y los miembros del comité aseguran, no fue el único. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso, los representantes de la minera, le ofrecieron cuidados médicos de excelencia y alguna suma a cambio de su silencio.
Los habitantes aseguran que los representantes de la mina y el gobierno los subestiman, mientras ellos mantienen un plantón en alerta las 24 horas en espera de que llegue de nuevo un comando más nutrido para aprehender a los inculpados; el campamento está integrado por hombres y mujeres del pueblo que cambian turnos.
También afirman que existe un grupo de militares cercanos que los vigila. En tanto, las mujeres cocinan y están a la expectativa, en caso de que llegue un nuevo operativo militar o policiaco, aseguran que todo el pueblo acudirá a la defensa de los inculpados, y aunque dicen conocer con precisión los intereses políticos y financieros que enfrentan, no darán un paso atrás y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender las tierras, que dicen, serán de nuestros hijos.
Forman compañías grupos paramilitares para intimidar Según los miembros del comité, en pueblos como Santa Lucía o San Pedro Tabiche, los representantes de las compañías han formado grupos paramilitares con armas de alto calibre para amedrentar a la población. “Van acompañando al gringo, llevan armas de alto poder y por eso la gente de ese lugar no va a hablar nada, la tienen intimidada”.
Por otra parte, desmienten las versiones de un diario de Oaxaca en las cuales, “con el afán de desprestigiarnos y hacer periodismo amarillista, nos ligan al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y nos presentan con grupos radicales, lo cual es totalmente falso.
Somos gente pacífica dispuesta a dialogar, pero exigimos que se nos respeten nuestras demandas. La prueba es que cuando llegaron a aprehendernos en vez de enfrentar a las fuerzas nos replegamos, les dejamos avanzar sin ningún problemas, ellos en cambio nos dijeron, con seis perros y ametralladoras apuntándonos, somos su policía, venimos a hablar con ustedes, mientras preparaban gases lacrimógenos”, concluyeron.
