18/05/2009 01:09 PM
Fiscal aseguró que hay funcionarios condenados por delitos ambientales
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El doctor Antonio Eduardo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán. Estuvo en Chilecito para dictar el Primer Taller de Formación sobre “Delitos y Ambiente: Presentación de denuncias por contaminación”. Explicó que en Tucumán “tenemos procesados al vicepresidente de Minera La Alumbrera por el delito de contaminación ambiental, y esperamos antes de fin de año poder hacer el juicio oral y público” y que “hemos conseguido condenas de un intendente que fue cómplice de un delito de contaminación ambiental, de un sanatorio que tiraba residuos patogénicos al basural, con tres años de prisión a los propietarios”.
Chilecito, La Rioja, Argentina – 15/05/09. El doctor Antonio Eduardo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán y oficial de Derechos Ambientales en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Salta, estuvo en Chilecito para dictar el Primer Taller de Formación sobre “Delitos y Ambiente: Presentación de denuncias por contaminación”.
Gómez, en la redacción de este medio, señaló que “venimos invitados para explicar, entre otras cosas, cómo hacer una denuncia penal ambiental, cómo informarse en torno a los delitos ambientales y cómo hacer un seguimiento de un expediente”.
Explicó que en Tucumán “tenemos procesados a un funcionario muy importante que es el vicepresidente de Minera La Alumbrera por el delito de contaminación ambiental, y esperamos antes de fin de año poder hacer el juicio oral y público”.
Aseguró que Tucumán está afectada por mucha contaminación, pero “hemos conseguido condenas de un intendente que fue cómplice de un delito de contaminación ambiental, de un sanatorio que tiraba residuos patogénicos al basural, con tres años de prisión a los propietarios”.
Asimismo explicó que “hay que diferenciar los delitos ambientales, de los delitos conexos que es cuando desde algún funcionario falsifica la información para favorecer una empresa determinada, es bastante habitual que los informes de impacto ambiental, no respondan el ciento por ciento a la realidad y si el funcionario público los aprueba, se convierte en cómplice. Esto no es un delito federal, sino provincial”.
En el caso que los funcionarios públicos “no cumplen; su información queda en mano de los ciudadanos detectar estas adulteraciones de informe de impacto ambiental. hacer la denuncia penal correspondiente. No siempre los funcionarios públicos, fiscales y jueces tienen toda la libertad para hacerlo”.
Curtiembre Yoma
“Me enteré del tema de la curtiembre, si es como me comentó un vecino que habló de muchos casos de enfermedades, creo que estamos en presencia de un delito ambiental y hay que denunciarlo con urgencia a la Justicia Federal, esto debería hacerse de oficio. Si falla esta investigación, de oficio deberíamos pensar en que un vecino o los vecinos deben hacer la denuncia.
Esto, como el narcotráfico, que también afecta al bien jurídico que es la salud publica. Todos somos muy rápidos para atacar al narcotráfico, pero hace tanto daño o más, la contaminación ambiental. Pregúntese en Nonogasta cuántos están afectados por el consumo de estupefacientes y cuántos están afectados por la contaminación de cromo”, aseveró el doctor Gómez.
“Si las autoridades federales son muy rápidas para investigar el delito del narcotráfico, deberían tener la misma celeridad para investigar los delitos ambientales”, agregó.
La Alumbrera
Dijo que “la minera La Alumbrera utiliza 5 millones de litros de agua por hora, y casi la misma electricidad que la provincia de Tucumán, si es esto lo que se quiere para La Rioja, que además es pobre en agua y en electricidad, la comunidad tiene que verlo”.
Para ello, “hay que vencer el miedo, participando activamente como lo hacen estas mujeres y estos ciudadanos protegiendo El Famatina, lo que es complicado, porque inmediatamente los tratan de locos, de ambientalistas, de ecoterroristas. También se puede apoyar económicamente a éstos para que hagan la verdadera difusión. A veces el temor a que les caiga una inspección de la provincia, hace que no puedan salir públicamente a hacer esta manifestación, pero sí lo puede hacer económicamente”.
Impacto ambiental
Gómez también se refirió a los informes de impacto ambiental de las empresas ante el Gobierno, el que debe ser hecho público para ser analizado por toda la comunidad.
“En algunas partes del mundo, primero se lo presenta a la comunidad y los mismos interesados en que se apruebe, le pagan a los científicos para que les informe a la comunidad cuáles son los pro o los contras”, agregó.
