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Consulado de Honduras en Montreal
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Canada
El Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) es un organismo canadiense que desde 1976 se encarga de vigilar la situación de los Derechos Humanos a lo largo de Latinoamérica. Por este medio queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo ante el asesinato de la compañera hondureña Berta Cáceres, lideresa de la comunidad indígena Lenca y defensora de los derechos humanos y ante la agresión al activista mexicano Gustavo Castro Soto, quien se encontraba con ella.
Es de nuestro conocimiento que Berta fue baleada por dos hombres que irrumpieron en su residencia en el municipio de Esperanza, Intibucá, en la madrugada del 3 de marzo de 2016. Gustavo Castro, fundador y actual director de la organización Otros Mundos, A.C. y de Amigos de la Tierra México, se encontraba hospedado donde Berta Cáceres en el momento de los hechos y resultó herido por el ataque. Castro Soto también es miembro del consejo de coordinación del Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR).
Berta Cáceres fue cofundadora y coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y representante de las luchas de las comunidades indígenas lencas contra los proyectos hidroeléctricos y mineros que empresas transnacionales y el gobierno de Honduras han iniciado en sus territorios ancestrales, sin que exista consulta libre, previa e informada. Apoyaba a su pueblo en la protección de sus tierras y del río Gualcarque, en Río Blanco, Intibucá, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa hondureña DESA, en territorio lenca. Este proyecto de represa ha causado ya varios daños a las comunidades, incluyendo desplazamientos forzados, despojo, represión, muerte y amenaza al abastecimiento en agua de todas las comunidades de la zona.
Berta denunció en varias ocasiones las expropiaciones causadas por los megaproyectos de infraestructura de la región, la militarización del territorio Lenca, la criminalización, la represión y los ataques hacia los defensores y defensoras de derechos humanos. La semana pasada, Berta denunció ante medios de comunicación, el asesinato de cuatro dirigentes Lenca de su comunidad, la impunidad de estos crímenes así como las amenazas y hostigamientos que varias otras personas han estado sufriendo.
Desde el 29 de junio 2009, la Corte interamericana de derechos humanos le había otorgado a Berta medidas cautelares, las cuales no fueron aplicadas ni respetadas por las autoridades.
Condenamos la muerte de esta valiente mujer que incansablemente luchó por la justicia social y los derechos de su pueblo, de las mujeres y de la tierra. Nos unimos a las innumerables voces de indignación y de rabia que hoy están reclamando justicia y que su caso sea reconocido internacionalmente como un acto orquestado por los intereses de las corporaciones y del capital que pretende destruir los ríos, la tierra y la vida que en ellos habita.
Manifestamos igualmente nuestra solidaridad y apoyo al defensor de derechos humanos y ambientalista Gustavo Castro herido en el ataque y quien ha declarado ante la Fiscalía en calidad de testigo clave en la investigación acerca del asesinato de Berta Cáceres. Esta situación podría poner su vida e integridad en riesgo.
Considerando estos hechos y el clima de violencia generalizada en el cual se encuentra Honduras actualmente, ilustrados en el informe «¿Cuántos más?” de la ONG inglesa Global Witness, en el cual se registran 111 asesinatos de ambientalistas en Honduras entre 2002 y 2014, el Comité por los derechos humanos en América latina exige:
● Que estos hechos sean investigados de forma inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial, y que los responsables sean llevados ante la justicia.
● Que acabe la persecución y la criminalización de quienes defienden los derechos humanos y se cumplan las medidas cautelares de protección.
● Que se ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y de todas las compañeras y compañeros que han luchado por la justicia social y el medio ambiente.
● Que el Estado hondureño proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a Gustavo Castro y que asegure su integridad, libertad y derechos Humanos
● Que se suspendan todos los proyectos denunciados por los defensores de derechos humanos y las comunidades; entre ellos los proyectos Hidroeléctricos Agua Zarca en el río Blanco y Blue Energy en el río Cangel.
● Que se retiren las empresas e instituciones constructoras o financiadoras de proyectos donde se denuncian violaciones de los DDHH y se ha eludido la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES
JUSTICIA PARA EL PUEBLO HONDUREÑO
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montréal, Canada
