Fuente: Latin America Working Group
220+ organizaciones envían carta abierta al Secretario de Estado John Kerry en apoyo a que se realice una investigación independiente en torno al asesinato de la activista indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres
Más de 220 organizaciones de derechos humanos, de la fe, indígenas, ambientalistas, laborales y no gubernamentales enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry expresando “estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres”, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Las organizaciones urgen a “una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.”
Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque.
Las organizaciones urgieron al Secretario de Estado Kerry a que respalde la realización de una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. También urgieron al Secretario a ejercer presión sobre el gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.
Las organizaciones respaldan la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. Llaman al gobierno hondureño a reconocer que “el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos”. Exhortan al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes llaman al gobierno de EE.UU. a garantizar que no brinde asistencia o apoyo alguno para proyectos de bancos multilaterales que promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de robustas salvaguardas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.
Finalmente, las organizaciones urgieron al Departamento de Estado a “suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y una gran cantidad de activistas hondureños y hondureñas.”
Carta Abierta al Secretario de Estado John Kerry en referencia al Asesinato de la Activista Indígena y Ambientalista Hondureña Berta Cáceres
Excelentísimo Señor Secretario de Estado John Kerry:
Escribimos esta carta sobrecogidos por el estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Invocamos una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.
Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella organizó a comunidades en Honduras y en todo el mundo contra la extracción de recursos naturales sin contar con el consentimiento respectivo, y para la defensa del Río Gualcarque, un espacio sagrado del pueblo lenca y una fuente esencial de agua, oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Berta Cáceres fue una líder muy querida de los diversos movimientos sociales en su país. Miembros de la sociedad civil hondureña –al igual que muchos en la comunidad internacional— se unen en el dolor y la indignación por su muerte.
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque. Invocamos que se permita al Sr. Castro retornar inmediatamente a su país de manera segura.
En el curso de su trabajo, Berta Cáceres sufrió constantes amenazas de muerte contra ella y contra su familia, amenazas de violencia y agresión sexual, ataques y acoso. Debido a su trabajo, también fue objeto de continuo acoso legal por parte de autoridades judiciales, y de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y de funcionarios del gobierno local. Durante los seis meses precedentes a su asesinato, según el COPINH, las amenazas escalaron e incluyeron disparos contra su auto y amenazas verbales y mensajes, por parte de miembros de las fuerzas armadas, la policía, autoridades locales y representantes de la compañía hidroeléctrica.
La señora Cáceres obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 pero nunca recibió la protección plena que requería. Nos escandalizan las declaraciones del Ministro de Seguridad Julián Pacheco, quien efectivamente culpa a Cáceres por el incumplimiento del gobierno hondureño de su obligación de protegerla. Ella es una de los 15 defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Honduras mientras se encontraban resguardados por medidas cautelares de la CIDH, tal como lo ha reportado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El 5 de marzo de 2016, la CIDH otorgó medidas cautelares para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro Soto, dado el riesgo para su seguridad.
La muerte de Berta Cáceres confirma lo que un informe elaborado en 2015 por Global Witness ha mostrado: Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Al menos 109 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2015. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos de cualquier tipo. Líderes indígenas y garifunas, activistas LGBTI, sindicalistas, activistas por los derechos de las mujeres, activistas por los derechos humanos, operadores de justicia, y periodistas que informan sobre temas de derechos humanos y corrupción, al igual que los activistas ambientalistas, se encuentran en riesgo. El asesinato de Berta Cáceres envía un devastador mensaje a todos los hondureños que tratan de ejercer sus derechos.
Le urgimos a dar los siguientes pasos:
- Respaldar una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. Una investigación independiente de este tipo es esencial dada la falta de confianza en el sistema judicial, la impunidad imperante que incluye a casos que involucran a defensores de los derechos humanos, y la naturaleza emblemática de este caso.
- Insistir en que las autoridades judiciales hondureñas lleven a cabo su deber de investigar de manera efectiva y oportuna el asesinato de Cáceres, en cooperación con la investigación internacional, y siguiendo líneas de indagación que tomen en cuenta el contexto del trabajo y la situación de riesgo de Cáceres; y que persigan a los autores tanto intelectuales como materiales del hecho, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.
- Presionar al gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.
Ante esta trágica pérdida, nos unimos para invocar un cambio más sistémico. Pedimos al Departamento de Estado que aclare al gobierno hondureño que una alianza y financiamiento futuros dependen de la demostración de la voluntad política para investigar y procesar judicialmente este delito y todos los delitos contra defensores de los derechos humanos. El gobierno hondureño debe poner plenamente en operación y financiar adecuadamente el mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con medidas de protección consultadas con los beneficiarios. El gobierno hondureño debe garantizar la libertad de expresión, incluyendo la terminación de la severa y constante represión de las protestas sociales, asegurar el fin inmediato de intimidantes declaraciones públicas por parte de funcionarios del gobierno, así como de miembros de las fuerzas armadas y la policía, que ponen en riesgo a defensores de los derechos humanos y periodistas, y acabar con el engañoso procesamiento judicial contra defensores de los derechos humanos.
Es de capital importancia que el gobierno hondureño cumpla, tal como la CIDH ha señalado, con su «obligación de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas respecto a los proyectos en marcha en sus tierras y territorios, y que afectan sus recursos naturales». Respaldamos la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. El gobierno hondureño debe reconocer que el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos.
Pedimos al gobierno de los EE.UU. que:
- Exhorte al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, y de mejorar en mayor medida la transparencia en relación a concesiones actuales y propuestas de recursos naturales. Ello debe incluir poner en conocimiento del público información sobre los proyectos de las casi 50 concesiones de energía hidroeléctrica otorgadas desde inicios de 2010.
- Garantizar que ningún tipo de asistencia y apoyo de los EE.UU. para proyectos de bancos multilaterales promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar consentimiento previo, libre e informado de comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de salvaguardas robustas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.
Finalmente, urgimos al Departamento de Estado a suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y de veintenas de otros activistas hondureños. Adicionalmente, urgimos al Departamento de Estado a implementar de manera transparente y cabal las condiciones de la Ley de Operaciones en el Extranjero correspondiente al año fiscal 2016, la cual vincula el 50 por ciento de la asistencia al gobierno central de Honduras a avances en la resolución de abusos a los derechos humanos y la corrupción.
El gobierno de los EE.UU. debe ponerse del lado de quienes ponen sus vidas en juego para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en Honduras.
Firmantes:
Accountability Counsel
ActionAid USA
Agricultural Missions, Inc. (AMI)
Alabama Center for Rural Enterprise
Alabama Coalition for Immigrant Justice (ACIJ)
Alianza Americas
Alliance Against Mining – Philippines (Alyansa Tigil Mina)
Alliance for Global Justice (AfGJ)
Alliance for Justice
Amazon Watch
AMERICA PARA TODOS
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)
American Friends Service Committee (AFSC)
American Jewish World Service (AJWS)
Americans for Indian Opportunity
Amigos de la Tierra España
ART NOT WAR
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Azul
Baurkot & Baurkot
Beautiful Trouble
Beautiful Rising
Beyond Extreme Energy
Brooklyn For Peace
Casa de Maryland
Catholics in Alliance for the Common Good
Center for Biological Diversity
Center for Constitutional Rights
Center for Earth Ethics at Union Theological Seminary
Center for Human Rights and Environment
Center for International Environmental Law (CIEL)
Center for Justice and Accountability (CJA)
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University
Center of Concern
Center on Conscience & War, Washington DC
Central American Resource Center (CRECEN)
Central American Resource Center (CARECEN), Washington DC, Los Angeles, and San Francisco
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, Colombia
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Christian Church (Disciples of Christ), Refugee and Immigration Ministries
Church World Service
Climate Justice Alliance (CJA)
Climate Parents
Coalition of Black Trade Unionists (CBTU)
CODEPINK
Colombia Support Network
Columban Center for Advocacy and Outreach
Columbia Divest for Climate Justice
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Montreal, Canada
Committee on U.S.-Latin American Relations, Cornell University
Communications Workers of America (CWA)
Community Alliance for Global Justice (CAGJ)
Community Justice Project, Inc. of Miami, FL
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA)
Conference of Major Superiors of Men
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET)
Corporate Accountability International
The Cross Border Network for Justice & Solidarity, Kansas City, Missouri
Cultural Survival
Denver Justice & Peace Committee
Disciples Justice Action Network
Divest Middlebury
Dominican Friars, Irving, TEXAS
Donella Meadows Institute
Due Process of Law Foundation
EarthAction International
Earth Day Network
Earthjustice
Earthworks
EcoEquity
Ecoviva
Enlace
Environmental Defender Law Center (EDLC)
Environmental Defenders Project, USA
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
Faith in Public Life
Family Farm Defenders
Farmworker Association of Florida
The Fellowship of Reconciliation
FERN
Florida Immigrant Coalition
France Amérique Latine/Francia América Latina
Franciscan Action Network
Friends Committee on National Legislation
Friends of Broward Detainees
Friends of the Earth-United States
Friends of Miami-Dade Detainees
Food First
Food Voices
O Fórum da Amazônia Oriental (FAOR)
Fund for Democratic Communities, Greensboro, NC
Georgia Detention Watch
Global Alliance for the Rights of Nature
Global Campaign for Peace Education
Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and United Church of Christ
Global Witness
Goldman Environmental Foundation
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Green America
Green Cross International
GreenLatinos
Greenpeace USA
GreenWood
Grupo Belga ‘Solidair met Guatemala’
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
The Guatemalan-Maya Center
Gulf Coast Center for Law & Policy
Honduran Conservation Coalition
Honduras Accompaniment Project
Hondurasdelegation, Germany
Honor the Earth
Hope Community Center
IBIS
Ignatian Solidarity Network
Indigenous Environmental Network
The Ingrid Washinawatok Flying Eagle Woman Fund for Peace, Justice and Sovereignty
Institute for Agriculture and Trade Policy
Institute for Justice & Democracy in Haiti
Institute for Policy Studies, Climate Policy Program, Global Economy Project and New Economy Maryland Project
El Instituto Madeira Vivo (IMV)
Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA)
Interfaith Coalition on Immigration, MN
Interfaith Power & Light
International Federation of Settlements
International Forum on Globalization
International Funders for Indigenous Peoples (IFIP)
International Institute on Peace Education
International Labor Rights Forum (ILRF)
International Platform against Impunity
International Rivers
International Trade Union Confederation (ITUC)
International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW)
InterReligious Task Force on Central America and Colombia
JA!FOE Moçambique
JASS (Just Associates)
Jesuit Conference of Canada and the United States
Jesuit Social Research Institute/Loyola University New Orleans
Just Foreign Policy
KyotoUSA
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Mexico
Labor Council for Latin American Advancement, AFL-CIO (LCLAA)
Latin America Solidarity Committee-Milwaukee
Latin America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice – Ann Arbor, Michigan
Latin America Working Group (LAWG)
Leadership Conference of Women Religious
LEPOCO Peace Center, Bethlehem, PA
Liberty Tree Foundation for the Democratic Revolution
Maine Clammers Association
Maryknoll Office for Global Concerns
Medical Mission Sisters
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Mesoamerican Women Human Rights Defenders Initiative
Missionary Oblates of Mary Immaculate-U.S Province (OMI)
Movement Generation: Justice and Ecology Project
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4
MN350
Mundo Maya Foundation
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd
National Council of Churches
National Family Farm Coalition
National Immigration Law Center
National Lawyers Guild – National Board
National Lawyers Guild International Committee
The National Religious Campaign Against Torture
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Nicaragua Network
Nicaragua-US Friendship Office of the Americas
NOAH Friends of the Earth-Denmark
Nonviolence International
Nuclear Information and Resource Service
The Oakland Institute
Oil Change International
Other Worlds
Oxfam America
Pax Christi International
Pax Christi USA
Peace Action
Peace Action Montgomery
Peace Brigades International (PBI)
Peace Development Fund, Amherst, MA and San Francisco, CA
Peace Education Initiative, The University of Toledo
Pesticide Action Network North America
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Plataforma «Jalón Vivo»
Presbyterian Church (USA)
Presbyterian Peace Fellowship
Progressive Congress
Project South
Public Citizen
Public Services International
Radios Populares, Chicago IL
Rainforest Action Network
The Rainforest Foundation US
Real Food Challenge
Red Europea de Comites Oscar Romero
Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes
Rights Action (USA & Canada)
Robert F. Kennedy Human Rights
Romero Institute
RootsAction.org
The Rural Coalition
Sansristi India
The Second Chance Foundation
SEIU Florida Public Services Union
Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina — Oscar Romero (SICSAL)
SHARE Foundation
Sierra Club
Sister Parish, Inc.
Sisters of Mercy, Institute Justice Team
Sisters of Notre Dame de Namur Justice and Peace Office
SOA Watch, WI
Sojourners
The Solidarity Center
SomeOfUs
SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), Netherlands
Soulardarity
Southeast Immigrant Rights Network (SEIRN)
South Florida Interfaith Worker Justice
Student Power Networks
SustainUS
Syracuse Peace Council
Tamales y Bicicletas
Task Force on the Americas
Trade Union Confederation of the Americas (TUCA)
Trade Unions for Energy Democracy
Tri-Valley CAREs (Communities Against a Radioactive Environment)
Trócaire
Unión de Afectados por Texaco, Ecuador (UDAPT)
Unitarian Universalist Association (UUA)
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
United Auto Workers Union (UAW)
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
United Families
The United Methodist Church – General Board of Church and Society
UPROSE
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
Voces de la Frontera
Washington Defender Association Immigration Project (WDAIP), Seattle, WA
Washington Office on Latin America (WOLA)
Waterkeeper Alliance
WE ACT for Environment Justice
WhyHunger
Witness for Peace
Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)
Women’s Environment and Development Organization
World Organisation Against Torture (OMCT)
Zo Indigenous Forum, Mizoram, India
1199SEIU United Healthcare Workers East – Florida
2020 Action
350.org
8th Day Center for Justice
