Desde principios de marzo, la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán de Zaragoza vive un clima de violencia y de tensión tras ataques, amenazas y difamaciones contra los miembros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Estos ataques se suman a la persecución de defensorxs de derechos humanos que luchan contra el megaproyecto eólico que pretende instalarse en sus territorios.
El pasado 2 de marzo, ha habido enfrentamientos en la plaza central del pueblo donde se celebraba la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón.
Al principio de la tarde, un grupo de personas, ligadas al presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, así como líderes locales del PRI et de la COCEI, han atacado a las personas presentes en el lugar golpeándolas con palos, lanzándoles piedras y disparos. Han intentado tomar a la fuerza la Agencia Municipal pero la gente que se encontraba en la Asamblea comunitaria ha logrado repeler el ataque dejando a varias personas heridas. Más tarde, han intentado secuestrar al hijo del comandante de la policía comunitaria y meterle fuego a su casa.
El día anterior al ataque, cinco agentes políticos de la COCEI y del presidente municipal de Juchitán, se desplazaron a la casa de uno de los candidatos a la Agencia municipal para intentar corromper a las personas a cambio de tarjetas de voto con el fin de que se nombre una nueva autoridad ligada a los partidos políticos.
Desde entonces, numerosos ataques se han perpetrado contra los miembros de la comunidad. Algunas casas han sido objeto de lanzamientos de piedras y a veces quemadas. Algunas personas han sido heridas en estos ataques, entre ellas una anciana.
Ha habido intentos de asesinatos o ataques en toda la región, más frecuentes contra los miembros de la Policía comunitaria y de la Asamblea, a veces en plena calle.
El personal de la consulta médica de la comunidad ha cerrado su local bajo la orden de sus superiores y han retirado todos los medicamentos. No será reabierta hasta que la situación cambie. Como consecuencia, esto limita el acceso de los habitantes de Álvaro Obregón a su derecho constitucional y humano a la salud.
Álvaro Obregón ha creado su propia forma de gobernar y su propio cuerpo de seguridad, la policía comunitaria, desde enero de 2014, a través de la instalación de un consejo comunitario elegido bajo un sistema de usos y costumbres para el apoyo de la defensa del territorio.
El megaproyecto eólico sería instalado en zonas húmedas y de buena calidad para la agricultura y sobre el territorio de la comunidad zapoteca, conocido como Playa San Vicente.
Este megaproyecto no ha sido consultado ni diseñado con las comunidades de la región. Por esta razón, la mayor parte de la población del Istmo no está de acuerdo y el derecho al consentimiento previo, libre e informado ha sido violado.
La situación actual no se mejora. El ambiente está siempre tenso pues hay la posibilidad de nuevas agresiones en las próximas horas (o días). Las autoridades han demostrado que pueden llegar hasta el asesinato. Acusan a los miembros de la comunidad utilizando la mentira, la persecución, las amenazas de muerte y criminalizando sus luchas comunitarias.
En este momento, siguen en estado de alerta. Las barricadas que se han instalado son un medio de defensa contra los ataques y las amenazas. Los miembros de la comunidad han decidido continuar la lucha por la defensa de su derecho a la autodeterminación y a su autonomía como pueblo indígena.
El 11 de abril, el Comité por los derechos humanos en América latina-CDHAL ha enviado una carta a diferentes instancias gubernamentales exigiendo la protección de la integridad física y psicológica de lxs defensorxs de derechos humanos, miembros de la Asamblea, de la Policía comunitaria y de la población en general, así como el respeto de las instituciones comunitarias que han establecido y de la defensa del territorio.
