(Ottawa) El día de hoy, mujeres líderes de los Pueblos Originarios, junto a activistas en derecho y derechos humanos hicieron un llamado al gobierno de Canadá para que tome la iniciativa de solicitar una investigación independiente e internacional sobre el asesinato de Berta Cáceres, activista indígena de renombre internacional, y para investigar la relación que Canadá mantiene con Honduras desde el golpe de estado militar del 2009.
El grupo regresó a Ottawa el martes, al finalizar su viaje de siete días en Honduras organizado al cabo del brutal asesinato el 2 de marzo de Berta Cáceres, la activista ambientalista indígena, y de Nelson García el 15 de marzo. Berta Cáceres era una activista indígena, feminista y ambientalista, galardonada con el Premio Ambiental Goldman, cuyo asesinato dio pie a una protesta a nivel internacional sin precedentes pidiendo justicia, verdad y reparación en Honduras. García formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización de la cual Cáceres era cofundadora.
La semana pasada, COPINH y otras entidades organizaron un encuentro internacional en Honduras en el cual participaron delegaciones de veintidós países. A pesar de la considerable presencia internacional, una caravana en el río Gualcarque que conmemoraba la vida de Berta fue el blanco de violentas agresiones el 15 de abril.
“Fuimos testigos de la confabulación entre la policía y hombres violentos para proteger poderosos intereses. Cuando miembros del COPINH lideraron una caravana de activistas hondureñas/os y de otros países hacia el río Gualcarque para conmemorar la vida de Berta Cáceres, la policía se mantuvo con sus escudos hacia las/os manifestantes pacíficas/os mientras que hombres armados ubicados detrás de la policía amenazaban a los gritos a miembros del COPINH”, indicó Mary Hannaburg, del Pueblo Mohawk y de la organización Quebec Native Women.
“Cuando el mismo grupo armado empezó a tirarles piedras y a amenazar con machetes a quienes participaban en la caravana pacífica, lesionando alrededor de diez personas, no se detuvo ni se arrestó a nadie. Mientras tanto, se trata a miembros del COPINH como si fueran criminales, y el derecho del Pueblo Indígena Lenca al consentimiento libre, previo e informado sobre las concesiones hidroeléctricas y mineras se ha pasado por alto completamente”, dijo Hannaburg.
El equipo investigador hondureño a cargo del homicidio de Berta Cáceres no perdió tiempo en ir tras miembros del COPINH al cabo de su asesinato, indicando que era un crimen pasional y buscando, sin éxito, adjudicar el acontecimiento a las divisiones internas de su organización. Sin embargo, se tardaron en considerar la posibilidad de que estuviera vinculado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a otros megaproyectos en territorio lenca, sobre los cuales Berta se pronunciaba abiertamente y había recibido cantidad de amenazas documentadas, llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ordenar al estado hondureño garantizar su seguridad y la del COPINH.
“La única opción viable para que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre el asesinato de Berta Cáceres es que un equipo de investigadoras/es internacionales e independientes participen bajo los auspicios de la CIDH. Canadá podría tomar un rol importante para instar al gobierno de Honduras a participar en un acuerdo de este tipo”, indicó Catherine Morris, miembro de la delegación y directora de investigaciones de la organización Lawyers Rights Watch Canada.
En la actualidad, el gobierno de Honduras busca la participación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA en la investigación.
“Resultaría altamente preocupante que el gobierno de Canadá decidiera apoyar esta opción, visto que la MACCIH no cuenta con el mandato, la independencia ni la confianza de la familia de Berta y del COPINH como para participar adecuadamente en la investigación”, resaltó Morris.
La delegación también cuestionó el rol de Canadá en Honduras durante y desde el golpe de estado militar del 2009, fecha desde la cual más de 100 activistas que luchan por la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas/os.
La delegación canadiense visitó a una comunidad en el departamento de Copán, donde la empresa canadiense Aura-Minerals con sede en Toronto opera la mina aurífera San Andrés. Oyeron sobre la prevalencia de problemas de salud en los niños, al igual que la incidencia de acuerdos incumplidos, y la posible destrucción del cementerio comunitario. A su vez, miembros del comité ambiental local en el área han recibido amenazas de muerte.
“Los impactos que viven las comunidades en Honduras a raíz de proyectos mineros canadienses no son tan diferentes de los que se viven en Canadá. Pero la situación es mucho más delicada para quienes osan pronunciarse sobre los impactos en la salud, la tierra, los lugares sagrados y el tejido de la comunidad en la región”, indicó Bev Sellars, consejera del Pueblo Xat’sull/Soda Creek y presidenta de la asociación First Nations Women Advocating Responsible Mining.
Sin embargo, a pesar del clima de represión e impunidad generalizadas que reina desde el 2009, el gobierno de Canadá ratificó un tratado de libre comercio con Honduras en el 2014 y brindó apoyo técnico para una nueva ley de minería que se aprobó en el 2013 y que brinda escasa protección a las personas y al medio ambiente, pero sí favorece a las empresas.
“Canadá tiene las manos manchadas de sangre y a menos que las cosas cambien considerablemente, esta situación que ya es negativa seguirá empeorando tanto en Honduras como en otras partes de América Latina donde se criminaliza y asesina con regularidad a activistas comunitarias/os”, concluyó Sellars.
Para mayor información o para fijar entrevistas, contactar:
• Jen Moore, Coordinadora del Programa de Latinoamérica, Alerta Minera Canadá, jen(arroba)miningwatch.ca, (613) 569-3439
