Con ocasión del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” (13 al 15 de abril) en Honduras, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” conformada por parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones y redes internacionales en defensa de Derechos Humanos, publica sus observaciones y recomendaciones recabadas en la visita al país del 17 y al 21 de marzo de 2016.
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. Respondiendo a la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato a Berta.
La Misión Internacional valora positivamente la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 de marzo, de retirar la “prohibición de salir del país” contra Gustavo Castro, permitiendo efectivamente su regreso a México y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, reconoce la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de suspender el desembolso al proyecto Agua Zarca, una de las causas del crimen político contra Berta Cáceres Flores, siguiendo las reacciones de los financiadores del proyecto tales como FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia). Ante estos hechos, la Misión se hace eco de las valoraciones del COPINH: “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país”.
Entre sus conclusiones, la Misión destaca que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de Derechos Humanos y una debilidad manifiesta del estado de derecho, agravados a partir del golpe de estado del 2009. Observa la ausencia de garantías para el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos así como la falta de voluntad política para acabar con la impunidad imperante. Según el informe publicado hoy, “el sistema de protección de los Derechos Humanos del Estado hondureño no funciona” y que el Gobierno hondureño “ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. La Misión tampoco pierde de vista una “práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho”.
En el informe se formula 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otras instituciones, como la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Entre otras, la Misión respalda la petición de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres así como los responsables del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH. La Misión Internacional pide cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas, minería, explotaciones agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclama la desmilitarización de los territorios indígenas, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
La Misión además recomienda al Consejo de la Unión Europea a suspender Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras incumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicita al Gobierno de España y los Estados miembros de la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta. También solicita al gobierno de EE.UU. aclarar su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras. Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a redoblar las acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.
La Misión agradece profundamente la inspiración, los testimonios y el apoyo recibidos durante su visita en el país, y hace suyo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, para contar con el acompañamiento internacional con el fin de garantizar el derecho a la vida de los miembros del COPINH.
Recursos
• Resumen ejecutivo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
• Informe completo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
