Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.
En Guatemala, estos proyectos abarcan la minería, cementeras, tala de árboles e hidroeléctricas entre muchas otras. Además de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es abarcada por la industria con el cierre de los ríos sino que lo poco que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en riesgo la vida de millones de guatemaltecos. Otro de estos bienes es la energía eléctrica que no solamente fue privatizada sino que las empresas realizan cobros abusivos y exagerados, sobre todo en comunidades muy lejanas donde desde hace muchos años se organizan en resistencia. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados, perseguidos, encarcelados ilegalmente y hasta asesinados, tal y como ocurre en el resto de Latinoamérica, especialmente en casos recientes de Honduras.
En una entrevista realizada por radio Canadá Internacional hace unos meses, el cantante Tito Medina, quien estuvo presente en un festival musical a favor de los presos políticos justamente en el país al cual pertenecen varias de las mineras instaladas en Guatemala opinó:
Guatemala es un país muy diverso, es pequeño, tiene solamente 16 millones de habitantes y es dos veces el tamaño de Nueva Escocia pero el problema es que tenemos muy poco acceso al agua porque hay empresas muy grandes que incluso desvían los ríos. Incluso el vicepresidente del país, Jafeth Cabrera, según reporte del diario Prensa Libre, dice que 1.4 millones de personas, o sea 300 mil familias, más o menos el 9% de la población van a sufrir por la sequía. Y cuando las personas se oponen al desarrollo de la minería a gran escala, que son empresas canadienses en su mayoría, o el desarrollo de empresas hidroeléctricas que generan energía principalmente para la gran fábrica, se genera conflicto y hay áreas donde la conflictividad es extrema.
Además, que la población nuestra, que es maya, población mestiza, mayormente vive en el campo y tiene sus formas tradicionales de respeto a la naturaleza, ahí se desarrolla una lucha por el agua como forma de vida. A partir de eso el Estado, en conjunto con las empresas transnacionales ha desarrollado un proceso de judicialización en la persecución de los dirigentes populares que se oponen al uso del agua para fines corporativos.
Ahorita en este momento tenemos siete compañeros que están prisioneros por defender el agua, con cualquier excusa los meten a la cárcel y ya tienen más de un año de estar ahí, entonces el problema es la sostenibilidad de la familia. Hay mucha gente, muchos dirigentes que están prácticamente con orden de captura y entonces eso genera una gran sensación de inestabilidad porque la población se siente perseguida y ellos dicen ´claro, nosotros lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz, que nos dejen utilizar nuestros recursos, que no desvíen los ríos y todo el mundo tenga acceso al agua´. Guatemala ha sido un país muy controversial por sus dinámicas dictatoriales y los abusos que han cometido las empresas durante muchos años.
Periodista: Medina está de acuerdo con que uno de los puntos más urgentes y de gran importancia es el tema de la comunicación pues ni la comunidad internacional ni la ciudad de Guatemala se enteran de lo que realmente sucede en estas comunidades y por lo tanto nadie los defiende. Por el contrario, esta falta de comunicación es aprovechada para cometer abusos hasta con las mismas autoridades locales, alcaldes, policías y gobernadores a quienes las empresas que se adueñan de estos recursos dan dinero a cambio del encarcelamiento de los comunitarios denunciantes.
Medina: el año pasado un grupo de cuarenta niños fueron retenidos porque no dejaban pasar a un tractor que quería desviar un río en una de las fincas de Guatemala. Inclusive niños han ido a la cárcel por estar ahí uno o dos días pero esto no hace noticia en los medios nacionales. La manifestación por la defensa del agua -fueron tres grandes manifestaciones que recorrieron cada una más de 200 km durante varios días hasta llegar a la Capital- lo que se lograron fueron unas nueve notas de prensa en todos los periódicos de Guatemala. La situación es muy tensa, muy difícil por la persecución y también por la negación de los espacios de información en general. Esto genera como una moneda, una cara que se conoce y la otra sería como el lado oscuro de la luna. Para decirte un caso, para el cierre de una minera desplazan a una fuerza policial, atacan a un montón de ancianos, mujeres y niños que estaban evitando que una empresa que ya la Justicia nacional, hablo de la Corte Suprema de Justicia, declaró que es necesario que cierren esta empresa extractiva de oro y plata y sin embargo ellos siguen extrayendo oro y plata y para eso contaminan los ríos. No salen noticias de los abusos de las autoridades contra la población en Guatemala.
Periodista: uno de los casos que está llamando la atención en los últimos días es el de Semuc Champein donde las comunidades decidieron tomar el área pues no se está cumpliendo con el acuerdo que se estableció en el decreto 25-2005 con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para que entregue las regalías del monumento nacional Semuc Champein a los comunitarios en Alta Verapaz. De acuerdo con el decreto 25-2005, el 30% del ingreso total anual de las tarifas por visitar el monumento debe destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas, según indican el 30% que les corresponde a los comunitarios no será trasladado en efectivo sino en proyectos amigables al ambiente ejecutado directamente por el Conap, pero tampoco se tiene garantía de que eso se realice a cabalidad. Uno de los comunitarios explica:
Los pueblos antes de la invasión estaban organizados, tienen su propio sistema de justicia y no hasta ahora hay ley. El artículo 66 de la Constitución política de la República dice: el Estado respeta y reconoce las propias formas de organización social de los pueblos. El artículo 55 del Código Municipal habla de que la comunidad indígena está facultado para practicar su propia forma de administración de sus recursos. Es decir, puede administrar impuestos. El inciso a) y b) del artículo 13 que habla sobre la integración de los órganos comunitarios de desarrollo nos habla que la asamblea tiene que nombrar su Cocode, su comité, su fundación, su consejo; no el ministro de la defensa, no el presidente de la República, no el diputado, no el alcalde sino que ustedes son los que tienen que nombrar su Cocode.
Periodista: respecto a esto se pronunciaron las organizaciones, colectivos e instituciones que pertenecen a las verapaces expresando su preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa Maria del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares.
Desde el 4 de julio de 2016 doscientas patrullas y alrededor de ochocientos elementos de la policía se encuentran en el lugar, generando violencia y llevando a cabo un despojo en contra de las comunidades ancestrales y dejando a nueve comunitarios heridos. El desalojo lo sufrió la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por 20 familias poqomchi´, las cuales fueron despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio y luego fueron sacadas de sus viviendas por un grupo de 50 personas, liderados por el señor Luis Giovanni Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal, destruyendo 6 viviendas y dejándolas sin techo y sin un lugar a donde ir en el momento. Mujeres, niños y ancianos sufrieron crisis nerviosas e hipotermias perdiendo así todas sus pertenencias y sus viviendas. Además, las comunidades del Valle de Polochic tienen una amenaza de desalojo para esta semana que va a favor de monocultivos de empresarios que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que sólo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario. Este es el comunicado publicado por las organizaciones de las verapaces de Guatemala.
Por otro lado, Domingo Baltazar, uno de los presos políticos que actualmente enfrenta juicio oral y público por liderar una comunidad en defensa del territorio en Barillas, Huehuetenango, fue entrevistado por el centro de medios independientes respecto a su posición y razones de su resistencia:
Baltazar: los convenios que hacen las empresas con los gobiernos de 50 años, prácticamente ya son los dueños.
Periodista: Rigoberto Juárez quien también enfrenta este proceso, técnico en salud y autoridad ancestral también explica las consecuencias de las apropiaciones que no se toman en cuenta
Juárez: Pero a lo que nosotros nos referimos es el grave daño económico social que esos proyectos antes que se instalan ya están provocando. Seguramente estos empresarios han llegado al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a otras entidades bancarias diciendo que van a llevar desarrollo a nuestras comunidades. Mentiras, totalmente mentiras, porque para quiénes van a ser el recurso, para quién va a ser el pisto que se recoja de la generación de energía eléctrica, ¿va a ser para las comunidades o para los empresarios? Es mentira que estos empresarios vayan a dejar energía para las comunidades, mentiras. Porque hay una Ley de Energía en Guatemala que dice que el que genera la energía eléctrica no puede venderla, tiene que transferir la energía a otra empresa transportadora. Y después hay otra empresa distribuidora. Entones tiene que dar esa vuelta la energía para regresar a nuestras comunidades. Cuánto va a pagar una familia por la generación de energía eléctrica que sale de su territorio, va a ser el triple, porque le va a pagar a tres empresas
Locutora: en muchos de estos casos estas capturas son ejecutadas aún sin órdenes. Y al final, después de varios años de encarcelamiento, los presos políticos obtienen su libertad pues al momento del juicio no existen pruebas. La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada de La Dignidad en el Congreso Nacional de Guatemala en entrevista también con radio Canadá Internacional, visitó Canadá en junio pasado para solicitar una moratoria en el establecimiento de la minería que en gran parte es controlada por ese país del norte.
Morán: desde el Parlamento hemos presentado hace una semana una propuesta de Ley para cinco años de una moratoria minera que nos permita hacer una discusión nacional sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para el país, para las poblaciones y para mejorar la vida de la población que al final debería ser el enfoque del país. El impacto final de la minería es mucho más negativo que positivo. Las empresas pueden decir ´nosotros donamos una escuela, una clínica´ pero todo eso, que sí es ayuda y sí lo agradecemos, no tiene el mismo impacto que tiene lo negativo, incluso cuando van a cerrar las empresas. En Guatemala todavía no se tienen los protocolos de salida de empresas. Un balance que las mismas comunidades hacen es que el trabajo de hoy es la pobreza del futuro para quienes están aceptando el trabajo, y el hecho es que las comunidades se quedan divididas, se quedan peleadas. Eso sí ha generado la mina, la mina divide las comunidades, daña el tejido social, y por eso nosotros creemos que tenemos que discutirlo porque ha sido un modelo que se ha llegado a imponer sin que haya una consulta real como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT.
Periodista: El convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional de derechos humanos que establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas: autogobierno, educación, salud, mejores condiciones de empleo, contacto y cooperación a través de las fronteras. Fue adoptado en 1989 y entró en vigencia en 1991, Guatemala es uno de los 22 países que lo ha ratificado. Los temas específicos que se pueden citar para este tema son: respeto al propio derecho, instituciones y sistemas de Justicia que se encuentran en los artículos 8 y 9; derechos ante la Justicia ordinaria, respeto de su cultura, defensa y protección de derechos, uso de idiomas indígenas e intérpretes, sanciones alternativas al encarcelamiento, artículo 10 y 12; propiedad y posesión de tierras, territorios y hábitat, artículos 13 y 19, goce de derechos humanos sin discriminación ni coerción, artículos 2 y 4. Lo que la Diputa confirma es que las comunidades indígenas buscan se les tome en cuenta y se cumpla con los acuerdos respecto a la regulación y autorización de este tipo de empresa en Guatemala.
Morán: No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del intercambio comercial pero sí estamos en contra de que ese tipo de cosas lo que haga son efectos negativos en la vida de comunidades enteras y de la misma naturaleza, porque somos uno de los países más vulnerables del cambio climático y es una contradicción hablar sobre cómo salir del cambio climático cuando nuestro país está abierto a este tipo de inversiones.
Periodista: Actualmente, muchas organizaciones y medios comunitarios luchan por visibilizar los casos para dar soporte a la legalidad y a los procesos legales a los que están siendo sometidos.
Fuente: Resumen Latinoamericano
