Foto : Reunión con Relator de Naciones Unidas
El 25 de septiembre de 2016 Pastoral Social, ABCColombia y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) invitaron a participar a comunidades Afro-descendientes, Mujeres, Campesinos, Asoquimbo, Pueblos Indígenas, Jóvenes, ONGs nacionales y LGBTI a participar en un grupo de trabajo con el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos – Michel Forst.
El relator se centró en escuchar la percepción de los invitados sobre la situación actual, en las zonas rurales, de las comunidades y defensores/defensoras de derechos humanos. Además, en saber qué han hecho para mejorar su protección y seguridad así como la de su organización/comunidad, y cuáles serían los instrumentos más importantes para garantizar su seguridad en un posible contexto de post-acuerdo.
Asoquimbo participó con el grupo de campesinos donde los presentes, especialmente de la Región del Magdalena Medio y de la Costa, reiteraron sus denuncias sobre masacres, asesinatos, desalojos, violaciones de mujeres y niños por parte de los paramilitares y la apropiación de sus tierras que posteriormente fueron destinadas para la producción de Palma Africana.
Expresaron su preocupación al considerar que organismos del Estado responsables de la seguridad de los ciudadanos han estado vinculados con el paramilitarismo que continua dominando en varias localidades, incluso, en un solo caso, se refirieron a 27 asesinatos de líderes sociales previo a la firma del Acuerdo Final Gobierno FARC. Se preguntaron ¿Quién va a garantizar la Seguridad en el pos-acuerdo?
Destacaron los mecanismos de autoprotección debido a que la Unidad de Protección de Víctimas, toma medidas ineficaces porque desconoce los contextos donde habitan las comunidades.
Por su parte Asoquimbo hizo referencia a “las víctimas del desarrollo”, producto del desplazamiento de Estado y de transnacionales para imponer los proyectos minero energéticos, que como en el caso del Quimbo, han causado destrucción de los proyectos de vida de las comunidades, las cadenas productivas, los ecosistemas y bienes arqueológicos generando una crisis humanitaria en la Región.
Además, se denunció la judicialización de la protesta social y, específicamente, la imputación de cargos por parte de la Fiscalía 21 de Garzón Huila, contra líderes de Asoquimbo bajo el supuesto de obstrucción de vías que afectan el orden público”; demanda interpuesta por Emgesa donde el Fiscal únicamente se apoyó en las versiones presentadas por la compañía.
La Comisión Internacional de Juristas en su Informe de Misión, 2016, “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” ya había advertido que “varios activistas de la comunidad han sido objeto de denuncias penales por parte de funcionarios de Emgesa. La última fue una denuncia contra el representante Legal de Asoquimbo, Miller Dussán. Esas denuncias pueden ser consideradas como tentativas de criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social y el trabajo de defensores de Derechos Humanos”.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitaron al Fiscal General de la Nación se adelante “revisión del caso seguido contra Miller Dussán y Elsa Ardila con el fin de valorar si existe mérito para continuar con la investigación y de ser así se haga variación de asignación a un Fiscal Especializado de la Ciudad de Bogotá en la medida en que se ha demostrado la ausencia de imparcialidad dentro de las diligencias”.
Es importante destacar que el Gobierno departamental, presidido en su época por Cielo González Villa, fue informado de la protesta social que se judicializa por el Fiscal 21 ocultando que la razón fundamental de las mismas fue «la obstrucción de vías» por parte de Emgesa al destruir el Puente el Paso El Colegio, dejando incomunicados al suroccidente del Huila con graves consecuencias económicas y sociales, como se afirma en el Informe Técnico de la Contraloría General de la República.
Cabe resaltar que el Gobierno del Huila respaldó públicamente las demandas de las comunidades y participó de un proceso de negociación con el gobierno nacional, con la presencia del Ministro del Interior, el Ministro de Ambiente, la directora de la ANLA, órganos de control, senador de la República y representantes de las comunidades afectadas por la destrucción del Puente el Paso del Colegio, la Empresa Emerald Energy y Emgesa confirmando las razones de la protesta que hoy se judicializa por solicitud de la empresa causante de los daños.
Asoquimbo resalta la inmensa solidaridad local, regional, nacional e internacional con el proceso de resistencia por la Defensa del Territorio y la Vida.
