Cuatro años después del asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo, nuestras organizaciones denuncian que su crimen permanece en la impunidad. Antonio Trejo fue asesinado, el 22 de septiembre de 2012, un mes después de ser acusado de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras junto con otros 25 defensores de derechos humanos y campesinos del Bajo Aguán. Este juicio se terminó en junio de 2016 con el reconocimiento de la inocencia de los defensores y campesinos.
Nuestras organizaciones publican hoy el informe “Criminalización en el Bajo Aguán: Justicia a medias”, que analiza este juicio y que también denuncia la ausencia de justicia en el caso de Antonio Trejo.
El informe detalla las numerosas vulneraciones a los derechos humanos presentadas en el proceso, desde la detención de los 25 defensores y campesinos el 21 de agosto de 2012, hasta su absolución el 14 de junio de 2016 y que dan cuenta además del contexto de riesgo y estigmatización contra ellos, que por un lado han incrementado las tensiones sociales existentes y que al tiempo, continúan generando una crisis de legitimidad del sistema judicial hondureño, que es percibido como un actor generador de nuevos conflictos y no como un instrumento de defensa de derechos.
Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH :
“La situación de impunidad en el Bajo Aguán es alarmante. Desde hace cuatro años la investigación por el asesinato de Antonio Trejo no ha avanzado. Si no avanza en este caso que conmovió al mundo en su momento, que podemos esperar de los numerosos casos de defensores de derechos humanos asesinados en Honduras recientemente? Nos preguntamos si el Estado de Honduras quiere y puede investigar estos graves crímenes y sancionar debidamente a sus autores”
Bertha Oliva, Coordinadora General de COFADEH :
“La criminalización de estas 25 personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además del grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos”
