La tierra como conflicto o problema
Ya es una nota que califica de forma inapelable que Guatemala es una región dolorosa, apuñalada en el corazón de su tierra: lugar de conflictos campesinos, de protestas políticas, de luchas permanentes por la justicia que no llega. No hay revueltas nacionales separatistas, pero algunos grupos sociales mantienen reivindicaciones políticas que hablan de libertad. Reiteramos la certeza que esta es una región castigada por un profundo malestar campesino, donde los indígenas ocupan el primer lugar. Recordamos que hace unos cinco años el malestar campesino estuvo muy activo, esto por la cobertura noticiosa. Se produjeron las protestas del Polochic resultado de la expulsión de campesinos de tierras en disputa. Retazos amargos de los expedientes del Siglo XIX redivivos en el Siglo XXI. Sin embargo, 2013 no es más que un momento en el largo proceso de conflicto por la tierra y el territorio. Según los conflictos la SAA, en 2015 hubo 441 conflictos por la tierra, en todos los departamentos del país, pero especialmente Alta y Baja Verapaz y el departamento entero de Guatemala.
La tipología de los conflictos agrarios, que movilizan mucha población y a la autoridad represiva, comprenden disputas por diversos derechos, con una larga historia. De la diversa calidad de demandas el cumplimiento de ordenar se orienta por dos ejes estratégicos: manejos derivados de la posesión o propiedad de la tierra, y la facilitación del diseño o implementación de la política agraria. El cuerpo social mantiene el pulso alto porque el sistema político es productor de demandas oligárquicas, derivando en un alto número de conflictos agrarios. El próximo Informe de desarrollo humano (2015/2016) indica que entre 1997-2013 se registraron un total de 6 mil 482 de procesos, relacionados con conflictos sobre la tierra, de ellos 3 mil 579 son casos resueltos y 1,134 se encontraban en proceso de ser resueltos o desestimados. Estos conflictos corresponden a períodos de alta frecuencia, calificando la calidad del ambiente y a otros de mayor emergencia, las disputas de derecho, los problemas de ocupación y regulación.
Los conflictos mineros
En los últimos años han surgido algunos conflictos mineros, que llegan a constituir nuevas fuentes de problemas, sobre viejas estructuras injustas. Su importancia llega a alcanzar referencias políticas de carácter internacional. Los conflictos de esta naturaleza se dan dentro de un espacio de lucha ecológico-distributiva, es decir, por la distribución del espacio ambiental, en cuanto a su titularidad. Por su naturaleza no pueden analizarse aisladamente, sino como un proceso en que juegan entre diversas nociones de justicia y bienestar. Hacia 2015 el Informe de desarrollo humano identifica nueve conflictos mineros de mayor alcance, que han movilizado actores y recursos que en algunos casos han paralizado las funciones de las empresas, pero aún sin lograr el objetivo de sus opositores, de parar los proyectos de forma definitiva. Estas acciones se explican la mayoría de las veces por los daños ecológicos y a los tejidos comunitarios, que esos proyectos ocasionan al instalarse ignorando la historia y las relaciones de poder en esos territorios. El Estado, a partir de la década de 1990, otorgó licencias de exploración y explotación minera sin miramientos, ni una idea clara del desarrollo territorial.
La electricidad generadora de nuevos conflictos
El drama de los conflictos en los territorios aparece también con la electricidad, privatizada a finales del siglo pasado como muchos otros activos del Estado. Solo en el territorio de la Franja Transversal del Norte, por ejemplo, se prevé la instalación de grandes proyectos hidroeléctricos en los próximos años, aun cuando la población que vive ahí ha sido la más olvidada por los servicios públicos, la que sufre de mayores índices de pobreza y bajo IDH, y la más golpeada por la guerra. La población de Alta Verapaz, es la que menos acceso a electricidad tiene. En general mientras más recónditos los parajes, más oneroso resulta llevar la luz. Según la última Encovi, tres millones y medio de habitantes no gozan hasta hoy día de este servicio en sus viviendas, que en otras latitudes ha sido ya resuelto. Son evidentes los conflictos entre el precio público y el valor que tiene la electricidad en el mercado. En este sistema, el ciudadano se convirtió en consumidor, y perdió sus derechos.
Los tres breves ejemplos de conflicto enunciados resumen los efectos de un modelo de desarrollo que prioriza la generación de riqueza, pero que impacta negativamente el ambiente, tensa las relaciones comunitarias y corrompe el ya débil Estado. Es conocido que estas y otras grandes inversiones, no generan empleo proporcionalmente a sus ganancias y están favorecidas por privilegios fiscales. La promoción de estos sectores productivos, resulta en la concentración de la riqueza y por lo tanto la perpetuación de relaciones inequitativas en la sociedad. En estas circunstancias los pobres no solo pierden económicamente, sino además sufren las consecuencias del conflicto, a veces violento.
Todos los problemas que hemos venido reseñando: el de la tierra, el de la minería y el de la electricidad, se resolverían con un aparato público de ámbito nacional reflejado en un Estado fuerte. La democracia guatemalteca, por la que se está luchando fuertemente, se vería de esta otra manera beneficiada. El Informe Nacional de Desarrollo Humano Más allá del conflicto, luchas por el bienestar se presentará el próximo 6 de octubre a las 9:00 horas (desarrollohumano.org.gt)
