Fuente: Mesa Naciona Frente a la Minería
COMUNICADO DE PRENSA:
El pasado jueves 1º de julio, la Fiscalía General de la República –a través de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECO) – y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil presentaron a una decena de presuntos involucrados en los asesinatos de los ambientalistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Sorto Recinos, brutalmente acribillados en diciembre de 2009 en el cantón Trinidad, Sensuntepeque (Cabañas). A la mayoría de estos detenidos se les decretó instrucción formal con detención provisional, excepto a dos supuestos autores intelectuales.
Es importante que, aunque sea siete meses después de los condenables crímenes y bajo una fuerte presión nacional e internacional, la Fiscalía y la Policía hayan detenido a algunos de los supuestos asesinos. Sin embargo, son preocupantes varios aspectos de esta acción fiscal y policial. Por tanto, las comunidades y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en una valoración inicial, destacan tres de éstos.
- El primero son las declaraciones públicas, tanto del jefe de la DECO, Rodolfo Delgado, como del director de Investigaciones de la PNC, Howard Coto, referidas a que la conflictividad minera no es la motivación principal de los horrendos crímenes y que éstos fueron provocados por rencillas familiares de larga data. Los funcionarios en cuestión parecen ignorar, al menos, cuatro elementos que prueban lo contrario. El primero es que estos crímenes no sucedía en aquella zona antes de que comenzaran las actividades de exploración minera; el segundo es que las múltiples amenazas de muerte que recibían permanentemente los ambientalistas Rivera y Sorto, antes de ser asesinados, enfáticamente les recriminaban su oposición a los proyectos de minería metálica; el tercero es que entre las personas detenidas se encuentran ex trabajadores y simpatizantes de la transnacional minera canadiense Pacific Rim; y el cuarto es la consignación, en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinar a Ramiro Rivera), de que las confrontación en Trinidad es resultado de las opiniones encontradas sobre la minería metálica.
- El segundo es el intento de la Fiscalía y la Policía de dar por concluidas las investigaciones del caso, afirmando que entre los capturados ya se encuentran todos los responsables intelectuales y ejecutores materiales de los repudiables asesinatos. Aquí hay varias omisiones sospechosas de Delgado y Coto, que no deben pasarse por alto. Una de las principales es la falta de líneas de investigación sobre la procedencia de las fuertes sumas de dinero con que se pagaron las acciones de sicariato, lo cual incluiría indagar las cuentas bancarias y transferencias financieras de reconocidos personeros de Pacific Rim en el país; otra es la no captura de Óscar Menjívar, a pesar de que las mismas autoridades lo relacionan con los crímenes (recordemos que Menjívar es un ex promotor minero y un matón a sueldo de Pacific Rim, poseedor de un grave historial de violencia criminal contra activistas anti mineros); y la ausencia de reportes balísticos y otras pruebas científicas, en un caso sostenido en un sólo testigo criteriado.
- Y el tercero es el hecho de que las capturas se refieren únicamente al caso de los asesinatos de los opositores a Pacific Rim en Trinidad, y no a todos los crímenes contra los ambientalistas de Cabañas. Sobre las amenazas de muerte contra los periodistas de Radio Victoria y el atentado contra el sacerdote Luis Quintanilla, aún no se efectúan detención alguna. Tampoco se registran nuevas capturas en el caso de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Marcelo Rivera, perpetrado hace más de un año y por el que sólo han sido detenidos algunos posibles autores materiales. Casos como las amenazas de muerte e intentos de asesinato contra Neftalí Ruiz y Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, ni siquiera han sido registrados por la Fiscalía y Policía.
Antes esto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reitera, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Judicial, su demanda de identificar, enjuiciar y condenar a todos los autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra ambientalistas opositores a los proyectos de la minera Pacific Rim en Cabañas. Para lo cual les recuerda el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que les ordena una investigación “integral, profunda y exhaustiva” de los referidos crímenes. Al mismo tiempo insiste en su propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería metálica, necesaria para evitar una mayor confrontación social y evitar que otras compañías mineras demanden al Estado salvadoreño, como ya lo hacen Pacific Rim y Commerce Group.
San Salvador, 13 de julio de 2010.
