Las organizaciones de la sociedad civil de Canadá et Québec se preocupan de que el Tratado de Libre Comercio Canadá-Honduras que se están debatiendo actualmente en la Cámara de los Comunes. socave aún más los derechos humanos y la democracia en Honduras. El debate comenzó días después de la inauguración de Juan Orlando Hernández quien tomó posesión en Honduras después de unos comicios presidenciales muy controvertidos. Las elecciones estaban plagadas de irregularidades y de violencia; la mayoría de los observadores independientes e internacionales las consideraban fraudulentas. El anteproyecto de ley transmite el mensaje de que Canadá recompensa los gobiernos ilegítimos siempre que sirvan a los intereses económicos canadienses.
El acuerdo bilateral de comercio se firmó el día 5 de noviembre de 2013 en el periodo previo a las elecciones presidenciales, a pesar de una oposición generalizada y de un creciente número de pruebas que el tratado agrave la crisis social y de la de derechos humanos. Después del golpe militar de 2009 contra el presidente democráticamente elegido, Manuel Zelaya, la violencia y de la represión han alcanzado un nivel sin precedentes. Se están amenazando y asesinando sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, miembros de las comunidades LGBT, los pueblos garifuna e indígena, a los lideres sindicales, a los campesinas/os, y a los periodistas.
Corrupción policial y militarización del estado:
La corrupción policial esta diseminada y descontrolada; muchos oficiales de alto rango están implicados en las actividades criminales. Esto es un reflejo de la impunidad generalizada y de un sistema judicial y policial que perpetúan el problema. Hace poco, suspendieron de sus funciones a Constantino Zavala, el jefe de policía en la provincia occidental de Lempira, por estar presuntamente implicado en el narcotráfico.
El restablecimiento del Estado de seguridad militarizado es una meta importante del presidente Hernández que encabezó el esfuerzo legislativo que resultó en la Ley de la Policía Militar de Orden Público. El gobierno recauda 24.5 millones de Lempira ($1.2 millones) del nuevo impuesto “de seguridad”; que se grava a las empresas grandes e utiliza este dinero para financiar la Policía Militar de Orden Público. Este nuevo cuerpo policial se despliega en los barrios, las urbanizaciones o en espacios públicos para reprimir duramente las supuestas actividades ilegales. Los defensores de los derechos humanos en Honduras testificaron que están presenciando el resurgimiento de los Escuadrones de la Muerte de los años 80 y pautas de asesinatos de mujeres, jóvenes y oponentes políticos.
Durante las elecciones presidenciales, el día 24 de noviembre de 2013, muchos hondureños tenían la esperanza de que un nuevo panorama político asegure una ruptura con los dos partidos políticos tradicionales de su país y de que las cosas cambien para mejor. Sin embargo, las cosas han cambiado para peor después de la elección controvertida de Hernández. Los observadores internacionales informan que durante las elecciones vieron compra de votos extendida, irregularidades en el registro de votantes, trafico de las credenciales electorales, militarización, intimidación y hasta asesinatos. No obstante, a Hernández se le declaró el ganador y el país se sumió aún más en crisis.
Canadá contribuye al conflicto social:
Hasta sin un acuerdo de libre comercio, las inversiones canadienses, sobre todo las en los sectores de minería, del manufacturero orientado a la exportación y del turismo ya han contribuido al conflicto social en Honduras. El gobierno canadiense suministró asistencia técnica y apoyo a la ratificación de la Ley General de la Minería e Hidrocarburos que se aprobó en enero 2013. Principalmente, la nueva ley de minería derogó una moratoria de siete años a los nuevos proyectos de minería y destinó 2% de las regalías mineras pagadas por las empresas extractivas al nuevo impuesto de “seguridad” para financiar la Seguridad del Estado Hondureño. Además de abrir el camino a nuevos proyectos mineros, la nueva ley también ha aumentado el nivel de conflicto en y la militarización de las comunidades afectadas. Según el Centro de Documentación de Honduras, 52% de todos los conflictos en Honduras se derive de la gestión de los recursos naturales. El caso más infame de una empresa canadiense es el de la mina de oro y de plata ‘San Martin’ en el Valle de Siria. La mina pertenece a Goldcorp con sede en Vancouver. Su legado es la contaminación del agua, riachuelos secos y problemas graves de salud que aún no han sido abordados en las comunidades circundantes-
En el sector orientado a la exportación de ropa, GIldan Activewear, con sede en Montreal y sus fabricas de textiles y de confección son conocidos por las lesiones relacionadas con el trabajo que afectan a las trabajadoras como resultado de los turnos excesivamente largos y objetivos de producción demasiado altos y por despedir a las trabajadoras que intentan fundar sindicatos. Y por último, en el sector de turismo, las inversiones canadienses están desplazando de sus territorios tanto a la población indígena como la afro-hondureña, mostrando ningún respecto por sus derechos culturales ni sus derechos sobre la tierra.
Es engañoso sostener que el tratado de libre comercio mejore la situación en Honduras. Los TLCs debilitan de manera sustancial la capacidad de los gobiernos de legislar a favor del bien común y además socavan los derechos humanos, de las comunidades, de los trabajadores y del medio ambiente. Paralelamente, las disposiciones protegiendo las inversiones son substantivas, y permiten que las empresas entablen pleitos contra los gobiernos si estos toman decisiones que no gusten a las primeras. Los acuerdos paralelos sobre el medio ambiente y los derechos laborales son pura fachada, y no prevén ningún mecanismo de aplicación. Por lo tanto, aunque el TLC favorece los intereses económicos particulares, no cabe duda que profundice el conflicto y la violencia en Honduras.
Instamos al parlamento canadiense que no apruebe la legislación para ejecutar el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Honduras y pedimos que el gobierno conservador replantee sus prioridades con relación a Honduras, priorizando el bienestar de las comunidades y los derechos humanos y laborales.
Alternatives
Americas Policy Group (APG)
Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN)
Breaking The Silence (BTS)
British Columbia Teachers’ Federation (BCTF)
Canadian Union of Public Employees (CUPE)
Climate Justice Saskatoon
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Common Frontiers
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Council of Canadians
Council of Canadians – Saskatoon Chapter
Council of Canadians – London Chapter
CUPE Ontario International Solidarity Committee
Latin American-Canadian Solidarity Association (LACASA)
Latin American and Caribbean Solidarity Network (LACSN)
Les AmiEs de la Terre de Québec
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
MiningWatch Canada
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
Rights Action
SalvAide
Unifor
United Steelworkers (USW)
Para mâs informaciôn : Raul Burbano, Common Frontiers 416 522 8615
