El 14 de Abril de 2013, alrededor de 150 campesinos desplazados por el Estado Colombiano y afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de la Transnacional Emgesa – Enel; regresaron a sus tierras en un acto de soberanía y defensa de su territorio.
Campesinos: Jornaleros, mayordomos, partijeros, todos afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, ante la ruptura de las cadenas productivas, la perdida de sus empleos y el desplazamiento, generado por el imposición del Gobierno Nacional de construir la represa El Quimbo; decidieron regresar a los predios de donde fueron sacados ilegalmente en nombre del desarrollo económico de la región y la “utilidad pública e interés general”, según la resolución 321del 1 de Sept. De 2008
Es necesario recordar que el 14 de Junio del año 2011 el Ministerio de Ambiente mediante res. 1096 interpuso medida preventiva a Emgesa (Enel) por el desplazamiento y pérdida de empleo que generó con la compra de grandes haciendas productivas; sin embargo esta misma autoridad con base en un documento elaborado por la compañía constructora y sin ninguna verificación de campo con las comunidades afectadas, levantó las medidas preventivas a través del acto administrativo 0123 del 29/11/2011, bajo el supuesto de un “comodato reestructurado que permitía la permanencia de los campesinos en las tierras” mientras la empresa cumplía en su obligación de restitución de actividad productiva tal como lo indica la licencia ambiental; sin embargo estando vigente la medida preventiva, Emgesa (Enel) burló a las comunidades e instituciones del Estado, pues continuó con la compra de predios y desplazando a campesinos. Queda en evidencia la complicidad del Estado Colombiano con las corporaciones transnacionales, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la encargada de configurar la normatividad para aparentar “legalidad” en la realización de los proyectos minero- energéticos.
El 3 de septiembre del 2011 Emgesa (Enel) compró la Hacienda la Virginia ubicada en el Municipio de Altamira al propietario Arnulfo Parra que en convivencia con la empresa desplazó a 50 campesinos con más de 10 años de trabajo en la producción de tabaco, arroz, maíz, sorgo y ganado ; situación similar ocurrió con la finca La Guipa de aproximadamente 80 hectáreas en producción de ganado de leche y carne que empleaba a más de 20 trabajadores permanentes, todos despedidos y desplazados sin restitución de la actividad productiva ni indemnización, violentando el derecho fundamental al trabajo y la vida digna consagrado en la constitución política de Colombia.
Hoy 19 de Abril después de dos años sin empleo, sin respuesta del Estado en la garantía de sus derechos fundamentales como afectados por el Megaproyecto el Quimbo y sin restitución de la actividad productiva por parte de Emgesa; los campesinos regresan a arar sus tierras para producir el alimento de sus familias, para avanzar en la construcción de una Zona de Reserva Campesina que garantice la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.
Convocamos a las organizaciones de derechos Humanos a velar por la protección de los campesinos, quienes legítima y legalmente defienden sus derechos, a la solidaridad de la comunidad en general con la donación de semillas.
