A pesar del reconocimiento de la universalidad de los Derechos Humanos, así como de la participación de la gran mayoría de los países en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, los Estados tienden a limitar su responsabilidad al interior de sus propias fronteras, lo que implica un vacío en la protección real de los Derechos a nivel internacional. Este fenómeno resulta extrapolable al conjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Por su parte, las empresas transnacionales, en tanto que actores clave en el proceso de globalización, están siendo señaladas de forma creciente por la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Existen miles de Tratados de Protección de las Inversiones a nivel global que establecen marcos jurídicos vinculantes a favor de las empresas, pero no existen instrumentos que obliguen a las transnacionales a respetar los DESC y el medio ambiente. A la vez, en las políticas de acción exterior de los Estados, se asume una promoción activa de la internacionalización de las empresas. No obstante, esa promoción no se acompaña de mecanismos de control suficientes, que permitan asegurar el cumplimiento de los DESC y prevenir su violación. En este documento exponemos algunas herramientas y marcos jurídicos a nivel internacional, europeo, del Estado español y catalán que podrían ser útiles a la hora de avanzar en un mayor control público de los actores privados a nivel extraterritorial.
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