Después de ocho meses de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín más de 300 campesinos y mineros artesanales afectados por Hidroituango, los cuales han sufrido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; la Gobernación de Antioquia de manera indignante propicio su retorno entre el 25 y 26 de octubre a las playas del Río Cauca y a los municipios impactados por el megaproyecto.
El desarrollo del acuerdo logrado con autoridades departamentales relacionado con la logística para el proceso de retorno de la mayoría de las comunidades fue INDIGNANTE y lleno de nuevas humillaciones por parte de la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales. Los vehículos que debieron ser contratados con anticipación sólo se concretaron después de múltiples cambios hasta pasadas las 10 p.m. del día anterior al programado para el retorno.
Todos incluso niños y niñas salieron de la ciudad sin haber recibido ningún tipo de alimento, esto ocasionó incluso que una de las mujeres se desmayara en el camino y tuviera que ser internada en el hospital de Santa Rosa de Osos. Todos llegaron a altas horas de la noche del viernes e incluso al día siguiente. Sin en donde pernotar algunos fueron dejados a la deriva, a otros se les improvisó lugares que no contaban con las mínimas condiciones. Ni una comida completa recibieron por parte de la Gobernación de Antioquia durante los dos días que duró el recorrido. ¿En dónde queda la dignidad humana? ¿En dónde se materializa la supuesta preocupación por los niños y niñas que decía tener la Gobernación de Antioquia?
La salida del último vehículo se dio después de las dos de la tarde, a pesar de las múltiples ocasiones en las que las comunidades insistieron en la necesidad de llegar temprano por la delicada situación de orden público en la zona. Hasta el día siguiente sábado 26 de octubre a las 5:00 p.m. estaban llegando las últimas familias a sus sitios de destino, después de haber vivido la varada del vehículo que los transportaba. Además, no los llevaron hasta el sitio que se comprometieron, más de 15 personas fueron dejadas a su merced en el corregimiento El Valle de Toledo y cuando la justa molestia del líder del grupo fue expresada por el evidente incumplimiento la inmediata respuesta de los funcionarios públicos fue llamar a la Policía.
Como si no fuera suficiente esta serie de agravios, ya en los municipios la entrega de los paupérrimos mercados y apoyos para albergues se ha convertido en todo un suplicio para las comunidades. La coordinación entre alcaldías y gobernación ha sido casi nula y ambas instituciones se eximen de responsabilidad atribuyéndosela a la otra sin ningún tipo de respeto por la población.
Más difícil aún la situación de más de 70 personas que no pudieron retornar después de haber hecho parte del proceso de dialogo con la Gobernación de Antioquia, propietaria del Proyecto Hidroituango, pues deja en la Alcaldía de Medellín la responsabilidad de cumplir con la atención básica de estas familias, esta institución afirma no tener ningún tipo de responsabilidad con las personas que por amenazas, situaciones de riesgo y de salud no regresaron. Muchas permanecen, ahora más solas, en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia. La Alcaldía de Medellín incumplió el deber consagrado en el artículo 63 de la Ley 1448 de prestar ayuda humanitaria inmediata a las comunidades que declararon la situación de desplazamiento forzado ante la Personería de Medellín y ratifica tal inobservancia frente a los desplazados que aún permanecen en la ciudad.
Causa preocupación que Empresas Públicas de Medellín prohíba sin ningún tipo de argumentación el ingreso de las comunidades al Río sin haber realizado ningún tipo de reparación por la destrucción de los proyectos de vida de los afectados y sin brindar soluciones por la pérdida de la actividad productiva y la vivienda que está ocasionando Hidroituango.
¡Río arriba, Río abajo, nos dejaron sin trabajo!
