Ante la grave crisis que atraviesa el país y la profunda y sistemática implementación de políticas y medidas de represión y criminalización contra las defensoras y defensores del territorio y bienes comunes de la naturaleza , la Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras lo siguiente:
1. Denunciamos la especialización y fortalecimiento de las políticas de seguridad y remilitarización de los territorios que tiene como único propósito establecer el medio y ejercer la represión y la violencia en contra de la población de las comunidades y de quienes ejercemos nuestro legítimo derecho a la defensa de los derechos humanos y a la protección de los bienes comunes de la naturaleza.
2. Nos preocupa sobre manera las diversas formas de ensañamiento contra el Movimiento Estudiantil Universitario quienes luchan contra las políticas de privatización y por el derecho de las y los hondureños a una educación pública, laica y de calidad. Sabemos que la persecución, tortura, criminalización y judicialización de los y las estudiantes constituye una amenaza y un grave riesgo para su seguridad y su vida, responsabilizamos a la Policía Nacional y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos, quien ha establecido las condiciones y establecidos vínculos con instituciones represoras del estado, para perseguir y colocar en mayor riesgo al estudiante universitario.
3. Denunciamos que la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras responde a un interés específico de controlar la información generada en los diferentes institutos universitarios y ponerlos al servicio tanto del gobierno como de las políticas de venta de los territorios, como es el caso del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad, quien sostiene un convenio con el Ministerio de Seguridad para oficializar y ocultar el incremento de los femicidios, muertes violentas y ejecuciones extrajudiciales bajo la categoría de masacres, o el Instituto Universitario de Ciencias de la Tierra (Colocar las siglas) que genera información, investigaciones y estudios para la explotación minera e hidroeléctrica a favor de empresas transnacionales.
4. Hacemos saber que las acciones de represión, tortura y detención ilegales realizadas el pasado 8 de septiembre en contra de estudiantes y defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan la lucha estudiantil, responden a operaciones de desmovilización social y tiene la intención de instalar el terror y deslegitimar nuestra labor de defensoría, tal como se evidencia en la criminalización y judicialización de setenta y ocho (78) defensoras y defensores incluyendo menores de edad, de un periodo de cuatro meses de junio a septiembre del presente año.
5. Reconocemos que el uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza y armas por parte de La Policía Nacional responde al fortalecimiento de una institución represiva y violadora de derechos humanos que es necesario en un contexto cercano al proceso electoral y que tiene el sentido de anunciar que a través de todos los medios se pretende instaurar el continuismo de Juan Orlando Hernández quien ha venido utilizando los diferentes mecanismos, poderes y recursos del estado para mantenerse en la presidencia de Honduras con el único propósito de continuar implementando las políticas de despojo de los territorios y derechos más básicos del pueblo hondureño en contubernio con el poder transnacional y nacional para asegurar la acumulación de capital a través del despojo a las comunidades y territorios.
6. Condenamos la persecución y la violencia ejecutada hacia las comunidades campesinas del Bajo Aguan, quienes luchan por su derecho a la tierra y soberanía alimentaria a través de las recuperaciones después de la implementación de procesos estatales de reforma agraria que han constituido mecanismos de privatización, militarización y establecimiento de grupos paramilitares en dichos territorios.
7. De manera especial nos preocupa la persecución, criminalización y amenazas a la defensora Miriam Miranda quien es la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y que estas situaciones de riesgos y amenazas también antecedieron al asesinato de La Defensora Berta Cáceres cuyo asesinato continua en la impunidad y con una serie de señalamientos hacia el Ministerio Público por su inoperancia en hacer justicia. Hacemos responsable al estado de Honduras al Empresario Canadiense PatrickForseth que se ha apropiado del territorio que por derecho ancestral corresponde al pueblo Garífuna, de las acciones de criminalización que ya están en curso y de cualquier otra situación que coloque en riesgo o amenazase la seguridad de Miriam Miranda y lxs demás liderxs de la OFRANEH.
8. Exigimos la cancelación inmediata de la concesión otorgada a Jason Hawit a través de HIDROCEP y así mismo repudiamos los hechos sucedidos luego del dialogo realizado en Tela, Atlántida el 23 de agosto del 2017 donde se acordó la suspensión inmediata de operaciones de Hidroeléctrica Centrales El Progreso HIDROCEP S.A. DE C.V. en la parte alta de la montaña de la Cordillera Nombre de Dios, siendo estos incumplidos por parte de la empresa y provocando mayores daños en el cauce del río Mezapa así como daños sanitarios al encontrar rastros de heces fecales en el agua de consumo de las comunidades.
9. Así mismo condenamos el actuar del Ministerio Público donde los Fiscales Jimmy Gerson Valdivieso y Marleny Benítez Sevilla presentaron el día 5 de septiembre un recurso de apelación ante la resolución de la Jueza en el cual dicta sobreseimiento definitivo de las y los compañeros imputados, siendo esta una clara intensión de parte de los organismos estatales en conjunto con el sector empresarial en encarcelar a nuestras y nuestros compañeras y compañeros.
10. Exigimos una especial atención y condena a las reformas establecidas en los marcos legales para penalizar y castigar a las mujeres por ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpo penalizando el aborto, sosteniendo la prohibición de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) negando la aprobación del aborto bajo las tres causales, así mismo manifestamos que es totalmente repudiable la baja imputabilidad (No sabe si así es este término) a las penas por delitos sexuales en contra de las mujeres y de las niñas.
11. Reiteramos nuestra indignación y repudio a la violencia y represión del estado y manifestamos nuestra solidaridad y compromiso de lucha, movilización y defensa de los derechos humanos en Honduras, así mismo hacemos un llamado a los movimientos sociales que luchan en toda América Latina y el mundo y a la comunidad internacional a solidarizarse y denunciar activa y sistemáticamente el cese de las violaciones de derechos humanos en Honduras.
Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras, PMSPH
14 de septiembre de 2017
Fuente: Jubileo Sur
