27 de noviembre de 2017
El día de hoy se cumplen ocho años que Mariano Abarca fue asesinado mientras platicaba afuera de su restaurante en Chicomuselo, Chiapas. La muerte de Mariano Abarca, padre de cuatro hijos y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se vincula a su liderazgo en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de la mina de barita de la empresa Blackfire Exploration que operó durante dos años en Chiapas. Previo a su asesinato, Mariano fue víctima de amenazas e intimidaciones, incluyendo su detención en base a denuncias falsas que interpusieron representantes de la empresa, siendo el dirigente liberado al cabo de ocho días sin formularse cargo alguno. Todos los sospechosos en relación con el asesinato tienen algún vínculo con la minera de Calgary, Canadá, pero la familia Abarca aún no ha obtenido justicia ni en México ni en Canadá.
En junio del corriente año, la familia Abarca junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Otros Mundos – Chiapas y REMA presentaron una queja contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento alega que el estado mexicano no tomó las medidas necesarias para proteger la vida de Abarca y no llevó a cabo una investigación seria, objetiva, e imparcial sobre el asesinato. La petición sostiene, además, que el estado mexicano se dejó influir por repetidas intervenciones por parte de la Embajada de Canadá a favor de la empresa.
En la petición se cita información de documentos obtenidos bajo la ley de transparencia de Canadá, socializada por el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos de Canadá, Fronteras Comunes y Alerta Minera Canadá, que demuestra el carácter esencial del apoyo de la Embajada a la empresa para que la mina pudiera entrar en operaciones y para manejar el conflicto que no tardó en surgir al molestarse los vecinos del área con los impactos ambientales y sociales del proyecto. Los documentos indican que la Embajada vigilaba de cerca el conflicto creciente, y sin embargo hizo caso omiso de las quejas que Mariano Abarca y otros presentaron no sólo sobre los impactos ambientales de la mina sino también sobre trabajadores armados que actuaban como fuerzas de choque para la empresa. Cuando Mariano fue privado de libertad durante ocho días sin formularse cargos, la Embajada recibió mil 400 cartas de Canadá y Latinoamérica expresando suma preocupación por su seguridad. Aún así, sus comunicaciones con funcionarios estatales de México, conforme revelan los documentos obtenidos, se orientaban a proteger los intereses de la empresa. Incluso luego del asesinato de Mariano y de la clausura de la mina por razones ambientales, los documentos indican que la Embajada continuó brindando apoyo a la empresa, en forma de asesoría sobre cómo demandar al estado mexicano en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La situación en México y en la región ha empeorado desde el asesinato de Mariano: las circunstancias en que las y los defensores de la tierra y el ambiente defienden sus vidas y su bienestar son más peligrosas que nunca, y a menudo deben lidiar con persecución legal y demonización en los medios. Una investigación del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa indica que entre el 2000 y el 2015 hubo al menos 44 muertes, más de 400 heridos, y más de 700 casos de criminalización con relación a 28 empresas mineras canadienses que operan en 13 países latinoamericanos. Según la investigación, México resultó ser uno de los más peligrosos; incluso este mes, Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron asesinados en el contexto de una disputa laboral en la mina de Torex Gold en Guerrero.
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra solidaridad continua con el trabajo de la familia Abarca, Otros Mundos – Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y REMA en la búsqueda de justicia por la criminalización y asesinato de Mariano Abarca y todas las personas que hayan sido asesinadas, amenazadas, desplazadas con violencia, objeto de persecución legal, demonizadas o despojadas de su territorio, tierra, agua o sustento debido a la impunidad en que operan las empresas canadienses en México y en gran parte de la región, así como todas y todos aquellos que trabajan para defender el agua, la tierra, la vida y el bienestar para evitar estos daños.
En este sentido, instamos al gobierno canadiense a dejar de intervenir a favor de las empresas que operan en el extranjero y, de acuerdo al compromiso de Canadá de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a remplazar su estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo con medidas para garantizar el respeto fundamental al derecho de los pueblos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado antes de cualquier tipo de actividad minera. Esto debe verse acompañado del acceso efectivo a los tribunales canadienses con relación a daños individuales y colectivos, procesamiento penal de abusos graves, y una oficina de procurador (ombudsman) independiente de derechos humanos con facultades concretas para llevar a cabo investigaciones efectivas que contribuyan al resarcimiento y a evitar daños. A su vez, se debe remplazar el modelo actual de acuerdos para la protección del comercio y las inversiones que les permiten a las empresas entablar demandas contra gobiernos en tribunales internacionales con un nuevo modelo de cooperación e intercambio entre naciones en que se priorice a los pueblos, a las y los trabajadores y al ambiente.
Atlantic Regional Solidarity Network
British Columbia Government and Service Employees’ Union (BCGEU)
Centro internacional de solidaridad obrera (CISO)
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)
Common Frontiers
Council of Canadians
Canadian Union of Postal Workers (CUPW)
L’Entraide Missionnaire
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network
Mining Justice Alliance
MiningWatch Canada
PBI Canada
Public Service Alliance of Canada (PSAC)
United for Mining Justice
United Steelworkers
