Esa acción urgente en línea es apoyada por las organizaciones canadienses Atlantic Region Solidarity Network, Breaking the Silence, Common Frontiers, el Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) , CoDevelopment Canadá y Miningwatch Canadá.
Pida a la ministra de Relaciones Exteriores, la Sra Chrystia Freeland, que tome una posición firme sobre el fraude electoral, la represión y la violencia en Honduras.
Desde las elecciones nacionales del 26 de noviembre, observadores nacionales e internacionales han documentado numerosos ejemplos de irregularidades y fraudes electorales. Estas irregularidades y actividades fraudulentas apoyan al candidato saliente del Partido nacional, Juan Orlando Hernández, que estaba muy por detrás de Salvador Nasralla de la Alianza opositora en el final del conteo de votos del 26 de noviembre. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el cual los partidos de oposición no estaban representados y cuyo presidente está estrechamente vinculado con el candidato saliente, perdió toda legitimidad con la población hondureña.
Temiendo que la democracia en Honduras continúe siendo desestabilizada, como fue el caso con el golpe militar de 2009, decenas de miles de hondureños salieron a las calles del país para exigir que la voluntad del electorado sea respetada. Muchos llaman a Juan Orlando Hernández a la renuncia inmediata, viendo su centralización del poder en el país y sus esfuerzos de reelección como una perpetuación del golpe de estado.
Al igual que con las manifestaciones posteriores al golpe militar de 2009, estas protestas fueron blanco de violencia extrema y represión por parte de las fuerzas militares y policiales controladas por Hernandez y el Partido nacional. El Comité de Familias de Detenido(a)s y desaparecido(a)s en Honduras (COFADEH) informó que al 7 de diciembre, al menos 14 personas habían sido asesinadas como resultado de la violenta represión del Estado en contra de las manifestaciones, la policía militar es responsable en gran parte de esta violencia. Además, 51 personas resultaron heridas (7 de gravedad) y 844 detenidas durante el período en que el gobierno hondureño impuso ilegalmente un toque de queda militar y suspendió las garantías constitucionales en todo el país a partir del 1 de diciembre de 2017. Esta semana, el Honduras Solidarity Network (Red de Solidaridad con Honduras) informa que esta represión continuó contra una nueva ola de protestas y con el sabotaje del transmisor de Radio Progreso.
En su declaración del 10 de diciembre, la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, «deploró a los muertos y heridos» sin reconocer que la violencia fue perpetuada por las fuerzas estatales. Además, en su declaración, la ministra Freeland continúa reconociendo el TSE, controlado por el gobierno, a pesar de toda la evidencia de fraude electoral, intimidación y demostración de fuerza contra el pueblo hondureño en las últimas dos semanas.
Canadá tiene una gran responsabilidad considerando sus relaciones políticas y económicas con Honduras. Desde el golpe militar de 2009, que el gobierno canadiense ayudó a legitimar, la libertad política y los derechos humanos han sido gravemente erosionadas y cientos de personas – incluyendo el conocido caso de Berta Cáceres – murieron o fueron asesinados por razones políticas. Mientras tanto, el gobierno canadiense ha apoyado la expansión de los intereses corporativos e inversionistas en Honduras, junto con gobiernos represivos y corruptos en el poder, en sectores como la minería, los textiles, las bananas, las presas hidroeléctricas, el turismo, etcétera, de manera para que ellos puedan beneficiarse del deterioro de la protección para los pueblos indígenas, los indígenas Garífunas, los trabajadore(a)s, la tierra y el medio ambiente.
Estimada Sra. Freeland,
Le escribo hoy para expresarle mi profunda preocupación por la actual crisis política y de derechos humanos en Honduras tras las elecciones nacionales del 26 de noviembre.
El gobierno canadiense debe ser más firme en su condena de las irregularidades y actos fraudulentos, la represión policial, militar y la violencia contra los manifestantes contra el fraude anti electoral y otros ciudadanos. Es particularmente importante que Canadá denuncie claramente la responsabilidad del Estado por los muertos, heridos y detenidos, mientras se le exige que asuma la plena responsabilidad por estos crímenes.
Dadas las serias dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) que se han generado desde las elecciones, insto al gobierno canadiense a no reconocer los resultados o el ganador que el TSE podría imponer al pueblo hondureño, y pedir una investigación independiente sobre la manipulación de la constitución antes, durante y después del proceso electoral.
También pido a Canadá que suspenda el apoyo político para el gobierno hondureño, como lo han pedido los nuevos demócratas, así como todo el apoyo económico y la capacitación de las agencias de seguridad, hasta que resultados verdaderamente libres y justos sean anunciados y que el Gobierno de Honduras pueda demostrar que los derechos constitucionales y humanos de su pueblo sean respetados.
Es hora de que el gobierno canadiense deje de apoyar al régimen de Hernández y respete la lucha del pueblo hondureño por elecciones libres y justas sin intervención.
Gracias por su atención en este momento crucial en Honduras.
Atentamente,
