La semana pasada, representantes de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa y de la ONU y del gobierno canadiense se reunieron en la capital, Ottawa, para hablar sobre el mandato de la recién nombrada Ombudspersona (o defensora del pueblo). Ella debería tener la responsabilidad de investigar las empresas canadienses que operan en el extranjero.
De ese encuentro, las organizaciones de derechos humanos canadienses salieron indignadas con la postura del gobierno federal, que señaló que, entre los roles de la defensora del pueblo, estaría la compilación de datos sobre las organizaciones y movimientos sociales que presentan las denuncias. Para la sociedad civil de Canadá, eso representa una traición y un riesgo para los pueblos y comunidades que luchan contra la destrucción de sus modos de vida y de sus territorios por parte de empresas extractivas.
En enero de 2018, tras más de diez años de presión social, el gobierno de Justin Trudeau anunció la creación de la Defensoría del Pueblo, pero el puesto se quedó vacío por más de un año. Se nominó finalmente en abril pasado a la abogada Sheri Meyerhoffer, cuyo histórico deja dudas cuanto a las reales intenciones detrás de su elección.
Nos explica Marie-Eve Marleau, coordinadora del Comité por los Derechos humanos en América Latina, CDHAL, organización que hace parte de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.
Pero también lo que nos preocupa es que tiene una experiencia como lobista para el sector petrolero canadiense. Entonces, teniendo esa experiencia en su récord nos preocupa de su real interés. Porque la dificultad con este puesto es que la sociedad civil exigimos que sea independiente del gobierno, que sea transparente, que realmente tenga el poder de investigar las alegaciones de manera muy rigurosa.
Marie-Eve Marleau resalta que la presión de los movimientos sociales para la creación del puesto de Ombudsperson tiene origen en las constantes denuncias contra las empresas canadienses, sobre todo del sector minero, por adoptar prácticas con impactos sociales y ambientales devastadores.
Canadá es un paraíso fiscal minero, ya que más de la mitad de las empresas mineras que operan en el mundo están registradas en la Bolsa de Toronto. Sus embajadas son reconocidas por ejercer presión política en varios países para favorecer los intereses de los inversionistas en detrimento de los derechos humanos.
Para la coordinadora del CDHAL, sin embargo, hay que seguir visibilizando las violaciones y trabajando de forma colectiva.
Nos tenemos que organizar, tenemos que proponer otros modelos, otras alternativas y solidarizarnos realmente entre pueblos y comunidades para hacerle frente a esa invasión extractiva.
Foto: Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA)
