A pesar de que el ministerio público a través de la Defensoría del Pueblo solicitó al alcalde de Ituango -Hernán Álvarez- declararse impedido ante proceso policivo por él solicitado ante la Inspección de Policía de Ituango, este decidió ser juez y parte en el caso del albergue que la misma administración municipal otorgó a las comunidades que fueron rescatadas por el DAPAR y la Cruz Roja de las riberas del río Cauca el 3 de mayo, después de haber quedado atrapadas por el represamiento ilegal generado por Empresas Públicas de Medellín EPM desde el 28 de abril. Las familias que llevan un año en este albergue perdieron sus medios de vida y subsistencia, sus herramientas de trabajo, pertenencias y en algunos casos su vivienda, hasta el momento no han recibido ningún tipo de atención por parte de las instituciones del Estado a pesar de que todas conocen la situación.
Las comunidades interpusieron una acción de tutela y el juzgado promiscuo del circuito de Ituango determinó que la administración debía incluir a las comunidades en programas socio-económicos y de vivienda lo cual no ha cumplido.
El alcalde en una acción arbitraria donde solicita, juzga, falla, ordena y pretende ejecutar el desalojo notificado el día 29 de abril se ha negado a brindar garantías a las comunidades, ha incumplido acuerdos que pudieron evitar la dura situación que han vivido durante este año como la entrega de un terreno a la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM Ituango; ha promovido discursos de odio y estigmatización en contra de Ríos Vivos lo ocurrido el 19 marzo es una prueba de ello.
La Contraloría delegada para la participación solicitó a la Administración la logística para realizar un espacio de cierre del recorrido de escucha a las familias afectadas por Hidroituango. La administración de Hernán Álvarez distorsionó el espacio y convocó abiertamente a las comunidades a “sacar del Coliseo a Ríos Vivos” uso a los niños y niñas que fueron convocados a hacer deporte -como cada semana- y llevados de manera engañosa por los entrenadores, especialmente la coordinadora Fátima Trujillo Velilla (funcionaria de la administración) a insultar, gritar, calumniar, señalar y estigmatizar a los integrantes del Movimiento. De igual manera la funcionaria del programa Buen Comienzo Erika María Roldán expresó abiertamente que hacía seguimiento a los integrantes del Movimiento (desconociendo nuestra situación de riesgo y los cientos de ataques que hemos sufrido), como si lo anterior fuera poco, la misma rectora de la institución educativa Pedro Nel Ospina María Victoria Zapata Yépez, en nombre de los directivos de la institución, de los docentes y de los mismos estudiantes (según ella) señaló a Ríos Vivos y sus integrantes de “despreciar a la juventud ituanguina”·acusando a los afectados, que en su mayoría son víctimas del conflicto armado, de ser parte del problema en el que se condena a los jóvenes “a la guerra y la falta de oportunidades”. Todo lo anterior promovido por una Administración municipal que con el afán de distorsionar la realidad ha pretendido evadir sus obligaciones y responsabilidades como primer respondiente en situaciones de emergencia como las generadas por EPM.
Ni el derecho a la información ha sido respetado por la Administración, esta se niega a responder los derechos de petición que la comunidad en más de seis ocasiones le radicó, una de ellas insistiendo en la necesidad de cumplimiento de las decisión del juez de tutela, otros expresando preocupación y solicitando ayuda en alimentos y salud. Ni el personero ha prestado atención a la gravedad de la situación aduciendo que nada puede hacer cuando es de su conocimiento todo lo ocurrido y la misma situación de riesgo que viven los líderes del Movimiento, las amenazas y ataques recibidos durante la estancia en el Coliseo sin que él proteja sus derechos.
Antes de recibir la orden de desalojo las comunidades nuevamente radicaron un documento en el que insistieron en su voluntad de diálogo, la necesidad de alimentos y lugar a donde ir pues las condiciones sanitarias del Coliseo son insoportables. Dejamos constancia por medio de esta alerta de que no ha habido dialogo alguno y por el contrario sólo hemos tenido por parte de la administración malos tratos y humillaciones, que lo único que pedimos es tener un lugar a donde ir y las mínimas condiciones para una vida digna.
Cómo Movimiento Ríos Vivos rechazamos las actuaciones violatorias de los derechos humanos, el sometimiento a las comunidades a situaciones de miseria e indignación. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación inicie las investigaciones a las que haya lugar, a la Defensoría del Pueblo Nacional proteja nuestros derechos, a EPM nos repare de manera integral y a la administración municipal de Ituango reconozca sus obligaciones de primer respondiente en materia de gestión del riesgo y nos de la atención digna a la que como ciudadanos colombianos tenemos derecho.
Fuente y foto:
PASC
