POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA el comité de comercio internacional del Parlamento canadiense escuchó la semana pasada el testimonio de un jefe de Estado.
Durante 100 minutos el presidente Uribe respondió a sus preguntas —muchas difíciles y otras abiertamente hostiles— sobre los Derechos Humanos y la democracia en el país. Aunque el mandatario colombiano se contuvo más que de costumbre —solamente se le observó alzar la voz y manotear de vez en cuando— difícilmente puede concluirse que hubo “evolución positiva” en el TLC con Canadá durante su visita.
Después de la congelación del TLC con Estados Unidos, este acuerdo se ha vuelto una prueba de fuego crucial para el Gobierno en materia de política internacional. Hasta hace poco su ratificación parecía inminente. No sólo ha contado con un fuerte respaldo del primer ministro y de los miembros de su partido en el Parlamento, sino que muchos liberales han sido partidarios del libre comercio y de la necesidad de hacer explícita ante el mundo la oposición de Canadá al proteccionismo. Sin embargo, a pocas semanas de la visita de Uribe, los conservadores retiraron de la agenda legislativa el proyecto de ley que hubiera dado vía libre al TLC, sin indicio ninguno sobre su intención de reprogramar el voto.
El bloque que se opone al TLC es considerable y no se puede reducir a un puñado de “compatriotas” ni de “guerrilleros disfrazados de activistas de ONG” que lo único que quieren es —como ha insinuado el presidente Uribe— desacreditar los esfuerzos del Gobierno. Incluye numerosos grupos de la sociedad civil canadiense y colombiana, académicos, dos partidos de la oposición en el Parlamento y un sector de los liberales. Su principal exigencia es que haya garantías de que el TLC con Colombia no deteriore aún más la ya deplorable situación de Derechos Humanos y que contribuya a fortalecer la democracia en lugar de debilitarla. Para ello, y antes de ratificarlo, se ha solicitado un estudio independiente sobre los Derechos Humanos en Colombia y el eventual impacto del Tratado.
El desespero del Gobierno —que se hizo evidente con la visita del Presidente colombiano al Parlamento— obedece al reconocimiento de que su imagen internacional se está deteriorando. Sabe, como también lo intuyen los opositores del Tratado, que la ratificación del TLC entre Colombia y Canadá —uno de los líderes mundiales en el tema de los Derechos Humanos— constituiría un reconocimiento implícito de su legitimidad, y que de lograrse, difícilmente otros gobiernos, incluyendo el de Barack Obama, podrían negarse a suscribir futuros acuerdos con el país.
En síntesis, hay mucho más en juego que un tratado de libre comercio, tanto para el gobierno de Álvaro Uribe como para Canadá. Es diciente que hasta el diario conservador Toronto Star, en su editorial del 14 de junio, haya afirmado que se trata de una decisión en la que se disputa la reputación de ese país, razón por la cual no se puede tomar a las carreras. Es decir, el tema va para largo, y contrario a lo que dice el Gobierno, por ahora no va nada bien.
* Profesora Titular Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
