Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.
El malestar es grande. Entre abril y mayo de este año, 300 pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, en Zacatecas, bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp. no cumplió su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón. El descontento se ha extendido como reguero de pólvora por muchos estados. Los ciudadanos de San Luis Potosí se oponen a la explotación de oro y plata en la mina San Javier en Cerro de San Pedro. En Chihuahua, donde se ubican las mayores concesiones a las trasnacionales mineras, la resistencia campesina ha denunciado grandes abusos corporativos.
Alrededor de 3 mil personas de varios municipios de la sierra de Chiapas realizaron el pasado 14 de abril una marcha silenciosa en Motozintla para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera en la región, porque “sólo traen destrucción y muerte”. Las concesiones favorecen a la canadiense Black and Fire y a la estadunidense Liner Gold Corp. La protesta concluyó con una misa. En una carta, las siete parroquias de la zona expresaron la oposición de la Iglesia católica al desarrollo que fomenta desigualdades y atropella y excluye a personas.
El pasado 21 de abril, la policía oaxaqueña y la Federal reprimieron salvajemente a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, que desde el 16 de marzo habían bloqueado el acceso de la mina La Trinidad, de San José del Progreso, propiedad de Fortuna Silver.
El presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande (pueblo localizado en la parte central del estado de Puebla), Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presiona para que Australian Minerals Group lleve a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en la localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.
Muchas de esas empresas, como reportó La Jornada, son canadienses. No sólo están en nuestro país. Tienen el control de 51 por ciento del capital minero del planeta. Otras son estadunidenses, australianas, de Islas Vírgenes, argentinas, italianas, y también hay mexicanas.
Están aquí porque el gobierno de México les abrió la puerta. Hasta 2007 había otorgado 438 concesiones mineras, la mayoría a compañías del país de la hoja de maple. En Oaxaca facilitó 28 concesiones y entregó más de 70 mil hectáreas a las trasnacionales; en Chiapas obsequió 72. Más de la mitad de estas explotaciones en ese estado pertenecen a las corporaciones canadienses Linear Gold y Frontier Development Group, pero las comunidades no lo saben, pues no se les informó ni consultó. A pesar de que su inversión es relativamente reducida, las trasnacionales canadienses que operan en México poseen los proyectos más rentables en la explotación, desarrollo y producción de minas de oro y plata, lo que les ha permitido obtener las mayores utilidades del negocio.
Para protestar contra esta nueva forma de despojo colonial, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold), Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, convocó a celebrar el próximo 22 de julio el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. La jornada de lucha forma parte de una movilización pacífica que se efectuará frente a las embajadas canadienses en diversos países.
La minería a cielo abierto ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por sus efectos devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua con químicos, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, elimina la flora y fauna nativas y afecta la salud de los pobladores. Las localidades en las que se asientan los enclaves mineros reciben como pago una muy pequeña cantidad de la riqueza que se extrae de las entrañas de su tierra.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) efectuó su primera convención del 19 al 21 de junio de 2008, en la comunidad de Tamacapulín, Jalisco. Participaron cientos de personas, pertenecientes a organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, colectivos de estudiantes y académicos, provenientes de 12 estados del país. Su proceso organizativo está estrechamente vinculado con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
El primer encuentro de la Rema concluyó con la Declaración de Tamacapulín, la cual manifiesta: “contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado como concesiones mineras”.
El rechazo ciudadano a la minería a cielo abierto es, simultáneamente, expresión de la lucha por la liberación nacional desde el campo popular y combate por un modelo de desarrollo diferente, que pone en el centro el bienestar de las personas y la defensa del medio ambiente.
Luis Hernández Navarro
