El 22 de septiembre, la periodista indígena maya Kʼicheʼ y directora de un medio de comunicación local, Anastasia Mejía Tiriquiz, fue detenida junto con la defensora de los derechos humanos y autoridad ancestral Petrona Siy Castro y el señor Manuel Hernández de 78 años en la ciudad de Joyabaj, en el departamento de El Quiché de Guatemala.
Fueron acusadxs de sedición, incendio agravado y robo en represalia por haber dado cobertura mediática a una protesta que tuvo lugar el 24 de agosto en la municipalidad, durante la cual lxs habitantes denunciaron la corrupción en relación con la mala gestión de la crisis de COVID-19, así como la violencia institucional racializada del alcalde contra los comerciantes locales.
Durante la protesta, Anastasia informó a través de Facebook Live. También informó sobre los recurrentes actos de corrupción y violencia contra la población local por parte del alcalde. Los cargos a los que se enfrentan ahora son el resultado de las denuncias penales presentadas por el alcalde Florencio Carrascosa Gaméz. Otras nueve personas se enfrentan a cargos, pero hasta la fecha, sólo Anastasia, Petrona y Manuel han sido detenidxs por la Policía Nacional. Sus detenciones selectivas son un intento de criminalizar y silenciar la libertad de expresión en Guatemala.
Los tres fueron detenidxs durante 36 días antes de tener su primera audiencia, que se supone que tienen lugar dentro de las 24 horas de la detención. A finales del miércoles 29 de octubre, la jueza Susy Pérez dictaminó que había pruebas preliminares suficientes para que el caso siguiera adelante. Los abogados del alcalde presionaron para que fueran enviados a la prisión preventiva. La jueza dictaminó que podían ser liberadxs de la cárcel con la condición de que cada unx pagara $2500 dólares de fianza (20.000 quetzales guatemaltecos, o $3500Cdn cada uno). Esto representa una cantidad completamente inaccesible para las personas defensoras y sus familias.
Las periodistas rurales e indígenas corren un mayor riesgo de ser atacadas por grupos delictivos y funcionarios públicos, además de ser víctimas de actos de discriminación por motivos de género, raza e identidad étnica.
Por favor, ayúdenos a recaudar la cantidad que necesitan para pagar la fianza y contribuir a sus gastos legales continuos contra un alcalde poderoso, corrupto y racista que quiere acallar las voces populares que exigen la rendición de cuentas de su Administración.
Esta campaña es en apoyo de una campaña basada en Guatemala que ha sido consentida por las familias de lxs tres defensorxs y el Consejo del Pueblo Indígena K’iche (CPK).
Otras formas de apoyar la campaña:
*Lea más y comparta esta información en inglés ampliamente en los medios de comunicación social:
– La Ruda
– La Cuerda
– Prensa Comunitaria
–IM Defensoras
*Insistir en que las misiones diplomáticas canadiense/estadounidense/europeas en Guatemala acompañen las próximas audiencias y se pronuncien públicamente por la libertad de expresión y contra las prácticas racistas de criminalización contra quienes defienden sus derechos.
Puede contribuir haciendo una donación, de cualquier valor, aquí.
Foto : Revista digital feminista RUDA
