El 4 de diciembre 2020
El Honorable François-Philippe Champagne, P.C., M.P. Ministro de Asuntos Exteriores
Oficina de la Cámara de los Comunes
Ottawa, Ontario
K1A 0A6
Señor Ministro,
Le escribimos en nombre del Grupo de Política de las Américas (APG), una coalición de organizaciones de la sociedad civil canadiense que trabaja en estrecha colaboración con organizaciones asociadas de América Latina y el Caribe.
Ante el marcado deterioro de la situación de los derechos humanos en Colombia, le instamos a que aproveche las estrechas relaciones entre Canadá y Colombia para expresar a las autoridades colombianas sus serias preocupaciones y pedir medidas concretas, tanto para poner fin a los asesinatos de lxs defensores de los derechos humanos y garantizar que se respeten los compromisos de la aplicación del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP.
Muchas organizaciones miembros del APG tienen una larga historia de compromiso con Colombia. En 2016, celebramos con nuestrxs socixs colombianxs la firma de un acuerdo de paz histórico, pero también compartimos su esperanza de ver mejorar la situación humanitaria y la de los derechos humanos. El Canadá también ha apoyado esta causa como uno de los principales donantes para la consolidación de la paz en Colombia. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la situación se ha ido deteriorando constantemente y la aplicación del acuerdo de paz está prácticamente paralizada.
Todos los indicadores muestran que Colombia es actualmente el país más peligroso del mundo para lxs defensorxs de los derechos humanos. Es particularmente preocupante que la violencia se dirija principalmente contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, las personas que defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente y las que defienden la aplicación del acuerdo de paz. Organizaciones de la sociedad civil como Indepaz informan de que sólo este año han sido asesinadxs más de 250 líderes y lideresas comunitarixs, mientras que más de mil han sido asesinadxs desde la firma del acuerdo de paz. Y estos números siguen aumentando. Mientras tanto, muchxs otrxs, incluidxs nuestrxs socixs, han recibido amenazas de muerte y viven con miedo debido a la falta de medidas eficaces para protegerlxs.
COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de lxs líderes y lideresas comunitarixs, ya que los grupos armados han explotado las restricciones existentes para consolidar su dominio. Además de las actividades en curso de grupos armados como el ELN y el EPL, estructuras paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia han aumentado sus filas, participando en un conflicto territorial que afecta a comunidades enteras. Nuestrxs asociadxs han informado de que han presenciado desplazamientos forzados, secuestros, asesinatos selectivos, reclutamiento forzoso y violencia sexual contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI. Mientras tanto, el gobierno colombiano ha reducido las medidas de protección colectivas e individuales o no puede aplicarlas eficazmente, optando en cambio por militarizar aún más el país. Nuestrxs socixs nos informan que es precisamente en las zonas más militarizadas como Antioquia, Cauca y Nariño donde se producen la mayoría de los asesinatos. Estos incidentes recuerdan algunos de los peores episodios de violencia en Colombia y generan un temor generalizado en las comunidades.
El APG y nuestrxs socixs en Colombia también están preocupadxs por el fracaso del gobierno colombiano en la aplicación del acuerdo de paz y en evitar la matanza de cientos de excombatientes de las FARC-EP que dejaron las armas tras la firma del acuerdo. Creemos que la actual ola de asesinatos contra estas personas, así como el asesinato de líderes y lideresas comunitarixs, contribuye a sabotear el acuerdo y su prometida reforma de la economía rural. Esto constituye sin duda un gran obstáculo para el progreso de cualquier proceso de paz con los grupos armados que aún están activos, especialmente el ELN y el EPL.
Un informe exhaustivo publicado en septiembre de 2020 por más de 500 organizaciones colombianas denuncia que hasta hoy sólo el 4% del acuerdo de paz ha sido realmente implementado y que apenas un 10% adicional está comenzando a ser implementado. Poco o nada se ha hecho para adelantar el 86% restante del contenido del acuerdo, en particular sus disposiciones sobre la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos. En cuanto a la aplicación del «Capítulo Étnico», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes seguían experimentando un aumento de la violencia en sus territorios y que las medidas adoptadas por el Gobierno no habían dado ningún resultado. Además, a pesar de los 130 compromisos relacionados con el género del acuerdo de paz, su aplicación sigue pendiente. Según un informe reciente del Instituto Kroc , sólo el 9% de ellas se han aplicado hasta la fecha.
La situación es urgente. La lentitud del actual gobierno en la aplicación del acuerdo de paz y su persistente incapacidad para prevenir y llevar ante la justicia los ataques contra lxs defensorxs de los derechos humanos y lxs líderes y lideresas comunitarixs está alimentando una crisis creciente que amenaza la paz. Es fundamental que la comunidad internacional, en particular los países donantes a las iniciativas de consolidación de la paz, como el Canadá, alce su voz para expresar sus preocupaciones y promover soluciones.
Como prioridad, le instamos a que presione para:
– una protección más fuerte, no más débil, para lxs defensorxs de los derechos humanos
amenazadxs, lxs líderes y lideresas comunitarixs y sus comunidades;
– investigaciones exhaustivas y transparentes de los asesinatos de estos individuos, y que sus
autores sean llevados ante la justicia;
– acciones concretas para desmantelar las organizaciones paramilitares, sus redes de tráfico de
las drogas y sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado;
– la aplicación efectiva del acuerdo de paz.
Por último, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para solicitar una reunión lo antes posible a fin de compartir con ustedes la información reunida por nuestrxs asociadxs sobre el terreno en Colombia para fortalecer la diplomacia canadiense por la paz.
Atentamente, Sr. Ministro.
Robin Buyers Copresidente y Laura Ramirez Copresidente
cc: El embajador Marcel Lebleu Robin Larocque Roy
