El gobierno de Quebec, Canadá, ha determinado toque de queda a partir de las 8 de la noche para frenar los casos de contagio por Covid-19. Sin embargo, grupos y organizaciones de la sociedad civil organizaron una manifestación el 30 de enero, en rechazo a los impactos de esa medida sobre personas migrantes.
Desde el inicio de la pandemia, quedó claro que las personas con estatus migratorios precarios suelen ocupar los puestos de trabajo con las peores condiciones laborales, incluso las que se llevan a cabo durante la noche. Ellas y ellos garantizan la manutención de servicios esenciales al conjunto de la sociedad canadiense: Abastecen y atienden los comercios de comida, cuidado de personas enfermas y de niños, así como de limpieza de tiendas, casas y oficinas. Mismo aquellas personas sin papeles que están trabajando en los centros de salud del gobierno no tienen acceso a beneficios o ayudas sociales. Es decir, son personas que se exponen al riesgo máximo de contaminación pero sin ninguna compensación.
Ahora con el toque de queda, están expuestas además al riesgo de prisión y deportación, ya que las fuerzas policiales que monitorean las calles en la noche son las mismas que han sido sistemáticamente denunciadas por sus prácticas racistas.
El Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL, entrevistó a Ines, de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes del CTI quien nos comparte las demandas de las organizaciones sociales en defensa de los derechos de las personas migrantes.
“El toque de queda nos está afectando a nosotras las trabajadoras domésticas sin estatus, porque hemos tenido que modificar nuestros horarios de trabajo y eso les ha molestado muchísimo a nuestros patrones. Lo que pedimos en la manifestación son nuestras demandas, que son la regularización para todas y todos los emigrantes, el acceso a la salud, porque vivimos en una situación precaria, indignante y compleja, porque somos seres humanos y merecemos ser reconocidos no ignorados. Por esa situación el año pasado perdimos dos compañeras que tuvieron que ir a morir al país de origen ya que los precios de los tratamientos y hospitalizaciones son increíblemente elevados. Por esa razón también pedimos la ayuda financiera al gobierno”.
Desde Canadá, reporta Rosalinda Hidalgo, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.
Fuente foto : Radio Canadá Internacional.
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