26 de enero de 2021 – INREDH
La comunidad indígena ancestral San Rafael, ubicada en el Triángulo de Cuembí, cantón Putumayo de la provincia de Sucumbíos, presentó una denuncia ante la delegación de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos por la vulneración de sus derechos colectivos por parte del Ejército ecuatoriano que, sin consulta y consentimiento de la comunidad, ingresó a su territorio ancestral, y causó daños a sus cultivos y a su relación espiritual con la naturaleza.
Mediante una rueda de prensa desarrollada hoy, 26 de enero de 2021, representantes de la comunidad pidieron a la institución pública se declare la vulneración de derechos colectivos y se adopten medidas de reparación por la intromisión a su territorio ancestral indígena, ocurrida el pasado 29 de octubre del 2020, donde aproximadamente 50 militares armados y equipados ingresaron en una embarcación desde el municipio del puerto El Carmen hacia aguas arriba del río Putumayo y llegaron hasta el centro de la selva de conservación de la comuna.
Inés Achanga, habitante de la comunidad, relató que el personal militar desembarcó en un pequeño puerto, frente a su casa, y se adentró en las selvas de conservación comunitaria, con dirección al río Puñuña y llegó hasta el pequeño campamento donde se encontraban el cultivo de balsa comunitaria. “Destrozaron las chozas de plástico improvisadas, utensilios de cocina, vajillas, cobijas, toldillos y regaron la alimentación para la realización del trabajo de cosecha de balsa comunitaria”.
El presidente de San Rafael, Israel Pianda, explicó que la comunidad había cultivado por cinco años, de acuerdo a sus prácticas propias, una hectárea de balsa comunitaria y que con la cosecha se pretendía realizar varias diligencias comunitarias como trasladar a dos personas que estaban delicadas de salud y actualizar las autoridades del consejo de gobierno comunitario para este nuevo período.
Estos hechos, de acuerdo al defensor de derechos humanos y comunero de la zona, Darwin Rodríguez, constituyen una violación a los derechos colectivos debido a que “los militares ingresaron sin autorización al territorio ancestral indígena; no consultaron para ingresar al territorio; y hubo una falta de respeto a las autoridades tradicionales de la comunidad”.
Con esta denuncia, también se exige disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y la no repetición de estos hechos; es decir, “que a partir de ahora se respete y se garantice el derecho a consultar, coordinar y hacer una decisión conjunta sobre el ingreso a territorios indígenas, con lo cual se modificaría la forma de actuar del ejército en los territorios indígenas de nuestra frontera”, manifestó Jorge Acero, abogado de la comunidad.
Es más, Rodríguez pidió al ministro de Gobierno que dé soluciones al daño causado a la comunidad, que sancione a los responsables, y que la Defensoría investigue de manera transparente el hecho denunciado; ya que son hechos acumulados, y “siendo este el más grave, merecía ser puesto a conocimiento de las autoridades y a la opinión pública”.
Por otro lado, los representantes aprovecharon para denunciar que en San Rafael, pese a ser una comunidad indígena con más de 60 años de vida en la zona, el Estado no garantiza derechos constitucionales como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna, entre otros. Comentan que dentro del territorio hacen un arduo trabajo de conservación de especies silvestres y del bosque; sin embargo, Ejército ecuatoriano, en un comunicado emitido en octubre, aseguró que era un operativo de control de tráfico de madera ilegal, refiriéndose al cultivo y explotación legal de balsa, la que es sembrada y luego cosechada para satisfacer necesidades de la comunidad.
Acero, enfatiza que la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia por la inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial No. 080 emitida en julio de 2020, determinó que el Ejército ecuatoriano deberá, de acuerdo al art. 57 de la Constitución de la República y a instrumentos internacionales, obtener el consentimiento de esa comunidad ancestral para ingresar, “cosa que no ocurrió en el caso denunciado”.
