8 de marzo de 2021 – Guatemala Solidarity Project
El gobierno guatemalteco, a través del Ministerio Público, insiste en seguir criminalizando a Abelino Chub Caal, con relación a la expoliación de tierras que sufrió la comunidad q’eqchi de Plan Grande en El Estor, Izabal.
Abelino Chub, defensor de los derechos territoriales indígenas, pasó 813 días encarcelado injustamente antes de su juicio, acusado falsamente de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. Finalmente fue liberado el 22 de abril de 2019, después de que el Tribunal de Mayor Riesgo A pronunciara una sentencia exculpatoria, declarándolo inocente de todos los cargos.
Sin embargo, la fiscalía decidió recurrir esa decisión. El 24 de febrero de 2021, el Tribunal de Apelación Penal llevó a cabo una audiencia especial de apelación. El abogado defensor Jovita Tzul presentó sus argumentos y Abelino Chub expresó su consternación por la apelación, pidiendo al tribunal que confirme la decisión a su favor. La fiscalía ni siquiera compareció en la audiencia, prefiriendo enviar sus alegaciones por escrito. La decisión del tribunal sobre el recurso se publicó el 10 de marzo a las 15:00 horas.
Las acciones del Ministerio Público parecen ser parte de una estrategia para criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a los líderes comunitarios en Guatemala. Mantener a Abelino Chub involucrado en un proceso penal literalmente perjudica su capacidad para llevar a cabo su trabajo en defensa del pueblo Q’eqchi. Y eso a pesar de que el alto tribunal ha declarado a Abelino completamente inocente.
Según la defensa de Abelino Chub, «la sentencia pronunciada el 22 de abril de 2019 por el Tribunal de Mayor Riesgo A está clara y lógicamente motivada. Por eso, resulta incomprensible que la Fiscalía alegue en su recurso que la condena (2016-00328) es infundada porque no dio suficiente valor probatorio a dos de los testigos de cargo: el capataz y el director de la finca Murciélago, supuestamente propiedad de Cobra Investments y CXI, Inc. (empresas con intereses en la zona y demandantes). Por esta razón, está claro que esto sigue siendo un caso de criminalización y una estrategia para despojar las tierras Q’eqchi.»
Es preocupante que el Estado guatemalteco, a través del Ministerio Público, siga criminalizando y persiguiendo a los defensores de los derechos humanos, a la vez que fomenta y aprueba el despojo de las tierras indígenas. Además, el Ministerio Público ha incumplido claramente su deber de investigar sobre las graves irregularidades que salieron a la luz durante el juicio. En su sentencia, el Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó «a la fiscalía que investigue las irregularidades detectadas en los títulos públicos de propiedad que forman parte de las pruebas materiales». Sin embargo, por lo que sabemos, no se realizó ninguna investigación de este tipo y no se anunciaron los resultados.
Abelino fue arrestado por la Policía Nacional Civil de Guatemala el 4 de febrero de 2017 en el departamento de Alta Verapaz. La detención se produjo en un contexto de grave conflicto social, provocado por intereses económicos que han despojado sistemáticamente al pueblo Q’eqchi de sus tierras. Estas empresas han provocado violencia y graves impactos ambientales al imponer sus proyectos económicos: plantaciones de monocultivos, construcción de enormes centrales hidroeléctricas y extracción de níquel.
Estos proyectos han contribuido a aumentar la pobreza y la extrema pobreza en la región. Las comunidades Q’eqchi que han vivido históricamente en el territorio denunciaron en varias ocasiones la violencia, la represión, la criminalización y los desalojos a los que son sometidos. Sin embargo, el sistema judicial guatemalteco no ha respondido a estas denuncias. De hecho, se siguen imponiendo megaproyectos en tierras comunitarias, lo que constituye una violación de los derechos garantizados por la Constitución de la República y los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que establece el respeto a las tierras indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el uso de estas tierras.
Nosotros, organizaciones firmantes, denunciamos la criminalización de los defensorxs de los derechos humanos y el despojo de las tierras indígenas mediante la aplicación abusiva de la ley contra quienes defienden sus derechos legítimos y legales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la criminalización de los defensorxs de los derechos humanos y el uso indebido del derecho penal para limitar el ejercicio de los derechos humanos.
Exhortamos al Estado guatemalteco a que garantice los derechos de las comunidades indígenas Q’eqchi, incluyendo el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a defender su territorio.
Exhortamos al Ministerio Público a renunciar a seguir procesos penales que criminalizan a los defensorxs de derechos humanos como Abelino Chub Caal y violan los derechos de las comunidades indígenas, como Plan Grande de El Estor, Izabal. Además, les pedimos que cumplan con su obligación de investigar de forma objetiva e imparcial para poner fin al despojo forzado de las tierras Q’eqchi.
Fuente artículo y foto: The Ongoing Criminalization of Human Rights Defender Abelino Chub Caal
