Elegido en primera ronda electoral con 302 votos para la presidencia de la Cámara, el diputado Arthur Lira (PP-AL) ocupará el puesto durante los próximos 2 años y será el encargado de poner en la agenda o no el voto de proyectos estratégicos para el gobierno de Jair Bolsonaro.
Entre ellos, el proyecto de ley (PL) 191/2020, que libera la minería dentro de las tierras indígenas, una prioridad del gobierno desde el inicio de la administración.
Firmado por el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, y el ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, el PL autoriza, además de la minería y la prospección, proyectos de petróleo y gas, la construcción de centrales hidroeléctricas, la ganadería y la plantación de semillas transgénicas. Los pueblos indígenas no tendrán poder de veto y la consulta previa será una simple formalidad.
Un documento divulgado el 3 de febrero por Valor confirma que el PL 191/2020 está entre los 35 proyectos de ley incluidos entre los «prioritarios» en la lista que Jair Bolsonaro envió a Arthur Lira y Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente del Senado. La lista también incluye el PL 3729/2004, que facilita aún más la concesión de licencias ambientales, y el PL 2633/2020, de «regularización de tierras» o PL de acaparamiento de tierras.
En la práctica, eso significa que la comisión que analizará el proyecto de ley sobre la minería en tierras indígenas puede crearse en cualquier momento, su trámite se acelerará y, con o sin cambios, se pondrá en la agenda para su aprobación en el Congreso lo antes posible.
Según Márcio Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental (ISA) y ex presidente de la FUNAI, son los intereses principalmente de la minería los que hacen avanzar la PL 191. «Aunque el proyecto de ley involucra a varios intereses, es la industria minera la que está liderando e invirtiendo fuertemente en su aprobación. Este proyecto de ley legaliza la minería ilegal, autoriza delitos que ya ocurren dentro de las tierras indígenas y trata de eludir la Constitución», dice Santilli.
La tendencia es que este proyecto de ley acabará en el Tribunal Supremo Federal y la contestación en el Congreso será fuerte. «Aunque el interés orgánico de la minería sea una prioridad en el Congreso, sólo es posible legalizar la minería destruyendo la Constitución«, afirma Santilli.
En ese conflicto, el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, presidido por la única diputada indígena de Brasil en la actualidad, Joenia Wapichana (Rede-RR), debería desempeñar un papel importante. Creado en abril de 2019, el Frente reúne a 210 diputadxs federales y 27 senadores de varios partidos diferentes, aunque el núcleo está formado por políticos de la Red, el PT, el PSOL y el PSB.
Cuando fue remitido al Congreso por Jair Bolsonaro en febrero de 2020, el PL 191 recibió el repudio de las principales organizaciones indígenas del país, como la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab). La Cámara de Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal (6CCR/MPF) también «expresó su preocupación» por las consecuencias del PL.
El presidente del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el diputado Sérgio Souza (MDB-PR), celebró las elecciones de Lira y Pacheco, afirmando que ahora hay «una gran convergencia, de voluntad y unidad«, que la coalición ruralista de 260 diputados pasará por «el mejor momento» y que tiene en Lira «un gran aliado» incluso para permitir la explotación comercial dentro de las tierras indígenas.
Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, con Lira al poder » asistiremos en el Congreso a una avalancha histórica de intentos de aprobar retrocesos ambientales. En este escenario, el infierno es el límite.
Un estudio realizado por investigadores brasileños -de la USP, la UFMG y el ISA- y australianos, publicado en la revista científica One Earth en septiembre de 2020, muestra que, si se aprueba, el PL 191/2020 podría causar la pérdida de 160 mil km2 de selva en la Amazonia, un área mayor que la superficie de países como Inglaterra. Esto supondría casi 20 años de destrucción de selva autóctona causada por un solo PL de acuerdo con la media de deforestación de los últimos 2 años.
Por otro lado, la propuesta también provocará una pérdida de 5.000 millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos, considerando sólo la producción de alimentos como la castaña del Pará, la extracción de madera y goma de forma sostenible, la mitigación de gases de efecto invernadero y la regulación del clima.
Los Estados de Roraima y Rondônia avanzan hacia la liberación de la minería
Dos estados clave para la minería y administrados por los gobernadores de Bolsonaro, Rondônia y Roraima, han remitido recientemente normas que regulan el garimpo en los estados.
En el Estado de Rondônia, el gobernador Marcos Rocha firmó el pasado viernes 29 de enero un decreto que ya está en vigor. El texto autoriza la minería en los ríos del estado y revoca un decreto de 1991 que prohibía la minería en el río Madeira.
El decreto revocado consideraba que la minería destruye irreversiblemente el río Madeira. Uno de los ríos más importantes del mundo, el Madeira recorre más de 1.300 km -Bolivia, Perú y Brasil- con más de 1.000 especies catalogadas, atravesando zonas que concentran una de las mayores biodiversidades de peces del planeta.
En el Estado de Roraima, los diputados estatales aprobaron la liberación de la minería en el estado propuesta por el gobernador Antonio Denarium. En su forma actual, la exploración no requiere un estudio previo y autoriza el uso del mercurio. El diputado Jeferson Alves (PTB) defiende la liberación fuera y dentro de las tierras indígenas.
Contra el proyecto, el Consejo Indígena de Roraima (CIR) y otras 39 instituciones se han posicionado en contra de la liberación de las minas, que representa la legalización de la destrucción de la selva y la contaminación de los ríos.
Fuente: Observatório da Mineração
