19 de agosto de 2021
El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA), una red nacional que reúne a más de 20 organizaciones de la sociedad civil canadiense, publicó una carta abierta dirigida a diferentes ministros y funcionarios del gobierno canadiense en la que insta «al gobierno canadiense a priorizar los derechos humanos sobre los intereses económicos, absteniéndose de contribuir a la inestabilidad social, ambiental y de salud pública en Brasil.»
«Nos pareció importante expresar nuestra preocupación por las relaciones de Canadá con el Gobierno de Brasil, que actualmente se enfrenta a graves acusaciones de mala conducta y corrupción en la gestión de la pandemia, además de exacerbar los ataques contra los derechos humanos y el medio ambiente. No es un buen momento para mantener relaciones diplomáticas estrechas con el Gobierno brasileño», declaró Marie-Eve Marleau, del Comité de Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), una de las organizaciones miembro de GOPA.
En el Parlamento brasileño se han presentado más de 100 solicitudes de enjuiciamiento político en contra del presidente Bolsonaro. Asimismo, al menos cinco denuncias lo acusan ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El 27 de abril, el Senado brasileño instituyó una Comisión Parlamentaria de Investigación de la COVID-19 sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
El profesor Pedro Hallal, epidemiólogo a quien fue entregada la evidencia durante las audiencias del Senado y quien dirige el estudio más exhaustivo de Covid-19 en Brasil, afirma que se podrían haber evitado miles de muertes si Bolsonaro hubiera tomado las medidas correspondientes.
Degradación social y ambiental en medio de la pandemia
La pandemia ha impactado las poblaciones marginalizadas de forma considerable: grupos sociales tales como las mujeres, las personas afrodescendientes, las comunidades rurales y las comunidades desfavorecidas. Los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales también han experimentado un aumento de la exposición a otros factores que ponen en riesgo sus vidas. Tal como lo explica el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el presidente de Brasil está llevando a cabo un «exterminio planificado» de los pueblos indígenas.
Además, se ha producido un notable aumento de la violencia y la devastación medioambiental desde que el actual gobierno asumió el poder. Los movimientos sociales brasileños han advertido en repetidas ocasiones que el discurso del presidente Bolsonaro fomenta las actividades ilegales y violentas en las áreas protegidas, a través de su apoyo manifiesto a la minería en tierras indígenas; explotación que a menudo es llevada a cabo por invasores violentos. En los últimos meses, varias comunidades indígenas han sufrido ataques violentos por parte de mineros ilegales de oro. Los ataques se llevan a cabo con el incendio de casas, escuelas y centros comunitarios dentro de sus territorios.
La reciente publicación del último informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) Conflictos en el campo Brasil afirma que «2020 fue el año que registró el mayor número de conflictos por la tierra, invasiones de territorios y asesinatos en el marco de los conflictos por el agua jamás registrados desde 1985. En efecto, el número de ocurrencias aumentó de 1.903 en 2019 a 2.054 en 2020, involucrando a casi un millón de personas (…) esto en un grave contexto de pandemia.»
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil,en los primeros seis meses de 2021, la deforestación en la región amazónica ha aumentado un 17%, con una tala de 3.610 kilómetros cuadrados. Hay pruebas fehacientes de que los incendios que azotan los biomas de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal fueron provocados por los grandes terratenientes de Brasil que buscan ampliar los monocultivos y los pastizales.
Si el acuerdo de libre comercio Canadá-Mercosur se concretiza, es altamente probable que fomente la agenda destructiva del gobierno brasileño. Según la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), «la conclusión de este acuerdo de libre comercio tiene el potencial de aumentar los ingresos de las exportaciones brasileñas de productos agrícolas en 7.800 millones de dólares». Más de 50.000 personas han firmado una petición en la que se pide a la población canadiense que se abstenga de consumir productos producidos a costa de los derechos de los pueblos indígenas y de la destrucción de la selva tropical.
«No podemos quedarnos callados mientras nuestros aliados en Brasil piden que se ejerza presión internacional para detener este ciclo de violencia, especialmente cuando sabemos que las agencias gubernamentales y las empresas canadienses están implicadas», deplora Anne Catherine Kennedy, de Desarrollo y Paz – Caritas Canadá.
La carta de GOPA destaca que durante la convención de 2021 de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), Export Development Canada (EDC) y Global Affairs Canada (GAC) patrocinaron eventos brasileños. Mientras que los pueblos indígenas de Brasil expresan reiteradamente una fuerte oposición a los proyectos e inversiones mineras en sus territorios, los funcionarios brasileños (apoyados por EDC y GAC) muestran a Brasil como una tierra de oportunidades para los inversores mineros canadienses. «Por lo tanto, a pesar de los intentos del Congreso brasileño de cambiar la legislación medioambiental para permitir las actividades extractivas en las tierras indígenas, es probable que todos estos proyectos se enfrenten a un rechazo de su licencia social«, señala Rosa Peralta, del CDHAL.
«Es preocupante que las empresas canadienses presionen para implementar proyectos mineros sin respetar los derechos indígenas a la consulta libre, previa e informada. Es el caso de los proyectos Belo Sun, y Potássio do Brasil, ambos en la región amazónica, que intentan engañar a la sociedad y a los inversionistas canadienses, afirmando tener todas las licencias necesarias para comenzar a operar. Esto no es cierto», lamenta Anne Catherine Kennedy, de Desarrollo y Paz – Cáritas Canadá.
El GOPA sigue preocupado por la visita pendiente del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE) a Brasil. El CORE declaró que la misión fue «iniciada por invitación del gobierno de Brasil«, pero no reveló ninguna otra información sobre el propósito de esta visita. Los miembros del GOPA consideran que esta falta de transparencia es otra clara señal de proximidad entre los gobiernos canadiense y brasileño, revelando así el desprecio de Canadá por la protección de las comunidades afectadas por la minería y por la reparación de los daños causados por las empresas canadienses.
La visita inminente del CORE a Brasil es especialmente problemática ya que la Subcomisión Parlamentaria de Derechos Humanos Internacionales de Canadá publicó recientemente su informe final sobre el mandato del CORE cuestionando su eficacia. Las recomendaciones de la Subcomisión confrontan además la dependencia canadiense de medidas voluntarias como único recurso para hacer frente a los abusos de las empresas canadienses en el extranjero.
La carta del GOPA también insta a Canadá a demostrar que tiene una comprensión sistémica de los problemas que se plantean y a adoptar una estrategia concertada para que esta sea congruente con los objetivos de la próxima política exterior feminista y con los anuncios sobre el objetivo mejorado de reducción de las emisiones de carbono. «Esto implica revisar las inversiones internacionales en las industrias extractivas que no se alinean con los principios de una economía inclusiva, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de igualdad de género. Canadá también debe aconsejar a las empresas canadienses que sigan su ejemplo».
«Nuestras preocupaciones reflejan las de nuestros aliados y movimientos sociales en Brasil. Sabemos que la sociedad canadiense, incluyendo nuestras redes y miembros en Canadá, no están de acuerdo con que Canadá establezca relaciones políticas y comerciales con un gobierno que se opone a la ciencia, al medio ambiente y a los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, especialmente de las mujeres defensoras de la tierra», concluye Gabriela Jiménez de KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives.
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Para más información:
Rosa Peralta
Comité pour los derechos humanos en América latina
solidared@cdhal.org
Viviana Herrera
Miningwatch Canada
viviana@miningwatch.ca
