La crisis climática es una crisis de lesa humanidad.
Desde 2012, Global Witness ha estado recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En ese tiempo, se ha vislumbrado un panorama sombrío. La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta. Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
En 2020, registramos 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, una vez más, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima.
Como siempre, estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización. Nuestras cifras son, casi con certeza, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados. Puede encontrar más información sobre nuestros criterios y metodología de verificación en el informe completo.
Principales hallazgos: 2020, el peor año registrado
En 2020, más de la mitad de los ataques sucedieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.
Por segundo año consecutivo, Colombia registró la mayor cantidad de asesinatos en 2020, con 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas. Estos homicidios tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación. El confinamiento oficial llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección del gobierno
En México, documentamos 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67% respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta: hasta un 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal.
En Filipinas, el deterioro de la situación de derechos humanos ha recibido una creciente condena internacional. Normalmente, las personas que se oponen a las industrias perjudiciales son reprimidas violentamente por la policía y el ejército. Según nuestros datos, más de la mitad de los ataques letales estuvieron directamente relacionados con la oposición de las personas defensoras a proyectos de minería, tala y represas.
Los años de mandato del presidente Duterte han estado marcados por un drástico aumento de la violencia contra las personas defensoras. Desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han sido asesinadas, un aumento impactante en un país que, ya de por sí, era un lugar peligroso para defender el medio ambiente.
Personas defensoras de los bosques bajo amenaza
En los casos en que las personas defensoras fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y del desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país.
Casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. De ellos, la explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, registrando nueve en 2020.
Un impacto desigual
Al igual que ocurre con las repercusiones de la propia crisis climática, los efectos de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente no se sienten por igual en todo el mundo. El Sur Global está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes. En 2020, de los 227 asesinatos de personas defensoras registrados por Global Witness, 226 tuvieron lugar en países del Sur Global.
Una vez más se mantuvo el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas: más de un tercio de los ataques fatales perpetuados fueron contra pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5% de la población mundial. A su vez, los pueblos indígenas fueron el blanco de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020.
Como ha sido el caso en años anteriores, en 2020 casi 9 de cada 10 de las víctimas de ataques letales fueron hombres. Sin embargo, las mujeres que actúan y se manifiestan también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias.
«[Las personas defensoras] están en riesgo porque viven en un lugar (o cerca de este) que tiene algo que alguna empresa está deseando. Esa demanda, la demanda del mayor beneficio posible, en el plazo más corto posible, mediante la operación más barata posible parece traducirse, eventualmente, en el entendimiento de que es el alborotador quien debe irse.» – Bill McKibben
Las empresas son responsables
Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras.
En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las empresas operan casi con total impunidad. En un contexto en el que el equilibrio de poder se inclina a favor de las corporaciones, no es frecuente que alguien sea arrestado o llevado ante la justicia por matar a personas defensoras. Cuando esto ocurre, suelen ser los hombres los que aprietan el gatillo, los que sostienen las armas, los que pagan, y no aquellos que podrían estar implicados de otra forma, directa o indirectamente, en el crimen.
Los gobiernos deben detener la violencia
Todos los gobiernos han estado extremadamente dispuestos a evadir e incumplir su mandato fundamental de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a las personas defensoras: en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellas y, en otros, posiblemente, son cómplices de las empresas.
Peor aún, Estados de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, Colombia y Filipinas, utilizaron la pandemia de COVID para fortalecer medidas draconianas para controlar a los ciudadanos y cerrar el espacio cívico.
Existe un vínculo claro entre la disponibilidad de espacio cívico y los ataques contra las personas defensoras: las sociedades más abiertas y tolerantes sufren muy pocos ataques, mientras que, en las sociedades restringidas, los ataques son mucho más frecuentes.
Recomendaciones
A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace su impacto en las personas, incluidas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Una acción climática significativa requiere proteger a las personas defensoras y viceversa. Sin cambios relevantes, es probable que esta situación solo se agrave: a medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras seguirán empeorando.
Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias. Los legisladores han confiado demasiado en la autoevaluación corporativa y en los mecanismos corporativos voluntarios. Como resultado, las empresas continúan causando, contribuyendo y beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos y de los daños ambientales, especialmente a través de las fronteras.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Estados miembro, debe reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible; garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos; e implementar las recomendaciones de la Relatora Especial sobre personas defensoras de derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas; exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales; e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras.
Actualmente la Comisión Europea se está preparando para publicar una legislación vinculante sobre diligencia debida, incluida una iniciativa sobre Gobierno Corporativo Sostenible. Debe garantizar que esta iniciativa exija a todas las empresas que hacen negocios en la UE, incluidas las instituciones financieras, identificar y abordar los daños a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor. Esta legislación debe incluir regímenes de responsabilidad consistentes, así como sanciones para responsabilizar a las empresas por la falta de cumplimiento.
Por último, las empresas y los inversores deben publicar e implementar sistemas efectivos de diligencia debida para identificar y prevenir daños a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones; adoptar e implementar una postura de tolerancia cero frente a represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente; y ofrecer reparación cuando se produzcan daños y perjuicios a los derechos humanos y al medio ambiente.
«La gente a veces me pregunta qué voy a hacer, si me quedaré aquí y mantendré viva la lucha de mi madre. Estoy demasiado orgullosa de ella para dejarla morir. Conozco los peligros, todos conocemos los peligros. Pero he decidido quedarme. Me uniré a la lucha.» – Malungelo Xhakaza, hija de la activista sudafricana asesinada Fikile Ntshangase
Las personas defensoras son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático. Podemos celebrar el hecho de que, incluso después de décadas de violencia, la gente siga defendiendo su tierra, nuestro planeta. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, la contaminación mortal y el desastre ambiental, hay esperanza de que podemos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Hasta que eso suceda, la violencia continuará.
Para leer el informe completo:
Última línea de defensa (versión en español)
Last line of defence (English version)
Fuente e imagen : Global Witness
