Por José Víctor Salcedo
Fuente: OjoPúblico
Foto: Álvaro Franco
En un contexto de conflictos sociales y mucha expectativa, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha viajado seis veces al corredor minero para atender las demandas de las comunidades de Apurímac y Cusco, que solicitan, entre otros temas, el pago por sus tierras que fueron incorporadas en 2016 a la vía nacional que usan MMG Las Bambas, Hudbay y Glencore para transportar mineral. En total son 20 comunidades quechuas que se han sumado a estas demandas.
En los últimos 15 años, la vía que recorre las principales operaciones mineras en el sur del Perú ha sido escenario de múltiples conflictos entre las comunidades quechuas, el gobierno y las empresas. El presidente Pedro Castillo obtuvo precisamente en esta zona un porcentaje elevado de votación, sobre todo en Cusco y Apurímac. Las expectativas sobre una mejor atención a sus demandas crecieron cuando se nombró a la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Guido Bellido Ugarte, natural de Chumbivilcas, una de las provincias donde se registra hace meses uno de los conflictos mineros.
Han pasado dos meses desde que 10 comunidades bloquearon la carretera –conocida como corredor minero– por donde se traslada el mineral. Bellido Ugarte ha prometido soluciones y ha viajado seis veces a la zona, pero el gobierno aún no logra resolver los diferentes conflictos reportados en ambas regiones.
El corredor minero del sur atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas: 12 de ellas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac), 24 en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y una en Caylloma (Arequipa). Además de las denuncias de contaminación, veinte de estas comunidades reclaman desde el 2016 que se anule la recategorización de seis tramos de la carretera que antes eran vías comunales y departamentales, pero que se convirtieron en vías nacionales a pedido de los gobiernos regionales y fueron incorporadas al corredor minero.
De las veinte comunidades afectadas identificadas por OjoPúblico, 12 son de Chumbivilcas: Huininquiri, Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Tincurca Huaylla, Lacca Lacca Yanque, Parccobamba, Cancahuani, Cruzpampa, Huascabamba, Huaylla Huaylla, Hatun Ccollana, Sayhua y Tuntuma. En la actualidad, salvo las dos últimas, las otras 10 realizan un paro indefinido y han bloqueado el corredor en sus respectivas comunidades.
Además, hay una comunidad de Espinar (Tintaya Marquiri) y siete de Cotabambas, en la región Apurímac: Arcospampa Congota, Pisacasa, Miraflores, San Miguel, Quehuincha, Pitec y Pumamarca.
«EL CORREDOR MINERO DEL SUR ATRAVIESA 37 COMUNIDADES CAMPESINAS QUECHUAS, EN APURÍMAC, CUSCO Y AREQUIPA».
“Todos los días, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pasan los camiones que nos contaminan. Son 14 kilómetros del corredor en nuestra comunidad y más de 160 familias afectadas”, dice Huamaní Castro a OjoPúblico. El hombre añade que el polvo que levantan los camiones también afecta los pastos que alimentan al ganado. “Se cubren de tierra y nuestros animales ya no lo comen, están flacos. Eso hace que la producción de carne y leche ya no sea como antes”, se queja Sixto Huamaní Castro, presidente de la comunidad quechua de Huininquiri, provincia de Chumbivilcas, en Cusco.
El corredor minero del sur permite el transporte del material de la minera MMG Las Bambas. Un camión encapsulado de esta empresa transporta más de 34 toneladas de minerales extraídos en la mina Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Los vehículos recorren 482.2 kilómetros entre las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.
Parten de la unidad minera Las Bambas y descargan el concentrado de minerales en la estación de transferencia del centro poblado de Pillones, en el distrito San Antonio de Chuca, de la provincia arequipeña de Caylloma. Desde allí el mineral es trasladado en trenes hasta el puerto de Matarani, en Moquegua, para su exportación.
También aprovechan ese circuito, pero en el lado de Cusco y hasta Arequipa las empresas Hudbay, que explota el proyecto Constancia, en Velille; y Glencore, que extrae mineral de su proyecto Antapaccay en Espinar.
El paro en Chumbivilcas
En julio de este año, ocho comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, realizaron un paro indefinido para reclamar un pago justo e indemnizaciones por el uso de sus tierras que forman parte del corredor minero. La mañana del 2 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, llegó a caballo a la zona de Muyoqorcco, en Chumbivilcas, donde dijo que resolvería el conflicto en 60 días las demandas de las comunidades quechuas.
Aquella vez los dirigentes comunales levantaron la medida de fuerza. “Como chumbivilcano nuestro paisano luche por sus hermanos que están sufriendo. Al premier solo le exigimos que nos dé solución”, dijo en ese momento José Carlos Cayllahua Peláez, presidente de la comunidad de Cruzpampa.
Sin embargo, hasta la fecha Bellido Ugarte no ha logrado resolver el conflicto y ponerle fin al bloqueo en el corredor minero. El 29 de agosto, el premier instaló la Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la Provincia de Chumbivilcas y el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para atender las demandas de ocho comunidades quechuas de Chumbivilcas.
Además del pago por el uso de sus predios, las comunidades solicitan saneamiento de las tierras comunales por donde pasa la carretera, indemnizaciones por el impacto del polvo que causan los camiones encapsulados y quieren convertirse en proveedoras de la minera.
Aunque inicialmente eran ocho las comunidades que protestaban, la primera semana de setiembre se unieron dos comunidades más: Ccollana y Huaylla Huaylla, del distrito de Velille. El premier Bellido dijo a fines de agosto, en su segunda visita, que la mesa de diálogo que instaló duraría hasta diciembre como máximo. Sin embargo, el viernes 10 de setiembre los representantes de las 10 comunidades retomaron el bloqueo en el corredor minero, porque no llegaron a un acuerdo en un grupo de trabajo que era parte de la mesa de diálogo instalada el 29 de agosto. La paralización continúa hasta el cierre de este informe.
“Los trabajadores de la empresa minera Las Bambas se negaron a que las comunidades afectadas formen parte de la cadena de valor de la empresa minera. No lo aceptamos y por eso seguimos en protesta”, dijo a OjoPúblico Sixto Huamaní Castro, presidente de la comunidad de Huininquiri.
El 13 de setiembre el Gobierno fracasó, de nuevo, en su intento de restablecer el diálogo en una reunión realizada en la ciudad del Cusco. Asistieron a la cita los representantes de la PCM, de la minera Las Bambas y los presidentes comunales de Chumbivilcas. No hubo acuerdos a pesar de que los representantes de Las Bambas plantearon de nuevo la posibilidad de que las comunidades sean proveedoras de la minera, siempre y cuando desbloquearan el corredor minero. En respuesta, los dirigentes dijeron que mantendrían la paralización y que las conversaciones debían continuar bajo esas condiciones.
«EL PREMIER BELLIDO, NATURAL DE CHUMBIVILCAS, NO HA LOGRADO PONER FIN AL BLOQUEO EN EL CORREDOR MINERO».
Guido Bellido Ugarte nació y creció en la comunidad campesina quechua de Quehuincha (que no es afectada por el conflicto), ubicada en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas. En este tiempo, el premier ha viajado dos veces a esta provincia. La primera fue el 2 de agosto, cuando no firmó el acta con acuerdos y causó malestar entre los dirigentes de las comunidades. La segunda vez fue el 29 de agosto, cuando instaló la mesa de diálogo.
Fuentes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) consultadas por OjoPúblico coinciden en que una de las dificultades para superar este desencuentro entre las comunidades y el Ejecutivo ha sido el reciente cambio impulsado por el gobierno en los equipos técnicos de la Oficina General de Gestión Social de este sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los técnicos tenían acercamiento con los dirigentes comunales, porque estos acordaron no aceptar la intervención de ninguna autoridad política (como alcaldes) ni gremios distritales o provinciales, ajenos al Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (Fudich), dirigido por Wilber Fuentes Agüero. Solo confían en esta institución porque es la única que los apoyó desde el inicio de las protestas.
«UNA DE LAS DIFICULTADES PARA SUPERAR EL CONFLICTO SON LOS RECIENTES CAMBIOS EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL EJECUTIVO».
Uno de los momentos de desencuentro entre Bellido y las comunidades ocurrió el 11 de agosto, fecha en que debía instalarse la mesa de diálogo, pero no se hizo porque la PCM no convocó a la reunión. Cinco días después, las comunidades decidieron suspender la tregua que le habían otorgado a Bellido y volvieron a bloquear el corredor minero. Ese día, el premier llegó a Cusco y, cuando fue consultado sobre el reinicio de las protestas, acusó la presencia de abogados con oscuros intereses que estaban azuzando a la población “con el cuento” de que recibirían ciertos beneficios económicos.
El abogado detrás de los reclamos de las comunidades es el político cusqueño Víctor Villa Zambrano. Él representa a gremios campesinos desde hace varios años y le dijo a OjoPúblico que no tiene ningún interés económico en este caso.
En 2018, Villa Zambrano postuló a la alcaldía provincial del Cusco por el Partido Popular Cristiano (PPC), que perdió su inscripción en las elecciones de este año. “Soy uno de esos políticos que constantemente -no solo en elecciones- visito asociaciones, comunidades y asociaciones provivienda. Cuando piden mi asistencia [legal ], los apoyo. Si es que hay un interés [en el conflicto de Chumbivilcas] sería el político. Si en algún momento postulo [a algún cargo] espero que ellos [las comunidades] puedan ayudarme”, indicó a OjoPúblico.
El último martes 05 de octubre, luego de una reunión en Lima, representantes de la PCM, MMG Las Bambas y las comunidades de Chumbivilcas acordaron que estas últimas brindarán servicios a la minera, como transporte de concentrado, transporte interno de personas, mantenimiento vial, cisternas para regado de vía, entre otros. Con dicho acuerdo, las comunidades de Chumbivilcas podrán convertirse en proveedoras y anunciaron que no bloquearán el corredor minero del sur. Las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto, para atender las otras demandas comunales.
Los reclamos en Apurímac
El conflicto con las comunidades quechuas en Chumbivilcas (Cusco) no es el único en el corredor minero del sur. El 27 de agosto de este año, las comunidades del distrito de Mara, en Cotabambas (Apurímac), también iniciaron un paro de 48 horas para solicitarle al Estado el mismo reclamo que las otras: pago de una compensación por el uso de sus tierras.
La protesta empezó porque durante la pandemia se suspendieron las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la adquisición de terrenos. El proceso de compra de predios había comenzado en diciembre del 2019, luego de una reunión con representantes del ministerio. En ese contexto, el 27 de agosto la minera MMG decidió usar una ruta alterna para el traslado de su personal. Ese día un bus de propiedad de la minera se accidentó y murieron 16 trabajadores.
Álex Roque Mío, presidente del comité de afectados por el proyecto del corredor vial en el distrito de Mara, dijo a este medio que una de sus demandas es que el Gobierno incremente el precio del metro cuadrado de sus tierras. El año pasado seis comunidades quechuas de este distrito (Arcospampa Congota, Pisacaca, Miraflores, San Miguel, Quehuincha y Pitec) comenzaron las negociaciones con el MTC para el pago del justiprecio por sus terrenos.
«COMUNIDADES DE COTABAMBAS, EN APURÍMAC, TAMBIÉN INICIARON UN PARO DE 48 HORAS EN AGOSTO».
¿Qué piden específicamente? Ronald Quispe Bello, presidente del Frente de Defensa de Mara, dijo a OjoPúblico que el Estado contrató a una empresa para que se encargue de los trámites relacionados con el pago por sus tierras, pero que no ha cumplido hasta el momento. Por eso solicitan a Provías que atienda sus reclamos. “Por ejemplo, en el padrón de beneficiarios aparecen personas que no son de la comunidad, hay demoras en el pago y mala atención”, dijo.
También en Tambobamba hay reclamos. El presidente de la comunidad de Pumamarca, Néstor Vargas Quispe, dijo a OjoPúblico que el MTC solo les pagó “S/ 9 millones por 8 kilómetros de tierras”. Pero aseguró que falta el pago de unos S/ 7 millones por otros 7 kilómetros de tierras comunales incorporadas al corredor vial minero del sur, sin su consentimiento.
El último viernes el premier Guido Bellido llegó a Cotabambas para retomar las negociaciones con las comunidades afectadas por el corredor minero del sur.
El origen de las demandas
Lo que hoy se conoce como corredor minero inicialmente unía caminos comunales, distritales y regionales en Cusco, Apurímac y Arequipa, pero en 2016 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo 011-2016 para convertir esta red en una vía nacional. Dos años después se publicó la Resolución Ministerial 372-2018-MTC, que finalmente reclasificó seis tramos de las vías comunales de Cusco y Apurímac.
Esto ocurrió unos años después de que la empresa Las Bambas modificara su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que el traslado del cobre ya no se realice a través de un mineroducto cerrado -como lo había planteado originalmente-, sino por carretera.
Cuando el proyecto pertenecía a Xstrata Las Bambas (del grupo suizo Glencore), se planeaba construir un mineroducto para el transporte del concentrado hasta la unidad minera Antapaccay Expansión Tintaya, de propiedad de Xstrata Tintaya S.A, del mismo conglomerado. Sin embargo, Xstrata vendió el proyecto Las Bambas a la empresa china MMG Limited, en abril del 2014, y esta abandonó el proyecto del mineroducto.
La especialista de CooperAcción, Ana Leyva, analizó los cambios al EIA y señala que el área de influencia social establecido en el EIA inicial incluía a otras 20 que colindaban con el trazado del mineroducto.
«EL ORIGEN DEL PROBLEMA FUE LA RECLASIFICACIÓN DE VÍAS COMUNALES EN CUSCO, APURÍMAC Y AREQUIPA EN UNA VÍA NACIONAL».
Además, según Ana Leyva, la segunda modificatoria del EIA de Las Bambas no consideró compromisos ni obligaciones fiscalizables sobre el transporte de concentrados para Las Bambas. “De esa manera, los impactos que se vienen generando por el transporte de minerales se trasladan a las empresas que tercerizan el transporte o al Estado que es dueño de la carretera”, señala.
Por otro lado, desde 2019 el Ejecutivo inició el saneamiento de los terrenos comunales que forman parte del corredor minero, es decir, el proceso de compra ante las comunidades. Una de las primeras tareas del MTC fue identificar a los dueños y posesionarios de los terrenos incorporados al corredor vial para pagarles el justiprecio. Según el MTC, ya adquirió los predios de cinco comunidades y 223 comuneros en el corredor vial, por un monto total de S/ 24,9 millones.
Adicionalmente, por compensaciones económicas desembolsó S/ 56,2 millones. “Todo ello es resultado del trabajo consensuado y coordinado del MTC con las comunidades campesinas”, señaló este ministerio en una nota informativa.
Ahora han empezado a visitar las comunidades de la región Cusco para negociar la compra de sus terrenos comunales. Sin embargo, las comunidades primero quieren que el Gobierno les reconozca compensaciones e indemnizaciones por el uso de sus tierras desde 2014.
OjoPúblico solicitó una entrevista con algún representante del MTC, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó. Mientras tanto, la PCM, encabezada por el premier Bellido ha citado para este miércoles 22 de setiembre a los dirigentes de las comunidades de Chumbivilcas que se mantienen en paro. La cita será en la comunidad de Cancahuani, distrito de Ccapacmarca. Wilbert Fuentes, del Frente Único de Defensa de Chumbivilcas, ha adelantado que sí asistirán. Aunque la resolución del conflicto dependerá de la capacidad de Bellido para convencer, de nuevo, a sus paisanos.
