Foto: Carlos Choc trabajando en Izabal, Guatemala
Una colaboración de una veintena de medios, entre ellos EL PAÍS, revela las maniobras de Solway, el gigante ruso-suizo del níquel que extrae de la reserva de la biosfera de Izabal, en Guatemala, miles de toneladas de mineral para procesar en Ucrania
Carlos Choc acude el 22 de cada mes a firmar al juzgado de El Estor, a pocos kilómetros de Puerto Barrios, en el Caribe de Guatemala. Da igual donde esté, si su hijo está enfermo, si tiene trabajo o si su vida corre peligro cada vez que acude a la oficina del Ministerio Público. Cada 22 de mes debe presentarse ante un funcionario para ratificar las medidas provisionales en su contra. Choc es un periodista indígena de su municipio, El Estor, de casi 75.000 habitantes. Normalmente cubre accidentes viales, la crecida del río, la falta de agua o las inauguraciones del alcalde de esta región maya Q’eqchi’ Q’chi, compuesta por decenas de comunidades salpicadas por el imponente verde de las montañas de Guatemala. Visita comunidades grabadora y libreta en mano, preguntando sobre el aumento de casos de dengue o los retrasos en la construcción del embarcadero, que manda desde su vieja computadora a su periódico Prensa Comunitaria. Se puede decir que Choc, que acaba de cumplir 39 años, es El periodista de su pueblo. Así era hasta que la mina de níquel propiedad del gigante ruso Solway, con sede en Suiza, pasó a dominar toda la información. El enorme cráter, una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica, ha convertido su pueblo en lugar de paso decenas de camiones que cada día salen cargados de tierra roja en dirección a Ucrania. Desde entonces se la pasa recogiendo historias sobre erupciones en la piel, una extraña mancha que apareció en el lago, los lamentos de un trabajador despedido o las consecuencias del Estado de sitio decretado por su presidente.
Una filtración de ocho millones de documentos recibida por Forbidden Stories y que incluye conversaciones internas, órdenes de los directivos, estrategias represivas, balances financieros y correos electrónicos revela la sumisión del Estado de Guatemala ante la minera, el ocultamiento de daños ambientales o los buenos resultados económicos obtenidos durante el tiempo en que la mina tendría que haber interrumpido operaciones debido a una orden judicial que le obligaba a una consulta previa. La investigación, en la que han colaborado periodistas de medios como Le Monde, The Guardian o The Intercept, es parte de la serie ‘Green Blood’, sobre el trabajo de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales. Dos años después, la investigación continúa con la publicación de ‘Mining Secrets’.
El 27 de mayo de 2017, Carlos Choc tuvo la mala suerte de ser el único periodista en tomar una foto que le cambió la vida. Era el cuerpo de Carlos Maaz tirado en el asfalto. Maaz formaba parte de un grupo de pescadores que protestaban contra la mina de ferroníquel que agujerea las tierras de su pueblo y que supuestamente había vertido una extraña mancha roja que había reducido brutalmente la pesca del lago. Durante la represión la policía negó que nadie hubiera muerto, pero Choc demostró lo contrario y la mina y las autoridades le acusaron de instigación a delinquir.
El peso del Estado cayó sobre él. Primero emitieron una orden de busca y captura y después le abrieron una causa judicial. En su pueblo, El Estor, tampoco le ha ido mejor. Le han amenazado, han entrado en su casa, le han matado el perro y la causa judicial abierta amenaza con alejarlo de sus hijos. Lo único que Carlos no ha dejado de hacer es escribir en su vieja computadora, aunque cada vez pisa menos su pueblo debido a las amenazas.
Carlos Choc es la víctima de una cadena de corrupción en la que él se lleva la peor parte y que tiene a una minera rusa como protagonista. Una vasta lluvia de millones, que caen de arriba a abajo sobre todos los poderes de Guatemala. La investigación de Forbidden Stories (FS) y sus socios revela las prácticas con las que actúa la mina Fénix, propiedad de Solway Investment Group, una multinacional de capital ruso con sede en Suiza que opera en Guatemala bajo las siglas de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico. Ubicada en una reserva de la biosfera, Fénix es una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica, con acceso al lago Izabal y un puerto al Atlántico a pocos kilómetros. La multinacional del níquel da empleo directo a unas 2.000 personas e indirecto a otras 2.000, pero está enfrentada con una parte de la población que denuncia la contaminación del lago, daños a la salud, corrupción y el clima de terror que se ha extendido entre quienes se oponen a la mina: pescadores, periodistas, políticos de oposición y hasta el cura del pueblo. Las maniobras incluyen la manipulación de una orden judicial de la Corte Constitucional, la compra de líderes mayas y policías, los regalos a jueces o las sospechas que rodean a varios ministros y al propio presidente, Alejandro Giammattei, que ha perseguido a jueces y fiscales que han tratado de investigar sus vínculos con las mineras rusas hasta obligarlos al exilio uno detrás del otro.
Los miles de correos y documentos almacenado en un disco duro de dos terabites revelan los planes para desplazar a las aldeas del área de influencia de la mina, la elaboración de tablas clasificando a los vecinos entre amigos o enemigos de la mina, la amenaza de extender el rumor de una epidemia sida y, por supuesto, el espionaje a los pescadores más populares y a periodistas como Carlos Choc.
Para hacerse una idea del tono empleado, en uno de los correos, la dirección de la mina exigió en octubre pasado al presidente Giammattei que terminará con unas protestas en El Estor, que impedían el paso de sus camiones: “Solicitamos la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación”. En ese momento, según el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, la mina funcionaba “ilegalmente” ya que una orden de la Corte de Constitucionalidad, emitida dos años antes, le obligaba a una consulta pública entre la población. Dos semanas después, el Gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en Izabal y decidió el envío de 500 soldados a El Estor y una cantidad similar de policías y antimotines.
En otros casos el tono es de paternalismo como cuando regala mascarillas (“para que nos tenga en el radar”) o utiliza a los pescadores de la comunidad, que hoy pescan menos que nunca, para promocionar en redes sociales calidad de vida de la que disfrutan desde que el gigante del níquel aterrizó en su pueblo. En otros casos, la mina no duda en recurrir a estrategias mafiosas para dividir a las comunidades mayas, como cuando Víctor Castellanos le exige en un correo enviado el 6 de octubre de 2014 a Crisanto Reyes, coordinador de proyectos comunitarios, “pensar en que acciones para quitarle fuerza a las comunidades usurpadoras (…) una estrategia de espionaje para obtener información. Si tan solo tenemos que pagar para obtener esa información pregunte por la autorización y lo hacemos”, le dice en el correo.
La policía guatemalteca al servicio de la minera
En junio de 2019 EL PAÍS visitó a Carlos Choc, recorrió El Estor y entrevistó a decenas de vecinos, pescadores, funcionarios del ayuntamiento, trabajadores de la mina, al director general de CGN, Dimitri Kudriakov y hasta al cura del pueblo. Entre otras anécdotas, uno de los correos encontrado confirmaba que EL PAÍS y otros colegas europeos que pasaron por El Estor, fueron espiados con drones y fotografías durante su cobertura.
La población protestaba, por ejemplo, por los 150 camiones que atraviesan su pueblo mañana, tarde y noche cargados de montañas de mineral sin pagar un solo impuesto, por la sospechosa mancha roja que apareció en el lago, por las extrañas enfermedades cutáneas o por la brutalidad policial aplicada para disolver a los pescadores durante la última manifestación y que terminó con un pescador muerto por los disparos de un policía en 2017. Gracias a los correos revisados por este equipo ahora se sabe que la gasolina, los coches patrulla y hasta las comidas de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), enviada por el Gobierno para pacificar la protesta, estuvo pagada por la mina. Entre 2014 y 2017 CGN-Pronico entregó a la Policía Nacional en El Estor y Río Dulce 35 galones mensuales de gasolina, además de fondos extra para alimentación del personal policial, pago de renta de locales y otros gastos como reparación de vehículos y llantas. En total, la Policía recibió de la empresa rusa 1.443.940.36 quetzales (unos 193.000 dólares). La contabilidad de la minera revisada ha permitido conocer que los pagos a la policía crecían cada vez que los pescadores se organizaban y protestaban contra el desalojo de comunidades instaladas en tierras que CGN-Pronico reclamaba como propias. Segun dos abogados guatemaltecos consultados, recibir dinero de una entidad privada no es ilegal, siempre y cuando el dinero se canalice através de la Tesorería nacional y después de un engorroso proceso administrativo.
Imponer su voluntad no se limitó a las calles. En febrero de 2018, la compañía emprendió una ofensiva para desalojar a la población Q’eqchi’ establecida en una comunidad conocida como Setal, en las inmediaciones de la mina. Para garantizar el éxito del desalojo, según los correos filtrados, la mina presupuestó un pago extraordinario de “apoyo” a la policía de El Estor y el vecino municipio de Río Dulce. Segun sus calculos se necesitaría una inversión de 650.856 quetzales (unos US$90,000) durante los ocho días que duraría la operación policial, según el documento que resume la reunión entre la mina y el jefe de la policial de El Estor.
El plan de gastos incluía el pago de alimentos y alojamiento para 2.000 agentes policiales y la movilización de 300 patrullas “desde diferentes lugares del país”, según un cuadro elaborado por la gerencia de seguridad en febrero de 2018 y enviado a los directores generales de la mina. Los gastos contemplaba distintos escenarios en caso de que el desalojo fuera violento y hubiera “heridos, retenidos, secuestrados o muertos”. En la respuesta de la mina, a la pregunta de si “¿hizo donaciones a la Policía (PNC) durante los desalojos en Izabal y Panzós?” la minera respondió: “No”, en un correo electrónico enviado por Forbidden Stories.
Una mina enfrentada a los mayas
En 1970 las tierras rojizas que rodeaban el lago más grande Guatemala, el Izabal, ubicado al este del país en medio de la frondosidad más espectacular, llamaron la atención de las empresas extranjeras por la cantidad de níquel que contenían. Hasta ese momento, en la zona solo había algunas pequeñas comunidades de origen maya que vivían de la pesca. El Gobierno del dictador Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del Oriente” por su brutalidad, otorgó entonces una concesión para su explotación a una empresa canadiense. Después de varias décadas en manos canadienses en las que la mina cada vez producía menos, finalmente cesó actividades en los años 90. En 2011, la mina pasó a manos rusas y suizas cuando Solway puso en marcha la mina Fénix para extraer todo el níquel posible aprovechando el aumento de la demanda debido al auge para el uso en baterías y vehículos eléctricos. De Puerto Barrios, en el Caribe de Guatemala se trasladaba en barco a Ucrania donde, hasta el comienzo de la invasión rusa, se procesaba.
Según Solway, la mina crea 2.000 puestos de trabajo y “contribuye al desarrollo social y de infraestructura”, dice su web. Es una de las 64 que hay en Guatemala y aporta un 0,7% al PIB, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
En los últimos años la mina, ha estado en el centro de la polémica debido al deterioro medioambiental y las protestas de la población. La Corte Constitucional obligó en 2019 al Ministerio de Minas a detener sus operaciones hasta la realización de una consulta pública para preguntar entre los líderes mayas si deseaban o no la continuidad. Una consulta que finalmente ganó la mina.
Sin embargo, los documentos filtrados han permitido descubrir que tanto el paro de operaciones como la consulta fueron una farsa. Los datos contables revisados. comprueban que durante los más de dos años que tuvo que estar cerrada, la mina siguió la actividad, removió más tierras y registro beneficios récord durante ese periodo. Según la respuesta enviada por la mina a esta investigación, “desde la suspensión de la licencia el Ministerio de Energía Minas ha realizado varias inspecciones para garantizar que no se lleven a cabo actividades extractivas en cumplimiento de la sentencia, dentro de estas vistas se incluye la revisión estado de los almacenes con mineral extraído de la licencia Fénix previo a la suspensión”. Sobre el aumento de la superficie detectada vía en satélite, la empresa respondió que “la vegetación fue removida para poder efectuar estudios hidrogeológicos y sistemas de canalización de agua de lluvia para el control de la erosión del suelo. Estas dos actividades son mecanismos requeridos según el plan de gestión ambiental (…) la suspensión de la licencia de explotación minera no limita que se deban continuar las actividades de compromiso ambiental del proyecto”, señaló.
Paralelamente, los documentos consultados señalan los esfuerzos por manipular desde los despachos la consulta y en otro se detalla la necesidad de “comprar líderes” en tres barrios de El Estor con donaciones para “actores clave y partes interesadas” relacionadas con la pregunta. En ellos se dibuja una hoja de ruta para dirigir y tomar el control de la votación. Una de las carpetas incluye documentos sobre los actores que participan en la consulta, conceptos, discusión en las comunidades, “preguntas tóxicas” que opositores a la mina podrían realizar y los argumentos con los que podrían salir al paso. Además se incluye un mapeo de las 46 comunidades que definieron para participar en la consulta, con posición a favor de la empresa (29), en contra de la empresa (5) y neutral (12). A la pregunta realizada según la cual Solway pagó a los miembros de la comunidad que participaron en el proceso de consulta, la minera se limitó a contestar que “esa información no corresponde a la realidad”.
En al menos un caso, los periodistas confirmaron cómo una líder, Guadalupe Xol Quinich, fue expulsada del Consejo indígena, que se reunió con la mina después de que se negara a aceptar un pago de CGN-Pronico. Xol Quinich, líder ancestral y miembro del Consejo indígena de El Estor, se negó a firmar un acuerdo amistoso para confirmar que la compañía había consultado adecuadamente a las comunidades locales. El precio de su firma era de 3.000 quetzales (400 dólares), dijo en una entrevista a EL PAÍS. Cuando se negó a firmar, fue expulsada de cualquier órgano de dirección. “Estamos muy divididos entre hermanos y hermanas de la comunidad”, dice sentada en un banco de su casa en un patio floreado con plataneros y buganvilias.
Dividir a las comunidades como estrategia
Los documentos consultados confirman la estrategia de la minera para comprar, cooptar o dividir a la comunidad. Los documentos revisados muestran que Solway hizo una donación de 34.000 dólares para la compra de diez equipos de pesca con los que mantener a los líderes y socios de la Asociación de pescadores Bocas del Polochic como aliados, dice el documento de CGN-Pronico titulado “participación comunitaria” de 2019. El dinero logró que algunos pescadores terminaran participando en videos promocionales de la mina en redes sociales agradeciendo las ayudas recibidas para mejorar la pesca.
En otras ocasiones la estrategia fue menos amistosa, como en el caso de Las Nubes, una comunidad que se negó a ser realojada alegando lazos ancestrales con la tierra. La respuesta de la mina en febrero de 2020 fue la puesta en marcha de un “plan de trabajo” destinado a lograr el reasentamiento con una estrategia que proponía despedir a trabajadores que se negaran a entregar sus tierras o contaminar los cultivos de cardamomo con químicos. En otro documento del mismo mes, las ideas para desplazar a los residentes de Las Nubes eran aún más radicales y consistían en difundir rumores de una epidemia de sida entre los líderes comunitarios, provocar incendios, destruir los cultivos de cardamomo con químicos o propagar el rumor de que un mediador recibió su casa como soborno. Los autores del informe señalan los “pros” y los “contras” de cada estrategia. En el apartado sobre los aspectos positivos de incendiar los cultivos señalan “la destrucción de sus métodos de subsistencia”. En el apartado desventajas incluían el peligro de contratar delincuentes y que puedan ser descubiertos por ello. La estrategia predominante se resume en una frase varias veces repetida: “Pago de un soborno”. A la pregunta ¿había planes de representantes de la compañía para difundir rumores sobre líderes comunitarios que tenían VIH / SIDA. ¿Se implementaron esos planes?, la minera respondió “Esa información no corresponde a la realidad”.
La alfombra mágica
En junio de 2020, el presidente Giammattei, en el poder desde hace dos años, recibió una carta del gerente general de CGN-Pronico, Sergey Nosachev, en la que pedía “apoyo para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”. Un mes después, Giammattei respondió contundentemente a la solicitud declarando el estado de sitio en el departamento de Izabal. Acto seguido, el presidente de Guatemala, movilizó a cientos de militares a El Estor para frenar los “actos violentos” contra la policía “instigados por grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal”, señaló el decreto oficial. Durante aquellos días policías, personal de inteligencia y miembros del Ministerio Público registraron las casas de los líderes Q’eqchi’ que encabezaron la protesta pacífica y de periodistas comunitarios que cubrieron aquellos sucesos y a los que la mina llevaba años incluyendo en sus listas como “adversarios” del proyecto.
¿De dónde viene tanta diligencia?. Las sospechas de los vínculos entre el presidente Giammattei y los empresarios rusos del metal comenzaron con una denuncia del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, publicada en el The New York Times. El 23 de junio su oficina (FECI) abrió una investigación tras la denuncia de un testigo que presentó indicios de que un grupo de ciudadanos rusos y kazajos relacionados con la empresa Mayaníquel entregó una alfombra llena de billetes a Giammattei para su campaña que la prensa bautizó como ‘la alfombra mágica’. Segun el testigo una delegación de tres empresarios rusos y un kazajo asociados a Mayaníquel llegaron a Guatemala el 26 de abril de 2021 en un avión privado desde de Bruselas. Tres días después, según el testigo que habló con los fiscales, los extranjeros visitaron a Giammattei a quien entregaron “una alfombra que estaba envuelta como regalo con un listón color rojo que lo amarraba. Al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”, confesó. Un mes después de aquella supuesta entrega, el 28 de mayo de 2021, Mayaníquel obtuvo una nueva licencia la explotación de níquel y otros metales en el sur de Izabal. La empresa había solicitado esa licencia 11 años antes pero el permiso llegó solo después de la visita de la delegación rusa. “Fue aquel expediente”, dice Sandoval desde una vivienda de Washington, a donde ha tenido que exiliarse, lo motivó que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo destituyera del puesto un mes después. Una alfombra, el exilio masivo de jueces y fiscales y las imponentes chimeneas de Solway en la reserva de la biosfera forman parte de un escándalo con muchas piezas en común que en Guatemala se conoce como: la trama rusa.
El implacable juez Arteaga
La habilidad del dinero de la minería es que ha logrado calar en todos los niveles sociales y políticos. Policías, líderes mayas o ministros se han visto beneficiados por los millones rusos. De la cascada no ha quedado fuera ni al juez que recibe todas las causas judiciales de El Estor, el implacable Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Izabal. El nombre de Arteaga apareció por primera vez en los periódicos del país cuando hace algunos años detuvieron a dos narcotraficantes mexicanos junto a una avioneta recién estrellada en la que había un millón de dólares. El juez consideró que no había riesgo de fuga si dejaba que siguieran su proceso judicial en libertad y, por su puesto, nunca más se volvió a saber de ellos ni de un pellizco importante del millón de dólares.
En una pequeña habitación del tribunal con el aire acondicionado a tope, Arteaga golpea los anillos contra la mesa mientas manda guardar silencio y amenaza con desalojar su juzgado. En mayo de 2019, durante la vista previa del juicio contra varios pescadores el juez se mostró implacable con los indígenas a quienes acusaba de delitos como intento de homicidio, secuestro o instigación a delinquir, el mismo delito que atribuye al periodista Carlos Choc que cubría la protesta. Durante la vista, el juez rechazó una entrevista con EL PAÍS sobre su persecución hacia todos aquellos señalados por la mina. Más de dos años después, entre los documentos revisados, se encontró un correo electrónico con el asunto “URGENTE”, donde los responsables de CGN-Pronico adjudican los regalos de Navidad entre personajes clave y uno de ellos fue para Artega. En la respuesta recibida, la mina justificó los regalos diciendo que “es una práctica habitual en Guatemala enviar canastas navideñas a los amigos con los que se ha interactuado durante el año que concluye”, pero negó haber entregado ninguna al juez: “Las canastas navideñas sólo se regalan a las personas cuando no está prohibido por la ley. Por ejemplo, las canastas navideñas no se regalan a los jueces”.
En su última entrevista con EL PAÍS, Choc deja la conversación a medias porque tiene que salir corriendo hacia al autobús. Le quedan 12 horas de viaje hasta Puerto Barrios donde mañana tiene que presentarse a firmar. Mañana, como todos los días 22, la justicia le recuerda que el culpable de todo lo anterior es él.
Texto original: Jacobo García, El País
Foto: Prensa comunitaria
